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Cada día que pasa son apabullantes las ingratas sorpresas producidas no solo en la Casa de Nariño sino en otras dependencias del Estado, como la Fiscalía General de la Nación y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. En la primera se le retuerce el cuello a la ética y a la juridicidad. Los informes de la segunda exponen deudas y expectativas sombrías de hechos tan delicados que podrían quebrar la columna vertebral de las finanzas públicas.
La columnista María Isabel Rueda hizo un crudo análisis sobre la directiva que la ideologizada y activista fiscal general, Luz Adriana Camargo, dio a conocimiento público para interpretar a su amaño las causas y consecuencias legales que traería la protesta social revestida de violencia. De acuerdo con la periodista, para la fiscal toda alteración del orden público que conduzca a situaciones caóticas serían simples actos “que responden a ánimos exacerbados y no a una determinación criminal”.
En concordancia con ello, “una persona no podrá ser investigada penalmente por participar en manifestaciones violentas”. Ya no será una conducta ilegal, sino una legítima defensa. Y la presunción de la legitimidad de la protesta es obligatoria. “Se acaba la posibilidad del concierto para delinquir en una protesta social”, sostiene Rueda.
De ahora en adelante, las desmesuras de los revoltosos serán pecados veniales para la jurisdicción penal. Se podrá hacer, con patente de corso, toda clase de desafueros, incendiar vehículos, quemar casetas de la policía, bloquear vías, estrujar a la autoridad. Los autores de esos hechos podrían hasta tener el rótulo de gestores de paz.
Un tapete rojo le extiende la fiscal a la anunciada ola de violencia que “duraría varias generaciones”, según pronósticos del presidente Petro, como a las turbas de la Primera Línea que, soliviantados por el desenfreno verbal oficialista, acentuarán su presencia en los tres meses que el presidente Petro anunció para ser tumbado del poder o asesinado, visión apocalíptica tan propia de sus alucinaciones y paranoias.
Por otro lado, el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino, eleva su voz para denunciar el problema fiscal que se le viene al gobierno –experto en presentar presupuestos nacionales desfinanciados– por las sentencias de condena contra entidades públicas.
Hasta hoy, el Estado debe cerca de 11 billones de pesos –dos reformas tributarias– por condenas ya proferidas. Con la gravedad de que hay 340 procesos activos de demandas contra el Estado con pretensiones por 650 billones de pesos, suma superior al presupuesto nacional para la vigencia del 2025. Con el agravante no solo de que esas partidas en rojo cada día se incrementan por los intereses de mora, sino porque en el proyecto de ley del Presupuesto apenas hay 2 billones de pesos para atender la deuda. Peor panorama fiscal es imposible trazar.
Así que el dilema golpe de Estado o muerte que se auto receta el presidente Petro, se daría, pero como evidencia tanto contra las disposiciones penales vigentes como contra las finanzas públicas que están quedando más débiles que la flaca perrilla del poeta/presidente Marroquín.
