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Se ha armado tremenda garrotera por la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) que ya está a punto de ser aprobada en el Congreso: el país apenas ahora se da cuenta de que le faltan solo dos de ocho debates, como quien dice estaba pasando de agache.
Lo que quieren con la reforma es cambiar el monto de recursos que mandan desde Bogotá para que las regiones los utilicen sobre todo en educación, salud, y asuntos como agua potable y alcantarillado. A primera vista se puede estar de acuerdo con esa reforma si su interés es que las regiones tengan más recursos para invertirlos en temas sociales y el Estado gaste menos en burocracia del gobierno central. Desde las regiones se ve como un paso que abre camino hacia la descentralización que prometió la Constitución de 1991.
Sin embargo, la propuesta les puso los pelos de punta a casi todos los exministros de Hacienda, tanto que escribieron una carta abierta en la que rogaron al Congreso hundir la iniciativa.
¿Qué es lo que cambia? Hasta ahora, de toda la torta de los ingresos corrientes de la Nación (impuestos y otros rubros), el gobierno nacional les transfiere a los municipios y departamentos el 23% para que con eso ellos paguen el salario de los maestros y la salud del régimen subsidiado y de los que no están asegurados. La reforma quiere entonces aumentar la tajada de la torta para los municipios y departamentos al 46,5%, es decir, casi la mitad de los ingresos corrientes de la Nación.
Los expertos economistas que han ayudado a mantener medianamente saludables las finanzas del país prendieron las alarmas y dicen que si hoy no alcanzan los ingresos para costear los gastos inflexibles del Presupuesto –los que sí o sí se tienen que pagar–, si se llega a aprobar esta reforma el país no tendría cómo pagar esas obligaciones, tendría que incurrir en mayor deuda y cada año sería más insostenible.
En la carta, los 26 expertos que han manejado la economía del país explican que, por ejemplo, en el presupuesto proyectado de 2025, solo para pagar gastos inflexibles, el Estado tiene que destinar el 113% de los ingresos corrientes de la Nación. Es decir, no alcanza, y esos 13 puntos de diferencia los debe conseguir con deuda (poco más de 40 billones de pesos).
Los exministros reclaman que, más allá de las buenas intenciones que se tengan, las cuentas no dan y el país podría verse abocado a aumentar su deuda por encima del 71% del PIB y a un déficit superior al -10%, un combinado letal para la salud financiera del país.
Pero la lectura desde las regiones es otra. Desde aquí pensamos que este puede ser un buen principio para avanzar en la descentralización y ojalá esto nos lleve después a la autonomía fiscal. En una Colombia ideal, por supuesto ojalá el aumento de las trasferencias se acompañe del traslado de competencias a departamentos y municipios. De tal suerte que se pueda reducir el Estado Nación y así no se necesite incurrir en más deuda. La consigna tiene que ser adelgazar la grasa de la burocracia que se acumula desde Bogotá para que las regiones ganen más músculo de inversión.
El presidente Petro no tomó nota de la carta de los expertos economistas porque ayer mismo terció desde su cuenta de X y dijo que respalda la reforma con varias condiciones: una, que el aumento de recursos para las regiones se supedite a una nueva ley que les dé más responsabilidades a municipios y departamentos; otra, que esta reforma sirva para cerrar las brechas entre las regiones, y una más, que se privilegie a aquellas que están más excluidas.
Los congresistas y los ministros de Hacienda y del Interior del gobierno Petro acordaron sacar adelante la reforma. Decidieron que el aumento de las transferencias ya no será del 46,5% sino del 39,5%, que habrá una transición no de 10 sino de 12 años para que entre en marcha el proyecto, y que se dará prioridad al cierre de brechas entre las regiones y se presentará una ley de competencias en los próximos seis meses.
Es un profundo dilema del Estado. Desde aquí aplaudimos que se den pasos en favor de la descentralización que hace 33 años definió la Carta Política. Pero por otro lado nos preocupa que reformas sin planificación lleven al borde del abismo la salud financiera del país.
Si se aprueba la reforma ¿cómo hará Gustavo Petro para financiar el Presupuesto? Si su gobierno ha intentado hacer aprobar una nueva reforma tributaria de 12 billones de pesos y no ha podido, ¿qué hará para conseguir no solo esos 12 billones sino el faltante de 40 billones más para pagar los inflexibles?
¿Acaso se reducirá el tamaño del Estado? No parece, porque por el contrario el costo de la burocracia del Estado central ha aumentado en 20% con Petro. Y todas sus reformas van encaminadas a un Estado más grande y pesado. ¿Entonces? Solo le queda la opción de pagar con deuda ¿Cuánta deuda resiste el Estado y a qué costo tocaría adquirirla?
La idea es buena y bienintencionada. Hay que tener mucho cuidado porque buenas ideas, mal ejecutadas, pueden llevar a resultados no óptimos sino desastrosos.