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A oscuras. Así quedó Puerto Carreño, la capital del Vichada, el 2 de enero, cuando apenas estaba despuntando el nuevo año. El episodio no sólo preocupó a sus 45.000 habitantes sino que prendió alarmas, como si fuera un vaticinio de lo que se podría venir a lo largo y ancho del país, si el gobierno de Gustavo Petro no maneja con mayor seriedad el sistema eléctrico.
La razón detrás del apagón no tuvo relación con un imprevisto como la explosión de una torre o el daño en una estación, sino que la capital se apagó simplemente porque Bogotá no giró los 6.257 millones de pesos que le debía por subsidios a Electro Vichada, la empresa pública encargada de suministrar el servicio.
¡6.257 millones de pesos! Es fácilmente lo que se pudo gastar la primera dama, Verónica Alcocer, el año pasado en sueldos y/o viajes y viáticos con su comitiva de maquillador, fotógrafo, asistente e incluso masajista.
El ministro de Hacienda, Diego Guevara, anunció hace dos días que ya sí van a desembolsar 184.000 millones de pesos para pagar la deuda de los subsidios en zonas alejadas del país, sobre todo las no interconectadas al sistema eléctrico nacional. Si bien ese giro es un alivio, lo que deja al descubierto es que si no se pagan esas mismas deudas en el resto del país se podrían apagar otros puntos del mapa de Colombia. Una especie de chú-chú-chú ya no en la atención en salud sino también en el servicio de energía.
Como lo advirtió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, si el Gobierno no paga los cerca de 4 billones de pesos que le debe a EPM, por subsidios y por la opción tarifaria de la pandemia; su filial Afinia, que sirve la energía a Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y 11 municipios del Magdalena, no tendría plata para operar después de febrero. Y así sucesivamente... chú-chú-chú.
No se puede olvidar que el año pasado, por primera vez en la historia, se unieron los gremios del sector de la energía –Andesco, Asocodis, Acolgen, Andeg, Naturgas y la Asociación de Energías Renovables– para lanzar una suerte de SOS al gobierno para que les pague 2,7 billones de pesos por los subsidios que ha dejado de pagar de los estratos 1, 2 y 3 así como 628.000 millones más a las empresas de gas.
Y si a eso se le suma la opción tarifaria, es decir, lo que se dejó de cobrar por el servicio de energía durante la pandemia y que es cerca de 5 billones, la sostenibilidad de las empresas de energía, en general, está en riesgo.
La situación es aún más grave para las dos que atienden el complejo mercado de la costa Caribe, Air-e, que fue intervenida por el gobierno, y Afinia. Empresas estas que nacieron de la moribunda Electricaribe, y ahora con lo que les debe el gobierno de Gustavo Petro difícilmente pueden levantar cabeza.
Lo que está ocurriendo muestra el grado de desorden o de irresponsabilidad del gobierno. Petro vive del cuento de ser el defensor de los pobres, pero a la hora de usar los recursos para ayudarles a llevar la carga de estos costos esenciales, no aparece. Como sí lo han hecho todos los otros gobiernos que lo antecedieron. Es como el papá irresponsable que dice querer mucho a sus hijos pero a la hora de pagar la cuota alimentaria no aparece.
Por otro lado, Petro les endulza el oído prometiendo que va a bajar las tarifas de energía, pero no explica que eso no depende de él y por el contrario, la gran paradoja, es que por la manera como Petro está manejando el sector, si el gobierno no paga esas deudas, las tarifas de energía pueden subir un 150%. Siguiendo con el símil, es como el papá que entusiasma al niño con un juguete para su cumpleaños pero al final no se asoma ni a la fiesta.
El gobierno, en lugar de decir cómo se va a poner al día para evitar una crisis sistémica, se dedica como suele hacerlo a lanzar culpas a diestra y siniestra. Pero lo único cierto es que está jugando con fuego y podría poner en jaque el sistema energético colombiano que ha sido modelo en los últimos 30 años.
Gustavo Petro parece estar siguiendo con el sector eléctrico el mismo libreto que aplicó en el sistema de salud, es decir, no gira los recursos, interviene las empresas y amenaza con intervenir el mercado. En más de dos años ha dejado en interinidad a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), encargada de tomar las decisiones del sector, porque no ha nombrado en propiedad a personas idóneas para ocupar estos cargos técnicos. Por si fuera poco, mientras crece la demanda de energía la oferta no aumenta a igual ritmo. La tan anunciada transición energética avanza a paso de tortuga, los logros que suele mostrar vienen de gobiernos anteriores y los proyectos eólicos siguen paralizados por problemas de licencias ambientales y consultas previas. Por no hablar de los proyectos de transmisión que llevan sin construir torres ni tender cables para llevar la energía porque las comunidades se oponen. ¿Qué pasará cuando los municipios y ciudades se queden sin luz? ¿Cuándo no haya energía en las fábricas, hospitales y comercios?