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El país enfrenta un doloroso problema que como el sol no se puede tapar con un dedo, la mayoría de los colombianos en edad de jubilarse no logran una pensión: solo uno de cada cuatro mayores de 60 años accede a la deseada mesada.
Eso quiere decir que de 6,8 millones de personas mayores de 60 años, 5,1 millones no reciben pensión. Y de ellos, 1,8 millones están en pobreza monetaria, es decir, no tienen ingresos suficientes para la canasta básica de sobrevivencia. Detrás de cada uno de esos números hay una persona vulnerable que, sin duda alguna, necesita la mano del Estado. En eso todos estamos de acuerdo. La gran pregunta es si la reforma pensional que se tramita en el Congreso soluciona, o al menos atenúa, esa lamentable situación. Y la respuesta es: hay cosas buenas pero todavía falta.
Vamos por partes. Se ha dicho que la reforma pensional servirá para darles una mesada de 223.000 pesos a los adultos mayores que no la tienen. Hay que aclarar que no es una pensión sino un subsidio como el que hoy, y desde hace décadas, se otorga por Colombia Mayor. El presidente Gustavo Petro ha propuesto ampliarlo pero no ha podido porque la plata no alcanza. Por eso, la idea con la reforma es que, en la medida en que Colpensiones reciba un monto significativamente mayor de recursos de los cotizantes con ellos podrá pagar las costosas mesadas de hoy, de tal manera que no tendrá que pellizcar de otros rubros del Presupuesto de la Nación y con este último se podrán pagar esos subsidios para los que hoy no alcanza la plata. En teoría suena bien, y sería un gran logro de Petro si se aplica de esa manera. El temor corre por cuenta del manejo que se le dé a esta enorme bolsa de subsidios en Colpensiones que no ha estado exenta de escándalos en los últimos tiempos.
En segundo lugar, se abona el hecho de que el Senado haya rebajado de 3 a 2,3 salarios mínimos el umbral para que todos los colombianos pasen a cotizar en el régimen de prima media en Colpensiones. Sin embargo, con ese porcentaje no solo no se desactiva la bomba pensional de la que tanto se habla, sino que se podría agravar: el sistema tal como está hoy, según el Ministerio de Hacienda, produce un déficit de pasivo pensional de $1.350 billones (84% del Producto Interno Bruto). Si se llega a aprobar la reforma, subiría a $2.029 billones (126% del PIB). En plata blanca, según el Gobierno, el cálculo del valor presente neto del costo fiscal al año 2100 aumentaría en 678 billones de pesos por cuenta de la reforma.
¿Es esa una solución? ¿Plantear un esquema que es menos sostenible que el que hoy tenemos?
La reforma tiene otra cosa muy buena y es que le quita el subsidio a todas las pensiones altas. Eso hay que mantenerlo y aplaudirlo. Pero con ese mismo criterio no se entiende por qué entonces se le va a dar subsidio sobre los 2,3 primeros salarios mínimos a todo el mundo. Es decir, la persona que cotiza por 25 salarios mínimos también recibirá ese subsidio. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué no dar subsidios enfocados a los que más lo necesitan y no seguir aumentando la bomba pensional regalándoles plata a quienes no lo necesitan?
Si a eso le sumamos que por orden de la Corte Constitucional se rebajaron las semanas de cotización a las mujeres de 1.300 a 1.000, y que ahora la reforma les rebajará 50 semanas más por cada hijo –decisión a la que con razón se opuso la Ministra de Trabajo– el sistema se hace aún más difícil de sostener.
Y como si fuera poco, no se toca para nada en la reforma la edad de jubilación. Colombia es uno de los tres países del mundo con edad de pensión más temprana. No solo la esperanza de vida es mucho más larga hoy –con lo cual el Estado tiene que sostener mucho más tiempo a los pensionados– sino que la pirámide poblacional se adelgazó y serán muchos menos los que tendrán que sostener por más tiempo a los cada vez más longevos jubilados.
Una invitación al Congreso y al Gobierno para que reflexionen sobre cómo hacer o cómo ajustar la reforma pensional para que de verdad sea mejor para todos.
Primero, cualquier discusión debe abordar la informalidad: más de la mitad de la gente que trabaja no cotiza seguridad social. Cualquier debate pensional debe abordar cómo incentivar la creación de empleos formales.
Segundo, la prioridad del gobierno parece centrarse en “quién controla la plata”. El proyecto dice que entrará en vigencia en 2025, eso significa que el próximo año, y de un día para otro, le entrarán ya no a los fondos privados de pensiones sino a Colpensiones los billones de pesos mensuales de cotización de los afiliados. ¿Qué va a hacer el gobierno con ellos? Lo mejor sería que el arranque de la vigencia sea en 2026, de tal manera que no haya suspicacias sobre un posible uso populista o electoral de esos recursos.
Y el problema de fondo, para que mejore la reforma actual, es que se reduzca el umbral a un salario mínimo. Esto no va en detrimento de incluir un subsidio a la vejez, una medida de protección urgente, pero sí resolvería muchos de los problemas relacionados con la sostenibilidad y el gasto mal enfocado del sistema, al mismo tiempo que se conservaría gran parte de la capacidad de generación de ahorro de las AFP.
La deficiencia del sistema actual no debería llevar al país a adoptar cualquier solución disponible, especialmente cuando no aborda los problemas estructurales del sistema.