28.3%
fueron las pérdidas de Afinia en diciembre de 2021. Aumentaron frente a 2020.
A finales de septiembre de 2020, en uno de los momentos más crudos de la pandemia en Colombia, el presidente Iván Duque dio una noticia que llenó de esperanza a los habitantes de la Costa Atlántica. Anunció que EPM asumiría el servicio de energía eléctrica, en remplazo de Electricaribe. Muchos tal vez pensaron que se les había hecho el milagro y confiaban en que después de 50 años de ‘apagones’ y de pesadillas con la energía podrían ahora disfrutar de un servicio de calidad con el sello de EPM.
Lamentablemente, un año y ocho meses después, Afinia —la filial del Grupo EPM en Bolívar, Córdoba, César, Sucre y 11 municipios de Magdalena— no ha cumplido lo prometido y si no endereza el camino puede terminar siendo igual o peor que su antecesora.
Por ahora, en vez de mejorar ha empeorado. En diciembre de 2020, por ejemplo, las pérdidas de energía de Afinia estaban en 27,2% y aumentaron a 28,3% en diciembre. Eso es grave no solo por la falta de gestión que muestra, sino porque implica que va a perder de entrada 75.000 millones de pesos este año. Por eso, desde mayo, Afinia no puede hacer uso de la gabela que le había dado el gobierno de incluir un sobrecosto en la tarifa a los usuarios hasta completar los mencionados 75.000 millones de pesos si reducía pérdidas.
Eso sin mencionar que esos punto que aumentaron las pérdidas de energía en 2021 se traducen en que entran 66.000 millones menos por concepto de pago de tarifa. Es decir, en total, una pérdida monetaria superior a los 140.000 millones de pesos.
El comienzo de la historia
Cuando Duque llegó al poder recibió un enorme chicharrón: Electricaribe. Su antecesor, Juan Manuel Santos, había decidido, a nombre del Estado, tomar posesión de la empresa que distribuía la energía en los siete departamentos del Caribe y atendía a cerca de 2,5 millones de clientes.
Santos se dio cuenta de que a los españoles de Gas Natural Fenosa les había quedado grande prestar el servicio de energía y en cualquier momento podría llegar el “apagón” para 10 millones de colombianos. La firma no invertía en infraestructura con la excusa de que la gente no pagaba. Y la gente decía que no pagaba porque no era bueno el servicio. Las protestas callejeras se estaban poniendo cada vez más ásperas.
En noviembre de 2016, la empresa ibérica se libró de ese “chicharrón” y el Estado colombiano se quedó con él. Duque buscó a quién encargárselo, el Gobierno hizo más de 70 encuentros en todo el mundo promocionando la venta y al final no parecía haber mayor interés.
Multinacionales como Celsia y Enel dijeron que “no, gracias”, que no les daban las cuentas. Al final, a Electricaribe la partieron en dos y una de las mitades la asumió EPM. Hay que decir que a EPM sí le cerraba el negocio porque si bien le implicaba un enorme esfuerzo de transformación, tenían la tranquilidad de que con su músculo podía sacar adelante a Afinia.
El alcalde Daniel Quintero no perdió la oportunidad para sacarle jugo a la transacción. El 4 de septiembre de 2020, y cuando ya todo estaba prácticamente listo con el Gobierno Nacional, sorprendió con una rueda de prensa para decir que de pronto EPM no se le medía: “Aún la compañía está evaluando si efectúa la operación de Electricaribe”, dijo.
No habían pasado dos semanas y todo quedó claro: el 16 de septiembre, el Gobierno Nacional también sorprendió anunciando un Conpes que garantizaba la financiación del Metro de la 80 (la Nación se comprometía a poner 2,7 billones de los 3,4 billones de pesos que cuesta). Una obra sobre la que poco se había hablado. Y como consecuencia, apenas dos días después, el 18 de septiembre, el diario La República publicó que ya el Gobierno tenía firme el compromiso de EPM para operar Afinia.
¿El Gobierno aprobó el Conpes del Metro a cambio de que EPM asumiera la operación de Afinia? Eso es lo que aseguran algunas personas que estuvieron cerca del proceso. Más allá de las maniobras de lado y lado, que pueden ser cuestionables, en teoría era un gana gana: el gobierno nacional lograba conseguir un buen operador para surtir la energía a más de la mitad de la Costa Caribe. Y el alcalde Quintero tenía algo importante para mostrar en su gestión.
