La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretó, este jueves, una serie de medidas tras la audiencia de las medidas cautelares sobre el área de influencia de Hidroituango, en la que se compartieron los resultados del informe pericial sobre las posibilidades de hallar y recuperar cuerpos de personas dadas por desaparecidas en zonas adyacentes al megaproyecto hidroeléctrico.
La primera medida que ordenó la JEP, según explicó el magistrado Gustavo Salazar, es compulsar copias a la Fiscalía y la Procuraduría del informe presentado por el Instituto de Medicina Legal, en el que se “reportan los hallazgos de muerte violenta que ya se determinaron en el proceso de identificación de los cuerpos recuperados en el marco de las medidas cautelares” y que se encontraban en el laboratorio de osteología de la Universidad de Antioquia.
El fin es que la Fiscalía y la Procuraduría determinen, según sus competencias, si existieron irregularidades en la custodia y tratamiento de los cuerpos, tal como lo advirtió Medicina Legal, y si estas representarían delitos o faltas disciplinarias de parte de quienes intervinieron en los procesos de recuperación e intervención forense de dichos cuerpos, que corresponden a personas no identificadas.
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La JEP también le solicitó a la Procuraduría que, en el término de 10 días, informe sobre los avances del proceso disciplinario adelantado a partir de lo decretado en el auto AT-039 de 2022, con el que el Alto Tribunal compulsó copias de los informes presentados por su Unidad de Investigación y Acusación.
El Ministerio Público, conforme a sus competencias, debe determinar si el manejo de los restos osteológicos que fueron trasladados del Cementerio Universal de Medellín y del cementerio Orobajo (Norte antioqueño) a la Universidad de Antioquia implicó o implicaría “una posible comisión de faltas disciplinarias por parte de la señora Timisay Monsalve y de los demás servidores públicos o particulares que, cumpliendo alguna función pública de manera permanente o transitoria en esta universidad, tuvieron responsabilidad por estos asuntos”.
Durante la audiencia de este jueves, Équitas Colombia, centro forense independiente, presentó un informe sobre este caso, cuya conclusión fue que, desde el punto de vista técnico, es viable intervenir algunos lugares sumergidos en el agua, porque tienen alto potencial forense. Durante su trabajo de análisis de información obtenida desde diversas fuentes, la entidad construyó un listado de 131 personas dadas por desaparecidas en los seis municipios ribereños acogidos por las medidas cautelares; por lo menos 80 de ellas siguen desaparecidas.
Asimismo, Équitas identificó 282 sitios de disposición de cuerpos asociados a contextos subacuáticos, ubicados en Valdivia, Sabanalarga, Ituango, Toledo, Peque y Briceño. Sobre estos falta mayor información para determinar la viabilidad de hacer intervenciones.
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Por su lado, explicaron que hay tres lugares que cumplen con las condiciones mínimas para adelantar ejercicios de prospección que podrían desembocar en el hallazgo de cuerpos de personas desaparecidas. Estos son los sectores de Orobajo, Pescadero y Barbacoas, según Luz Adriana Pérez, coordinadora del área de Investigación Científica y Formación de Équitas.
