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Un gobierno que ignora las denuncias de acoso o responde con tibieza a tales señalamientos pierde no solo la confianza pública, sino también la oportunidad de liderar un cambio cultural
Quienes creían que con la revolución del #MeToo, que comenzó en 2017 en Estados Unidos y luego sacudió al mundo, se había dado un verdadero cambio frente al acoso sexual, no contaban con que en Colombia, durante el gobierno de Gustavo Petro, ese grito de respeto y de dignidad de cientos de mujeres atropelladas no iba a pegar.
O más bien, se iba a quedar a medias. Las mujeres víctimas sí han sacado el valor para denunciar, pero el Estado no se ha puesto a la altura para imponer las sanciones que estas malas conductas exigen. El propio presidente Gustavo Petro con su indiferencia ante las denuncias ha frenado cualquier avance y parece devolver la lucha de las mujeres 40 años atrás.
En la época del #MeToo, mujeres de muchos países rompieron su silencio e hicieron públicos los abusos por parte de figuras del entretenimiento y la política. Y lo que hizo histórico ese estallido, es que a la justicia, a la hora de mandarlos a la cárcel, no le importó qué tanto poder tenían o qué tan famosos eran, como hizo con Harvey Weinstein, Bill Cosby y Kevin Spacey.
En Colombia, en cambio, en estos dos últimos años y medio hemos visto con sorpresa un fenómeno a la inversa: como nunca antes, en este gobierno, han sido denunciados funcionarios y parlamentarios, pero poco o nada les ha sucedido a los poderosos señalados por las mujeres de ser sus victimarios. Aún peor, mientras más denuncias tienen, y se suma más evidencia en su contra, más parecen ascender en el gobierno de Petro.
El caso de Armando Benedetti, por ejemplo. Laura Sarabia, hoy directora del Dapre y tal vez la persona en la que más confía el primer mandatario, acusó a Benedetti, ante la CIDH, por ejercer violencia política contra las mujeres. A pesar de ello, meses después el propio Petro lo nombró embajador ante la FAO. Y lo que es más grave aún, Benedetti en su condición de embajador fue denunciado por su pareja porque estando en España tomó un cuchillo y la amenazó cortándole la ropa. De esto ya pasaron 3 meses y medio y Petro no ha dicho nada.
Está también el caso de Hollman Morris, quien a pesar de tener cuatro denuncias formales en su contra fue nombrado por Petro en el canal público RTVC. Su exesposa, Patricia Casas, lo había acusado de violencia intrafamiliar y económica; la periodista Carolina Valencia lo denunció por acoso y maltrato laboral; María Antonia García, por acoso sexual, y Lina Castillo, también por acoso sexual y laboral, entre otras.
Sin embargo, desde cuando llegó al canal RTVC en 2023 y sobre todo después de que se posesionó como gerente en abril de este año, algunos de los casos extrañamente se voltearon a su favor. La Fiscalía, después de cinco años de silencio con respecto a la denuncia de Lina Castillo en contra de Morris, decidió sacarla de la gaveta y la voltea en contra de la víctima; y su exesposa hizo recientemente un video con el cual, si bien no lo exonera de culpa, habla del perdón y lo felicita por su nombramiento.
Parte de la explicación de por qué estarían dando ese giro los casos contra Morris, puede estar en un reportaje de Volcánicas, un proyecto editorial feminista, que muestra cómo quienes se atrevieron a denunciar a Morris han sentido intimidación y ataques. Incluso, figuras prominentes del petrismo, como Jennifer Pedraza, Ángela María Robledo y Juana Afanador que hicieron visibles las denuncias contra Morris se han declarado víctimas de una campaña de desprestigio.
El presidente Petro, tal vez necesitado de un activista radical que le maneje la máquina de propaganda en la que han convertido el canal público, prefiere hacerse el de la vista gorda. Sin embargo, no deja de ser paradójico que, el gobierno que más se echa flores con su discurso de la defensa de la vida sea el que peor ha gestionado el respeto a las mujeres.
Pero no son sólo Benedetti y Morris. La Corte Suprema le abrió investigación al también senador del Pacto Histórico Alex Flórez, por violencia intrafamiliar. Y a ellos se sumaron, la semana pasada las denuncias de acoso contra el presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Diego Cancino. Cómo será de grave lo que está ocurriendo, que hasta Margarita Rosa de Francisco, una destacada propagandista del gobierno, publicó ayer un video jalándole las orejas a Petro.
Un gobierno que ignora las denuncias de acoso o responde con tibieza a tales señalamientos pierde no solo la confianza pública, sino también la oportunidad de liderar un cambio cultural. En este caso, no es que el Gobierno “del cambio”, esté haciendo más de lo mismo, sino peor que lo mismo. Por lo visto hasta ahora, Gustavo Petro está contribuyendo a perpetuar una cultura del silencio y de la impunidad que fomenta y tolera el abuso contra las mujeres.