Pico y Placa Medellín
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En mi trabajo en territorio, camino las Comunas 3, 6 y 13 (Manrique, 12 de octubre y Belencito Corazón). Puedo reconocer que, al menos en estos barrios donde antes no se podía “andar”, me siento un poco más segura. De acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), “Medellín sigue mostrando que sus cifras de homicidio siguen a la baja, y lo que se asesinaba en un solo día a comienzos de la década de los 90 hoy ocurre en un mes”. Hoy Medellín registra una tasa de 11 homicidios por cada 100 mil habitantes, una de las más bajas en la historia de nuestra ciudad.
Esto no quiere decir que las estructuras criminales hayan desaparecido, lo único que ha cambiado son las dinámicas en el territorio y la forma de ejercer la violencia por una que los expone menos, la variación del negocio criminal, que se ha trasladado a la extorsión y el monopolio en venta de alimentos de consumo diario para la comunidad, que les representa una nueva renta importante.
Hace año y medio se instaló oficialmente la Mesa de Diálogos para la Paz Urbana y el compromiso de cese de hostilidades en la ciudad de Medellín y su Área Metropolitana. Desde la cárcel de Itagüí, se sentaron el entonces Comisionado de Paz, Danilo Rueda, y siete líderes voceros presos, entre ellos Freyner Ramírez (“Carlos Pesebre”) y Juan Carlos Mesa (“Tom”).
No obstante, al conversar con jóvenes que se mueven entre los combos de la ciudad, poco les interesa hablar de Paz Total (Ley 2272 de 2022); me dicen que la baja en homicidios no es consecuencia directa de los diálogos de Itagüí y que el control viene de otro tipo de acuerdos. El reto grande de esta Ley es lograr el sometimiento de estas estructuras criminales a la justicia, que involucraría más de 12.000 personas que hacen parte de los 350 combos de Medellín y 400 de toda el área metropolitana. En este proceso se han identificado algunos obstáculos que impiden avances en las negociaciones de paz con las estructuras criminales.
No se tiene un marco jurídico de sometimiento para estos grupos, no se sabe cuáles serían los grupos beneficiados, ni qué pasaría con las rentas ilegales que sostienen las economías en los barrios con poca presencia estatal; no se sabe cómo sería la transición de economías ilegales a legales. Los voceros presos no creen que la estrategia para el desarme sea una ley de sometimiento; creen en la justicia restaurativa, donde el protagonista sea la víctima, donde no todo sea represión y castigos.
Mejor dicho, ellos quieren poner las condiciones. Tampoco podemos pretender copiar mecánicamente objetivos y metodologías de procesos distintos, como los aplicados a grupos armados de carácter político, a un conflicto de carácter económico, propio de los grupos armados comprometidos con economías ilícitas, y que estaría dificultando la construcción de paz en esta mesa.
Hoy no sabemos qué se les podría ofrecer a los jóvenes que están en las calles y hacen parte de los combos, y no poder encontrar aún salidas a la violencia en Colombia nos obliga a repensar e innovar en una estrategia que sea eficaz para lograr una paz estable y duradera, así esta no sea total.
¿Cuál cree usted que podría ser esa estrategia?
