Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
Es tanta la insistencia del presidente Gustavo Petro en un supuesto golpe de Estado que por momentos pareciera que él quisiera ser el protagonista de uno y así pasar a la historia como un héroe.
Pero la tragedia para Petro es que nadie debe estar pensando en darle un golpe de Estado, porque hasta los más radicales de sus opositores seguro tienen claro que le harían un favor si recurren a vías de hecho.
Tal y como lo ordena la Constitución se elige un jefe de Estado por cuatro años y cuando termina su mandato, en las urnas, el pueblo vuelve a decidir. A no ser, por supuesto, que el Presidente incurra en delitos graves para lo cual la Constitución también define el camino a seguir. Por fortuna, en Colombia una inmensa mayoría respetamos la democracia y las instituciones.
Así entonces, como nadie está planeando un golpe de Estado, Gustavo Petro ha decidido inventarse una narrativa para hacerlo verosímil. Es una treta típica de las cartillas de manejo de opinión pública: crear un enemigo, en este caso el supuesto “CNE golpista” y una víctima que lucha contra “esa injusticia”, que sería el propio Petro. Por eso el mandatario cada día se inventa nuevos adjetivos descalificativos para tratar de convencer a la gente que hay “unos malos” que están contra él: los llama esclavistas, nazis, oligarcas, ricos, fascios... y cada día, en la medida en que aumenta el desespero del mandatario buscando que la gente le compre esa narrativa, le añade más y más epítetos.
El presidente Gustavo Petro dice que le están dando un “golpe de Estado” porque el Consejo Nacional Electoral (CNE) está investigando su campaña. El CNE solo está haciendo lo que la ley le indica. Existen fallos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, según los cuales el CNE sí puede investigar la campaña del Presidente, que no es lo mismo que investigar al Presidente.
El CNE puede llegar incluso a imponer sanciones administrativas a la campaña: desde exigir la devolución de la plata que le dieron a Gustavo Petro por cada voto, es decir el CNE podría obligar a devolver casi 80.000 millones de pesos, hasta quitarle la personería jurídica al movimiento Colombia Humana.
Lo que no puede hacer el CNE es meterse en la investigación penal. En ese caso al Presidente de la República lo investiga la Comisión de Acusaciones de la Cámara y lo juzga la Corte Suprema, y al gerente de la campaña, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, lo debe investigar la Fiscalía.
Curiosamente, desde 2017, el Congreso del cual hacía parte Petro como senador, aprobó la reforma que convirtió en delitos la violación de los topes de gastos en campañas electorales (con prisión de 4 a 8 años), y la omisión de información del aportante, que da la misma condena. Aún más, el artículo 109 de la Constitución consigna que “la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo”. Es decir, si el Congreso llega a acusar al Presidente y la Corte Suprema lo condena por estos delitos lo podría sancionar con la pérdida del cargo. Pero para que eso ocurra falta mucho trecho.
La campaña de Gustavo Petro parece ser tan consciente de ese problema que curiosamente, en 2022, presentaron un proyecto para reformar ese artículo de la Constitución, el 109. Entre quienes firmaban el proyecto estaban el entonces senador, y hoy embajador en Reino Unido, Roy Barreras, el representante a la Cámara, Alirio Uribe, y los también senadores María José Pizarro, César Pachón, Martha Peralta, Isabel Zuleta, es decir, el petrismo en pleno.
Así las cosas, lo que no puede pasar es que no se investigue a la campaña. Sobre todo cuando el expediente del CNE muestra una situación tan escandalosa: la cifra gruesa dice que la campaña de Petro habría ocultado $6.011 millones en las cuentas que entregó, y de estos, habría sobrepasado los topes legales en $5.355 millones. Y lo sustenta con 8.000 folios de pruebas.
Ya han pasado más de dos años de las elecciones, y en la Comisión de Acusaciones no es mucho el avance. Si bien son 18 miembros y las cargas entre petristas y opositores están muy parejas, en la comisión elegida para revisar el caso de la campaña de Petro predominan congresistas allegados al Presidente.
Es difícil que el presidente Gustavo Petro llegue a ser acusado ante la Corte Suprema, en caso de que haya lugar a ello, pero lo cierto es que Petro necesita sostener su narrativa a como dé lugar, porque si llega a aflojar el foco del debate ya no sería el “golpe de Estado” del cual él es supuesta víctima, sino que serían las pruebas de la presunta violacion de los topes que lo ponen en entredicho. O tal vez, si no estuviéramos hablando de “golpe de Estado”, estaríamos hablando más de Petro como el capitán de un barco, su gobierno, que está zozobrando en medio de la incompetencia y el caos.