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El 2024 cierra como un año extraordinariamente convulso en materia política, marcado por una serie de escándalos que han sacudido al Gobierno Nacional. Estos van desde prácticas corruptas y clientelistas para garantizar apoyo político a sus iniciativas en el Congreso, pasando por una deficiente gestión y la pérdida de recursos públicos, hasta el nombramiento de figuras cuestionadas en consulados, embajadas y otros altos cargos. A ello se suma la preocupante legitimación de regímenes antidemocráticos como los de Cuba y Venezuela, así como la reivindicación de un grupo terrorista que, financiado por el narcotráfico, marcó con sangre inocente el fatídico recuerdo de noviembre de 1985.
Este año tampoco fue el de la prometida “paz total”, a pesar de los más de $32.000 millones que le ha costado al país mantener más de diez mesas de conversación. Por el contrario, los colombianos cerramos el 2024 bajo la sombra del temor provocado por la expansión de los grupos armados ilegales, que imponen su ley en los territorios donde operan sin restricciones y sin el riesgo de ser enfrentados o capturados. Esta situación se agrava por una Fuerza Pública cada vez más desmotivada y limitada en su accionar, atada de pies y manos por los ceses al fuego concedidos por Petro, una realidad que el propio Comandante General de las Fuerzas Militares reconoció sin rodeos hace pocos días.
La generosidad de Petro hacia los grupos ilegales, a pesar de no haber logrado avances tangibles en beneficio del País, contrasta con su hostilidad hacia los poderes institucionales democráticos. Detrás del discurso y la fachada de “conciliador” que mostró durante la campaña y los primeros días de su mandato, ha emergido su verdadero carácter intransigente, lo que ha derivado en una relación cada vez más conflictiva con el Congreso y las Altas Cortes.
Sus constantes y malintencionadas críticas a las decisiones judiciales han llevado a hechos inéditos en nuestra historia republicana, evidenciando el preocupante deterioro de la institucionalidad. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia rechazó una condecoración ofrecida por la Presidencia de la República, mientras que el pleno del Consejo de Estado rechazó públicamente los constantes ataques del Gobierno a su independencia, dejando en evidencia la creciente fractura entre los poderes públicos.
Petro también ha tensado las relaciones con los gremios económicos, los medios de comunicación, así como con cualquier sector que lo cuestione.
La confrontación con el Congreso, especialmente con el Senado, es vergonzosa. Los responsabiliza del fracaso de varias de sus iniciativas. Hace un año, cuando la Plenaria rechazó el Proyecto de Acto Legislativo que buscaba legalizar el consumo recreativo de marihuana, Petro calificó a los Congresistas que votamos en contra como “financiados por el narcotráfico”. Ahora, que se archivó una nueva reforma tributaria (Ley de Financiamiento), no ha bajado de “tontos e ignorantes” a los Senadores y Representantes que se negaron a firmarle otro cheque en blanco que solo agravaría la crítica situación económica de los colombianos.
Para colmo, esta actitud antidemocrática también se proyecta internacionalmente. Como lo señalé recientemente, Petro salió del clóset al pasar de solicitar unas actas públicas que confirmaban la victoria de Edmundo González en Venezuela, a enviar a su Embajador a la posesión de Nicolás Maduro. Este acto no es solo un gesto diplomático, sino una clara expresión de complicidad con un régimen criminal que ha sumido a su pueblo en la miseria, que ha asesinado, perseguido y exiliado a sus opositores, y que se ha mantenido en el poder mediante fraudes electorales.
Pero todo pasa, y para bien de nuestra Nación, esto también pasará.
