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El próximo 10 de enero de 2025 se inicia un nuevo mandato presidencial en la República Bolivariana de Venezuela, después de unas elecciones cuestionadas que se celebraron en julio de 2024. A juicio de la oposición política de ese país y de un sector importante de la comunidad internacional, dichas elecciones fueron ganadas por Edmundo González. Por su parte, el actual gobierno de Nicolás Maduro y las fuerzas políticas que lo apoyan consideran que el triunfador fue el mandatario en funciones, y afirman contar con el reconocimiento de un sector de la comunidad internacional. Esto plantea un primer desafío para el gobierno de Colombia, que hasta el momento no ha reconocido oficialmente a ninguno de los dos candidatos como vencedor.
El tema resulta aún más complejo para el actual gobierno colombiano si se tiene en cuenta que el coronel Hugo Chávez, luego elegido presidente de Venezuela y cabeza del proyecto político conocido como el ‘Socialismo del Siglo XXI’, contó con la solidaridad y el apoyo de Gustavo Petro, quien en ese entonces era congresista. Ambos compartían identidades políticas propias de dos líderes de la izquierda en la región.
Considero tres escenarios posibles de respuesta del gobierno colombiano, cada uno de ellos con sus riesgos políticos y económicos, así como con incidencia en las negociaciones con las insurgencias.
El de confrontación, que implicaría no reconocer abiertamente la legitimidad del nuevo mandato de Nicolás Maduro. Esto podría generar el riesgo de repetir lo que ocurrió durante el gobierno de Iván Duque, situación que se puede considerar un fracaso en lo político, en las relaciones económicas y en la situación fronteriza —Colombia y Venezuela comparten una de las fronteras más extensas del mundo, con más de dos mil kilómetros. En este escenario, el gobierno colombiano estaría alineado con las políticas de EE. UU. y la Unión Europea, así como con sectores de la oposición colombiana, pero recibiría cuestionamientos de la izquierda tradicional.
El de aceptación plena del resultado, divulgado sin pruebas por el gobierno de Maduro, lo que implicaría poner por encima de cualquier consideración la solidaridad política entre gobiernos que se consideren de izquierda. Sin embargo, no se valorarían de manera seria los cuestionamientos planteados por organismos internacionales encargados del seguimiento electoral. En este caso, Colombia se situaría como un gobierno en confrontación con Estados Unidos y con el nuevo presidente Donald Trump —con los costos y riesgos que esto conllevaría para el país—, así como con los gobiernos de la Unión Europea. Por supuesto, contaría con la solidaridad de la izquierda tradicional colombiana y de varios países latinoamericanos, pero también podría generar una brecha importante para que posibles votantes de centro apoyaran los candidatos del proyecto político de la coalición de gobierno en 2026.
El de cuestionamiento pasivo, que implicaría que, como formalidad, solo el embajador colombiano en Caracas asistiera a la ‘posesión’ de Maduro. Si bien no implicaría posiciones de ruptura, sí permitiría mantener la posibilidad de cuestionar políticas o posiciones, e incluso jugar un papel de mediador con la oposición venezolana y aún con Estados Unidos.
Sugeriría que este último escenario fuera el que siga Colombia.