¿Por qué no ha funcionado?
¿Pero cómo llegó Afinia, la filial del grupo empresarial de servicios públicos más poderoso del país, a estar contra las cuerdas?
Al principio todo arrancó muy bien. En el mismo septiembre en el que se cerró el pacto entre el gobierno nacional y Quintero, el 28 de ese mes, nombran a Blanca Liliana Ruiz como gerente de Afinia. Ella tenía el ADN de EPM, había trabajado en la empresa durante los últimos 25 años y era una gran apuesta para cumplirles la promesa a los usuarios de la Costa.
Y en efecto, con su gestión mejoró los indicadores. La Superintendencia de Servicios Públicos lo registró así, en el primer trimestre de 2021: “Afinia presenta un cumplimiento de metas del 94%. La obras e inversiones realizadas por la empresa entre enero y marzo de 2021 mejoraron la prestación del servicio a más de 800.000 usuarios en cuatro departamentos. En sus primeros seis meses de operaciones Afinia invirtió $142.488 millones en los cuatro departamentos donde opera”.
Pero sorpresivamente, a pesar de su buena gestión, a Ruiz la sacaron en agosto de 2021, antes de cumplir siquiera un año. El porqué es un capítulo con tintes escandalosos. Las autoridades tendrían que entrar a investigar si lo que dicen conocedores de los intríngulis del sector eléctrico es cierto.
El saliente gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, ha dicho que el alcalde Quintero lo presionó mucho para separarla del cargo. En círculos ligados a la política y la contratación se dice como un secreto a voces que por la “franquicia” para manejar la contratación de la filial de EPM en la Costa habrían pagado “cinco millones de dólares en ganado, tierras y otros bienes a través de testaferros”. Pero será tarea de las autoridades determinar qué tan cierta es esa afirmación.
Lo cierto es que finalmente sacaron a Blanca Liliana Ruiz en agosto de 2021 y nombraron como gerente a Javier Lastra Fuscaldo, un personaje altamente polémico, entre otras cosas porque el Consejo de Estado le quitó su investidura como concejal de Bogotá en 2009 porque era al tiempo concejal y liquidador de Adpostal.
Se armó un gran debate sobre si eso lo inhabilitaba o no para ser gerente de Afinia. Algunos como el diputado Luis Peláez demostraron que según la ley (489 de 1998 y 734 de 2002) alguien que ha perdido su investidura no puede ser gerente de empresa pública. Sin embargo, con el argumento de que estaba inhabilitado solo para cargos de elección popular, desde la Alcaldía de Medellín lo atornillaron en el puesto.
Este medio pudo constatar que en el gobierno nacional el nombre de Lastra no tenía buen recibo. De hecho, lo habían sacado como interventor de Electricaribe, en medio de investigaciones abiertas en la Contraloría en su contra. Sin embargo, el alcalde Quintero, quien como presidente de la junta de EPM era jefe del nominador de Lastra en Afinia, lo defendió contra viento y marea y finalmente el nombramiento se produjo el 10 de agosto de 2021.
Más allá del detalle legal, no deja de ser cuestionable haber elegido a una persona como Lastra, que ha recibido una sanción tan grave y que ha estado salpicado en investigaciones, para manejar cerca de 8 billones de pesos en inversión y sobre todo el futuro de la energía de 6 millones de colombianos.
El efecto Lastra
El efecto Lastra se sintió rápidamente en Afinia. En los informes y actas, se observa un descenso en el cumplimiento de los indicadores, de 94% en el primer trimestre de 2021, a 74% en junio de ese mismo año —no cumplió en los indicadores de gestión de pérdidas y trabajo con los barrios subnormales— y se mantuvo en 75% hasta finales del año pasado.
Lo más preocupante es que el impulso que había tomado la compañía con Blanca Liliana Ruiz se frenó en seco con Lastra. El gobierno nacional hizo un enorme esfuerzo para crear condiciones e incentivos para que el negocio fuera atractivo. Y ese era el compromiso de Afinia. No obstante desde que llegó Lastra se le ha oído decir en diferentes espacios: “eso no lo cumple nadie”.
Ruiz, según especialistas y autoridades del sector, en los escasos diez meses que alcanzó a estar, les puso tatequieto a los llamados “contratos integrales” en los cuales un contratista hacía de todo y no solo no era eficaz sino que se convertía en un foco de corrupción. Justo cuando se habían aprobado nuevos procesos de contratación, con objetos separados, Lastra los frenó. Y curiosamente hizo a un lado el apoyo que EPM venía dando a Afinia en materia de cadena de suministros.
