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La reforma a la salud propuesta por el actual gobierno tiene como su eje central la estatización progresiva de los servicios de salud para la mayoría de la población, dejando al sector privado encargado de atender solamente a quienes puedan pagar por ello. Esta proposición surge de una ideología política radical que considera inmoral que los recursos del Estado puedan ser manejados por empresas privadas y menos que de ellos se pueda derivar lucro.
El primer error que comete el gobierno es desconocer que la estatización es una tesis revaluada que demostró que no genera mayor bienestar y que atenta contra las libertades individuales. Esta ideología llevó al fracaso a naciones como China y la URSS, quienes, ante la presión social, se vieron obligadas a adoptar modelos que combinan al Estado con un mayor grado de libertades civiles, políticas y económicas. Hoy allí no solo permiten, sino que estimulan la iniciativa privada, donde el sector salud ha sido un ejemplo notable. Ver hoy seguros de salud y clínicas privadas en la China comunista, que cubren casi un tercio de la población, era algo impensable unos años atrás.
El segundo error es catalogar el lucro como algo inmoral. Este en sí mismo no es moral ni inmoral; lo relevante es cómo se obtiene y cómo se distribuyen los beneficios. La inmoralidad no reside en el hecho de obtener beneficios, sino en los medios utilizados y en los efectos que esto genera. El sector privado enfrenta responsabilidades éticas y sociales que le exigen no solo generar beneficios, sino hacerlo de una manera que respete los derechos humanos, el medio ambiente y el bienestar de la sociedad. Obtener ganancias, además de ser una necesidad si se quiere perdurar y ser mejor, es una motivación esencial para las empresas que les permite invertir en su crecimiento, mejorar sus productos o servicios, remunerar mejor a sus empleados y contribuir a la economía y al desarrollo social en general.
El tercer error es creer que la estatización está libre de todo mal y pecado y que es moralmente superior al mercado. La captura del Estado por parte de élites políticas y económicas afines es una amenaza sería para la democracia y el bienestar social. Estos grupos utilizan el poder del Estado para beneficio personal, debilitando las instituciones y limitando las libertades. Aunque cada caso tiene su propio contexto y características, el patrón de captura estatal implica la concentración de poder, el recorte de libertades, la corrupción y la falta de transparencia. Las consecuencias suelen incluir el empobrecimiento de la población, la pérdida de confianza en las instituciones y, en algunos casos, el debilitamiento de los principios democráticos.
No se trata elegir entre las opciones del falso dilema entre el Estado y el mercado. Es encontrar la mejor combinación de ambos en un escenario donde ambos son necesarios, que lleve al mayor nivel de bienestar posible para toda la población, no para unos pocos que actúan más en función de sus propios intereses y no del general como debería ser.
