Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
El gobierno insiste en reformar la salud con la misma receta que le negó el Congreso, mostrando su terquedad y carencia de ideas para afrontar los males del sistema. Pregonan que un sistema preventivo y predictivo basado en el médico general y en los centros de atención primaria, sería la estrategia óptima para lograr una buena salud y controlar el gasto que hoy amenaza la estabilidad financiera del sistema, constituyéndose en su principal problema.
Esta manera de abordar los problemas, guardadas las proporciones, es una copia del modelo británico de salud basado en el control público directo de los servicios, que hoy hace agua a pesar de gastar 10 veces más que el colombiano. Esto demuestra en la realidad, que aquí insisten en reeditar, que el médico general y los centros de atención primaria no han logrado mostrar su superioridad para mejorar la salud y mucho menos controlar el gasto, hoy desbordado en ambos países.
El primer paradigma que habría que cuestionar es que el control público directo sobre los servicios, lejos de la voracidad privada, es la mejor forma para controlar sus recursos y alcanzar unos mejores resultados sanitarios. El segundo, que un sistema como el colombiano en el que participan aseguradores públicos y privados es el mejor y único camino, algo que no ha sido así como lo demuestra su creciente crisis financiera, que, si bien se agravó con este gobierno, su origen viene de más atrás.
El esquema de EPS, tal como fue concebido, se agotó y exige ser replanteado a fondo. Si bien esta administración le dio la estocada final, en su declive confluyen dos factores centrales. El primero, la incapacidad del gobierno para reformar estas entidades, junto con su excesiva tolerancia ante su mal funcionamiento. El segundo, la posición inflexible de las Cortes frente a la naturaleza de los recursos y las características del derecho a la salud.
No significa que no puedan existir aseguradores, pero sí replantear los existentes, rompiendo el paradigma de que sin EPS como se concibieron no hay salvación. La posición de las Cortes ha contribuido a agravar la situación, al catalogar los recursos de salud como de uso exclusivo en prestar servicios desconociendo la función de aseguramiento, y al catalogar la salud como un derecho fundamental absoluto, algo que ningún país del mundo hace al considerarla una prestación relativa a los contextos sociales y económicos de cada país.
En la solución todos deberían ceder, comenzando por que las Cortes moderen su ambición de querer resolver un problema estructural a punta de tutelas, pero también que las EPS y el gobierno sean capaces de plantear soluciones distintas a la de seguir haciendo lo mismo. Por supuesto que lo que plantea la actual reforma de convertirlas en Gestoras o más bien costosas auditoras de cuentas, no es la solución, por el contrario, profundiza un esquema público que cada vez funciona más mal y en menos países del mundo.