La débil gestión es tan dramática que con respecto al programa de disminución de pérdidas, el último informe de seguimiento señala que de los $47.538 millones que Afinia debía ejecutar hasta el primer trimestre de este año, solo lleva $8.041 millones, es decir, apenas un 17%, y un último informe que está por salir no difiere mucho en la cuantía de ese logro.
El tema de los retrasos en la ejecución encendió las alarmas de la Superintendencia de Servicios Públicos. Esta le exigió a Lastra un plan de choque y activó a finales de febrero pasado el comité de seguimiento especial establecido por el Conpes 3966 de 2019 para casos extremos que tuvieran que ver con desviaciones del plan de emergencia, con participación adicional del Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Para ese momento un asunto neurálgico era la gestión de pérdidas, pues la empresa había incumplido con 3 de los 4 indicadores en ese campo.
Lastra y su junta han sacado excusas como la oposición de varias comunidades a instalar medidores y otras infraestructuras para mejorar el cobro, así como las dificultades para conseguir en la región mano de obra calificada. No obstante, no presentaba alternativas para superar esos problemas.
El 4 de abril mostró un plan, pero no tenía indicadores y metas concretas. De nuevo el organismo se reunió el 9 de mayo y, sin embargo, a la fecha las acciones siguen sin convencer a los organismos de vigilancia energética.
Las esperanzas de Lastra están puestas, según ha expresado en escenarios directivos y de control, en alrededor de mil personas que está capacitando el Sena en cuanto a habilidades y competencias específicas que se necesitan, por ejemplo, para la instalación de contadores inteligentes.
“Ellos dicen que van a cumplir, pero vemos una senda muy apretada, porque no se ven avances graduales y esperan hacer en un año lo que no han podido en tres”, le dijo una autoridad del sector energético a este diario.
Suenan las alarmas
Como si fuera poco, los problemas de Afinia no parecen ser solo de gestión. EL COLOMBIANO conoció una carta en la que un veedor de Cartagena le da a conocer al presidente de la junta directiva de Afinia, Daniel Arango Ángel, un testimonio según el cual habría una mafia que pretende direccionar la contratación de las grandes obras en Afinia —en 2022 serían más de un billón de pesos y $4,8 billones hasta 2025— entre 5 o 6 firmas que a su vez serían las encargadas de subcontratar.
Testimonios complementarios detallan una reunión que se habría dado el martes de Semana Santa, en la cual les pidieron a los asistentes el pago previo de 1.500 millones de pesos para hacer parte del “selecto” grupo de contratistas, esto sin contar con las coimas que se generarían por los contratos concretos. “Haciendo fácil las matemáticas, por cabeza se tendría que aportar 300 millones de pesos para tener derecho a la invitación de parte de los directivos de Afinia”, dijo el veedor en su denuncia.
La reunión se dio en la finca de un poderoso contratista cartagenero ubicada por la Vía de la Cordialidad que une a Cartagena con Barranquilla. “El hijo del dueño de la hacienda fue el que dirigió la reunión”.
Esa no es la única denuncia. Un alto ejecutivo de una empresa contratista del sector energético le dijo a este diario que en Afinia están haciendo carrera declarar concursos desiertos sin explicar por qué. Se refiere a que pararon en seco algunos de los nuevos contratos que había dejado listos la gerente Ruiz y, contra toda lógica de eficiencia y renovación, han decidido ampliar algunos de los llamados “contratos integrales” que venían incluso de la época de Electricaribe.
Varias fuentes le mencionaron a EL COLOMBIANO una oficina vecina a Afinia, en el sector de Chambacú, de Cartagena, desde donde se estaría coordinando toda la parte contractual fraudulenta. “De Afinia los llaman a la oficina o los saca a dar una vuelta en el carro, les quitan el teléfono y les piden una comisión del 10%”, explican las fuentes.
Por otra parte, el sindicato de industria Sintraelecol ha promovido plantones para denunciar cómo Lastra desmontó el área de recursos humanos de Afinia y le entregó la gestión de talento a los abogados del bufete de Charles Chapman, un antiguo aliado de Lastra en la liquidación de Electricaribe. Junto con el propio Chapman, se habrían contratado alrededor de cinco asesores externos con salarios cercanos a 20 millones de pesos mensuales y vehículos asignados de manera exclusiva. Sobre este último punto, la Veeduría Todos Por Medellín le preguntó a Lastra a través de derechos de petición, pero este evadió las respuestas aduciendo que se trata de información reservada “en razón de que puede afectar los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como la información reservada y estratégica que reposa en los papeles del comerciante”.
