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La contaminación acústica enferma desplaza y mata. El ruido se ha convertido en un problema creciente que afecta la convivencia, la salud pública, la seguridad y también la biodiversidad (ciertas aves y algunos animales acuáticos se ven afectados por el ruido). En ciudades como Bogotá, Medellín y Cartagena, más del 50% de la población manifiesta insatisfacción por los niveles de ruido, según la encuesta de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior y de la iniciativa Ciudades Cómo Vamos. Ante esta problemática, el Proyecto de Ley contra el Ruido, liderado por el representante de Antioquia, Daniel Carvalho y construido bajo el liderazgo del abogado Camilo Quintero Giraldo, emerge como una alternativa para abordar de forma integral este problema. Es urgente la aprobación en su cuarto y último debate en la plenaria del Senado.
El ruido ha dejado de ser un simple inconveniente ocasional para transformarse en un factor que afecta la salud física y mental de los ciudadanos. Sus efectos van desde problemas de audición hasta estrés, insomnio y baja productividad laboral. La situación es alarmante: el 70% de los conflictos relacionados con la convivencia que registra el 123 de la Policía Nacional están vinculados al ruido, lo que refleja que la situación excede los mecanismos tradicionales de solución de conflictos. La falta de una regulación clara y eficaz ha creado un “salpicón normativo” que impide la coordinación entre las autoridades responsables y, por ende, una solución eficiente.
Este proyecto tiene como objetivo dotar a la institucionalidad de herramientas que abordan desde la pedagogía y la prevención hasta el control y la sanción. No se trata de castigar ni de frenar actividades económicas, sino de crear un entorno cultural, educativo y normativo que armonice las diferentes regulaciones dispersas, permitiendo a los municipios y distritos implementar planes específicos adaptados a su contexto de acuerdo a los lineamientos y parámetros que establece la misma ley. Además, propone un modelo de gobernanza claro, asignando responsabilidades a las autoridades ambientales, territoriales y de policía, evitando así la superposición de competencias que ha dificultado el manejo de esta problemática; asimismo crea herramientas a los ciudadanos para que puedan encontrar soluciones a las angustias ocasionadas por el ruido.
Una de las mayores críticas que enfrenta la propuesta es que podría burocratizar las políticas acústicas o restringir libertades fundamentales. Sin embargo, el proyecto responde con un enfoque preventivo, evitando la judicialización innecesaria de conflictos y priorizando la educación y la convivencia. Es relevante señalar que la iniciativa no implica la creación de nuevas cargas burocráticas ni gastos adicionales, ya que las funciones serán asumidas por las instituciones existentes.
El proyecto de ley refleja un esfuerzo serio y coordinado para resolver una problemática que afecta a todos, sin distinción de clase o territorio. La solución eficaz del ruido no solo contribuirá al bienestar de los ciudadanos, sino que también garantizará un entorno más sereno para la biodiversidad y el desarrollo sostenible. Ahora, corresponde al Congreso y a algunos sectores que hoy se oponen estar a la altura de este desafío y convertir esta propuesta en Ley de la República.
