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El congreso de la República es el núcleo principal de la democracia. Desde el nacimiento del Estado nación, en el mundo occidental se hizo énfasis en la necesidad de organizar un cuerpo colegiado que reflejara el ser de la nueva sociedad. Surge así la institución del parlamento, lugar que concentra la voluntad de la comunidad en una expresión técnica, que traduce la denominada democracia representativa. Los órganos de representación popular constituyen la fuerza y centro de la actividad política de la sociedad; el parlamento constituye la posibilidad de estructurar órganos plurales de representación, capaces de encarnar la voluntad de toda la ciudadanía.
La fuerza representativa del naciente Estado nación, descansa en los parlamentos, congresos o concejos de elección ciudadana, que constituyen la expresión necesaria para explicar el nacimiento, evolución y funcionamiento de gobiernos de representación popular en el Estado social de derecho; y esta es la razón por la cual, por ejemplo, en el sistema parlamentario el gobierno surge del interior del parlamento, que además conserva la facultad de ejercer de manera continua un permanente control político sobre el ser y el actuar de la administración.
Algo similar ocurre en el sistema presidencialista, que a partir de la aplicación de la fórmula de pesos y contrapesos, permite que el gobierno actúe como órgano principal de ejecución, mientras el congreso de la república, es titular del poder para decidir sobre los asuntos centrales del estado y la sociedad. De ahí surge el denominado imperio de la ley, principal acto del congreso, por medio del cual la ciudadanía, a través de su órgano colegiado de representación, participa en las altas decisiones políticas.
Cuando ello no ocurre, es decir, cuando el aparato legislativo pierde la esencia de su naturaleza y de su razón de ser, el estado social de derecho comienza a desmoronarse, convirtiendo las instituciones en centro para el abuso del poder por parte del gobernante de turno. Un congreso que no debata, que no tenga autonomía e independencia para ejercer un control político y desarrollar su función principal, que es expedir leyes para todos los aspectos de la vida, es un congreso que carece de legitimidad.
Lo que acaba de ocurrir con el proyecto de ley sobre la reforma pensional, según la interpretación que de los hechos hacen los expertos, es de los eventos más graves en la historia de nuestro modelo democrático. Que la cámara de representantes renuncie a su deber y derecho de analizar un proyecto de ley, para acoger prácticamente sin discusión alguna, el texto aprobado por el senado, significa que los representantes clavaron una daga mortal en el corazón de la democracia. Es negar la importancia del bicameralismo, es reconocer que bastaría con un congreso unicameral, es renunciar a un proceso de control político y de discusión abierta. Es reconocer que la democracia legislativa perdió su esencia y está dispuesta a permitir el curso letal del autoritarismo, dentro de un presidencialismo personalizado en el presidente de la República.
