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millones de colombianos están afiliados a los fondos de pensiones privados.
Uno de los aspectos inamovibles del proyecto de reforma pensional llevado por el Gobierno al Congreso es el que tiene que ver con la edad para acceder a ese beneficio, que actualmente es de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
En diversos espacios la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha insistido en que la iniciativa “no tiene nada que ver con las edades de pensiones ni con el ingreso básico de liquidación”, y asegura que dentro de 15 años se espera realizar un ajuste en los parámetros del sistema pensional.
Adicionalmente, la funcionaria destaca que la reforma tiene un artículo por el que se crea una comisión de economistas para que, cada cuatro años, le den un reporte claramente al Congreso y al Gobierno, en torno al monitoreo que hacen del sistema y a las recomendaciones que se realicen en su momento.
Pero, desde la óptica de Alejandra Sánchez, docente de la Universidad Nacional, el ajuste de la edad para la jubilación fue algo que ya ocurrió debido, en buena medida, a las particularidades del mercado laboral colombiano.
La investigadora que participó en el espacio académico El sistema pensional a la luz de las reformas, organizado por la Universidad Eafit, explicó que a los trabajadores, hombres o mujeres, les está quedando más difícil completar las 1.300 semanas para jubilarse, porque le densidad de cotización es cada vez más baja.
Esto quiere decir que actualmente es más complejo para una persona hacer los aportes a un fondo de pensiones, público o privado, de una manera permanente, dado que por menos tiempo está enganchada al mercado laboral y es necesario que trabaje por más años para cumplir esa exigencia.
“Llevar el requisito de semanas cotizadas a 1.300 le puso una barrera muy alta a los trabajadores colombianos frente al mercado laboral que hoy existe”, dijo Sánchez, al señalar que en ese contexto es habitual ver a mujeres trabajando hasta los 59 o 60 años y a los hombres hasta los 64 o 65 años para poder pensionarse, lo que es un claro indicio de que el mercado por sí solo ya elevó la edad para que alguien obtenga los recursos en su etapa poslaboral.
En otros países, según la catedrática, se da cuenta de 1.800 o hasta 2.000 semanas de cotización, pero se trata de unos mercados laborales con garantía de empleo pleno, cosa que aquí no ocurre.
“Ya en la práctica el requisito de edad está movido, pero la norma no se modifica porque para quienes sí consiguen la jubilación (mujeres a los 57 años y hombres a los 62) se les estaría imponiendo una talanquera mayor, pero ese es un cambio que en un corto tiempo habrá que hacer”, precisó.
El ahorro
Parte de la discusión del proyecto de reforma pensional pasa sobre el futuro de los $382 billones que hoy administran los fondos de pensiones privados.
Según la iniciativa de ley una porción de ese ahorro debería ser trasladado al llamado Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, lo que divide las opiniones.
Para Michel Janna, presidente del Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV), la propuesta del Gobierno es propiciar un regreso masivo al esquema de reparto que administra Colpensiones.
Parte de la crítica radica en el hecho de que esta es una entidad que no está acostumbrada a ahorrar, por lo que de prosperar la iniciativa tendría un impacto grande en el ahorro nacional, alertó Janna.
“Estaríamos migrando de un esquema que tiene parte de ahorro individual a uno que sería casi exclusivamente de reparto, y eso tendría consecuencias importantes en la economía, porque si hay menos ahorro agregado habría menos recursos para invertir en proyectos productivos y generar crecimiento”, añadió.
Igualmente, insistió en que el Gobierno no ha tenido buenas experiencias en la administración de fondos públicos, y en la actualidad el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) se parece mucho al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, que se pretende crear.
“Cuando uno mira en qué invierte el Fonpet se ve que apuesta por financiar al Gobierno y en opciones de corto plazo, y con ese esquema es muy difícil generar la rentabilidad necesaria para pagar las pensiones en 30 o 40 años. Este es un llamado para que esas capacidades que no tiene el Gobierno sean tenidas en cuenta en la discusión de esta reforma”, enfatizó Janna.
En contraste, la docente Sánchez considera que el proyecto de reforma pensional no propicia el desahorro y que por el contrario lo fortalece.
“Esta reforma tiene dos broches de seguridad y eso es algo que no se dice. El primero es que la plata que está en el ahorro individual de los fondos privados no se trae, esos recursos siguen ahí invertidos en el mercado de capitales, el dinero se trae cuando el individuo se va a pensionar”, precisó la profesora.
El otro broche o seguro está en el artículo 24 del texto que pasará a segundo debate del Congreso, el cual empieza a crear un ahorro público que se va a sumar al de los fondos privados, y que pasaría del 1,1% del PIB en 2025 a 1,6% del PIB en el año 2052.
“¿Qué pasa si no se hace la reforma? Pasa lo que estamos viendo ahora y es que la plata la estamos trayendo, y a agosto de este año ya habían $8,8 billones de allá (fondos privados) que se han trasladado a Colpensiones, y esta entidad no los ahorra porque le toca pagar pensiones, o sea que esa plata se desaparece”, alertó Sánchez.
Más preocupaciones
Juan David Correa, presidente de la administradora de fondos de pensiones y cesantías Protección, reiteró que el proyecto de reforma debe considerar elementos claves como cobertura, sostenibilidad y equidad, y hasta el momento no se ven aumentos de cobertura, la propuesta en discusión no es sostenible porque no está basada en el ahorro y tampoco es equitativa.
“Que sigan insistiendo en un sistema que tenga un pilar contributivo, con los 3 primeros salarios que corresponden aproximadamente a casi el 80% de los recursos que se recaudan en el sistema y que se vaya a otorgar un subsidio que no todos necesitan, haría que el déficit pensional que está por los lados del 110% del PIB, se incremente”, expresó Correa.
Sobre los $382 billones que administran los fondos de pensiones privados, el presidente de Protección resaltó que estos seguirán siendo administrados por esas entidades financiera y no habrá ninguna transferencia de esos recursos, “tarea que seguirá siendo muy importante por la capacidad que ha sido la construcción de ese ahorro que representa mucho más del 20% del PIB”, y planteó que el nuevo modelo pensional surja tras un periodo de transición.
