En Antioquia, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) administra 3.829 bienes inmuebles embargados a narcotraficantes, mafias mineras, desfalcadores y demás delincuentes que trataron de lavar sus fortunas con ellos.
Entre las propiedades hay 775 apartamentos, 528 lotes, 458 fincas y hasta una isla. El 65,94% de ellos están en el Aburrá, el 8,28% en Urabá y el 7,81% en el Suroeste, por citar las subregiones con el mayor inventario. Para evitar que a estos bienes se los coma el olvido, la entidad tiene planes en el departamento, buscando sacarles productividad económica y social. Al respecto, EL COLOMBIANO conversó con Alejandro Henao, gerente Regional de Occidente de la SAE.
¿A qué se refiere con darles productividad social a esos bienes?
“Estamos en mesas de trabajo con la Gobernación, identificando bienes para distintos programas, entre ellos el de vivienda de interés social (VIS). Estamos en la depuración del inventario para ver cuáles sirven, si ya están extintos o no y si cumplen con las normas. Si el bien ya está extinto, la SAE se lo entrega a la Gobernación para el desarrollo del programa VIS, o también de medioambiente. El Magdalena Medio y Bajo Cauca han sido aporreados por la minería y queremos reforestarlos, no solo plantando árboles, sino con programas sociales para la recuperación de esos territorios. Es fácil ir a la zona y ver un inmueble de la SAE en el que antes funcionaba una actividad minera ilícita”.
¿Cuándo arrancarían?
“Ya tenemos un caso en Medellín, le entregamos al alcalde Daniel Quintero un lote donde funcionaba la escuela de Policía Carlos Holguín. Tiene siete hectáreas, en las que se van a construir 3.000 viviendas. El avalúo está en $67.000 millones y se entregó a título gratuito, para que el Municipio formule su proyecto de vivienda. Algo parecido esperamos hacer con la Gobernación”.
¿Y lo de reforestación?
“A través de la Secretaría del Medio Ambiente y la Reforestadora de Antioquia, formularemos un proyecto en el cual nosotros aportamos el lote, ellos disponen los recursos y nos vamos a reforestar el 100% del lote. Y no solo es la siembra, sino que se piense en unos parques ambientales alrededor de estos, para que las comunidades puedan aprovechar esos espacios. Vamos a iniciar un pilotaje en Caucasia, con el predio La Samaria, en la vereda Margento, con área de 6.232.000 m2. Ahí las organizaciones delincuenciales de la zona hacían minería ilegal”.
La SAE presentó otro proyecto este año en Envigado, ¿de qué se trata?
“Las Casas de la Mujer Empoderada son un programa de la Vicepresidencia, al que nos unimos con los alcaldes. La SAE pone el lote, y entre el Municipio y la Vicepresidencia organizan la dotación con ludoteca, computadores y zona de capacitación. Ya hicimos la primera entrega en el barrio El Portal hace cuatro meses, y seguimos buscando espacios para San Jerónimo, Bello, Fredonia, Cáceres, Ituango, Betulia, El Carmen de Viboral, Frontino, Guatapé, Guarne y Sonsón. En el caso de Envigado entregamos una casa que está en proceso de extinción, producto de una investigación que adelantó la Fiscalía por un tema de desfalco a la Dian”.
¿Y qué pasa si al final del proceso se cae la tesis de la Fiscalía y la casa es devuelta a su dueño original?
“Fuimos claros con la Alcaldía en que simplemente buscaríamos otro espacio y trasladamos la infraestructura. Los alcaldes lo entienden”.
¿Esas casas son distintas a los hogares de protección?
“Sí. Cuando las mujeres son violentadas siempre requieren un hogar de paso, toda vez que no pueden volver a sus casas porque allí está la persona que les vulneró los derechos. Estamos inventariando nueve hogares de protección, uno por cada subregión. Con la Gerencia Indígena también tenemos un programa bonito, vamos a buscarles predios para que los indígenas que vengan de los resguardos a estudiar a las ciudades tengan dónde quedarse. La idea es mostrar resultados al final del año”.
Además de Medellín y Envigado, ¿qué otros municipios han recibido bienes?
“A Cisneros le entregamos dos fincas para resguardar a pacientes de covid-19. Otras entidades tienen vehículos administrados por la SAE, como la Personería de Copacabana, y estamos terminando de hacer destinaciones de parque automotor para las alcaldías de San Jerónimo, Ituango, Frontino y Fredonia. La idea es evitar que estos bienes se guarden sino que sean vendidos o destinados a entes territoriales”.
Se han denunciado estafas en los remates. ¿La SAE interviene esas diligencias?
“La SAE no necesita ningún intermediario y, por eso, invitamos a las personas a que consulten la página web. Todas las ventas la SAE las hace a través de dos plataformas: la comercializadora pública del Estado, que es Central de Inversiones S.A. (Cisa), para inmuebles; y el martillo del Banco Popular, para carros, motos, aviones, barcos o metales preciosos, que se someten a subasta pública y virtual. Entonces, es falso cuando le dicen a la gente ‘venga que yo tengo quién le venda un bien de la SAE’”.
¿Es cierto que la SAE vende o arrienda más barato?
“No dejan de ser mitos, nos pasa mucho que viene una persona a preguntar por un bien para arrendamiento y pide menos, que porque ya está estigmatizado. El hecho de que los bienes sean producto de actividades ilegales no implica que tengan que ser más baratos. Tienen avalúos y estimados de renta que son acordes a la realidad comercial. Hay descuentos del 20% en los cánones de arrendamiento y compra de inmuebles hasta diciembre, como un alivio por la pandemia”
