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Se inició investigación formal en contra de Daniel Quintero por delitos contra la administración pública. Aunque existe un largo camino entre la imputación y una condena, este acto de comunicación representa un paso importante en el proceso penal.
El exalcalde continuará siendo investigado por los delitos de Prevaricato por Acción, al proferir el Decreto 412 de 2023 contrario a la ley, por medio del cual se modificaba el uso del suelo del predio Aguas Vivas; competencia que, por ley, está asignada al Concejo de Medellín. Modificando el POT, Quintero pretendía, permitir el desarrollo inmobiliario y la incorporación de lotes privados al proyecto del valle del Software.
Con relación al delito de Peculado por apropiación en favor de terceros, se ha discutido si se logra tipificar y consumar la conducta. Según la fiscalía, la apropiación indebida se materializa mediante el reintegro del predio Aguas Vivas al patrimonio de los particulares, pues, la posibilidad de readquisición con fondos del distrito y a un precio inflado, no era viable jurídicamente, por ser el inmueble de propiedad del Estado desde el 2019.
Además, se discute si el delito se consumó, toda vez que el cambio de contrato de cesión gratuita por uno de compraventa, pretendido por Quintero, fue declarado nulo por el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado.
Quienes litigamos en asuntos penales, podríamos decir que la audiencia de imputación de cargos es uno de los actos jurídicos menos complejos para un fiscal. Este acto se limita a informar a un ciudadano que ha sido vinculado formalmente a una investigación penal como presunto autor o partícipe de un delito.
En la audiencia contra Daniel Quintero, que duró casi 15 horas, y luego de que la fiscalía corrigiera algunas imprecisiones en la adecuación típica de las conductas, se realizó control formal al acto de comunicación y al no evidenciarse vulneración a garantías fundamentales de los procesados, se realizó control material, impartiendo aprobación a la imputación.
En redes sociales, defensores y abogados penalistas manifestaron preocupación por la falta de claridad de la fiscalía. Sin embargo, olvidaron los expertos, que el proceso penal se rige por el principio de progresividad y en esta instancia procesal, bastaba a la fiscal individualizar a las personas investigadas y presentar una relación sucinta de los hechos jurídicamente relevantes que permitieran inferir razonablemente la autoría o participación en un delito; sin que fuese necesario revelar los elementos materiales probatorios que fundamentaron dicha inferencia.
En este sentido, la imputación realizada al exalcalde se llevó a cabo adecuadamente; ya la fiscalía tendrá la oportunidad para corregir o modificar la imputación y ajustar lo necesario antes de la acusación, audiencia en la que sí deberá tener clara la evidencia que utilizará en el juicio para lograr una sentencia condenatoria contra la persona que tanto daño le hizo a Medellín.
Por otro lado, existe incertidumbre en la imputación a los seis exsecretarios de Quintero. La fiscalía optó por eliminar el delito de Prevaricato e imputar exclusivamente el delito de interés indebido en la celebración de contratos, un tipo penal considerado difícil de probar debido a la subjetividad de sus elementos.
Independientemente del resultado de la audiencia, lo significativo es que un exfuncionario con aspiraciones presidenciales deberá someterse a un proceso penal en el que se determinará su responsabilidad.