Por todos los ruidos de corrupción alrededor de Afinia, el alcalde de Cartagena, William Dau se ha negado a tener cualquier relación con Lastra, lo que ha obligado al propio gerente de la casa matriz (EPM), Jorge Carrillo, a viajar a la Heroica para asumir de manera personal los contactos políticos de alto nivel. Además, EL COLOMBIANO conoció que en uno de esos encuentros Dau le recriminó a Carrillo por la presencia del cuestionado exliquidador de Electricaribe en la empresa y le entregó una carpeta con información relacionada con sus antecedentes en el sector.
Lo extraño es que el veedor que hizo la denuncia de supuesta corrupción en el manejo de contratos nunca recibió una respuesta de Arango ni de la junta, un organismo que por demás está conformado en su mayoría por reconocidas fichas del alcalde Quintero y que por eso mismo tendría contacto muy directo con él.
Arango, por ejemplo, fue posesionado como vicepresidente de Gestión de Negocios Ejecutivos de EPM a los pocos días de que la actual administración ocupara La Alpujarra. Se trata de un pereirano, al que el alcalde Quintero conoció en el ministerio de las Tic.
La bogotana Martha Lucía Durán Ortiz, vicepresidenta Ejecutiva de Finanzas e Inversiones de EPM desde mayo de 2021, y Andrés Moreno, vicepresidente de Transmisión y Distribución de Energía en la misma entidad desde septiembre de 2021, serían igualmente fichas del alcalde de Medellín.
También estuvo hasta marzo en ese organismo el vicepresidente de Nuevos Negocios, Innovación y Tecnología de EPM, Darío Amar, hermano de un hombre que le habla al oído a Quintero y que se vio salpicado en el escándalo por una empresa de perfilamiento de quienes cuestionan a Quintero en las redes sociales: César Amar.
“Los trabajadores y la organización sindical le estamos haciendo un seguimiento a esto, y de acuerdo a como está siendo administrada Afinia, estamos propensos a que a partir del 31 de diciembre de 2025 haya una nueva intervención, porque inmediatamente esta regulación que les permite a ellos (Afinia) trasladar las pérdidas a los usuarios deje de regir, no va a haber gestión de la empresa”, vaticinó el representante legal de Sintraelecol, Heriberto Avendaño.
El lastre de Lastra
Javier Lastra fue elegido como concejal de Bogotá para el periodo 2008-20011, el mismo en que estuvo como alcalde Samuel Moreno y en que se produjo el escándalo del carrusel de la contratación; sin embargo, en 2009, el Consejo de Estado le quitó la investidura y lo inhabilitó de por vida para ocupar cargos de elección popular como concejal o diputado. Luego la Corte Constitucional ratificó lo dicho en el fallo del alto tribunal administrativo.
En opinión de algunos expertos, esa sería una causal para que no se hubiera podido posicionar como gerente de Afinia, pues la ley 489 de 1998 define esta como un impedimento para la posesión de los gerentes y directivos de empresas públicas o mixtas en las que el 90% o más de la propiedad sea estatal.
Su paso como primer liquidador de Electricaribe también fue cuestionado. De hecho, la Contraloría General de la República lo indagó por haber suscrito cuatro contratos por un valor superior a $50.000 millones de pesos con plazos de ejecución de cinco años. El problema era que la firma contratante estaba en liquidación. Además, dos de los contratos de Afinia para asesoría, que comprometían recursos por $2.926 millones, fueron con Tetra Tech, una firma que tenía en común 25 socios con Gas Natural Fenosa, el conglomerado español que operaba Electricaribe antes de ser intervenida por el Gobierno en 2017.
Ahora, Afinia tiene además una denuncia en la Superintendencia de Industria y Comercio por presunta posición dominante en el mercado. Quien instauró la queja argumenta que las condiciones contractuales bajo las cuales el Gobierno Nacional le entregó la operación de la energía eléctrica en la mitad de la Costa le dan privilegios especiales que evitan que otras empresas ingresen a ese mercado.
Si tiene más información de este tema, o de otros que impliquen corrupción, escríbanos a investigaciones@elcolombiano.com.co
