Analistas coinciden en que flexibilizar la regla fiscal colombiana podría generar endeudamiento desmedido, impactar tasas de interés y poner en riesgo la inversión y el control de precios.
Del humo blanco del ‘cónclave’ del presidente Gustavo Petro con su gabinete ministerial, el fin de semana pasado en Paipa (Boyacá), se conocieron tres cartas sobre la mesa, como una forma de darle vida a la economía este año, que viene resentida por el bajo crecimiento del 2023 y el flojo arranque del 2024.
Antes de ahondar esas tres iniciativas, de las cuales por ahora solo hay anuncios, hay que recordar que el crecimiento de la economía en Colombia cerró en 0,6%, muy por debajo de las proyecciones del mercado. Y el seguimiento a la actividad económica que realiza el Dane muestra un crecimiento del 2,49% hasta febrero de este año.
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Esto se ha traducido ya en un deterioro del mercado laboral, que presentó un repunte para marzo de 2024, con una subida de 1,3 puntos porcentuales, la tasa de desempleo llegó a 11,3%. Así como cifras negativas en la producción de la industria manufactura por el orden del -2,2% en febrero, al igual que el comercio que en los dos primeros meses del año registró caída en sus ventas por -2,9%. Y ni hablar de la construcción que, entre enero y marzo, sus ventas se contrajeron en -17,7%.
Hay que aclarar que estos tres proyectos a los que el Ejecutivo se aferra como tabla de salvación tendrán que pasar por el Congreso. Su primera jugada, que soltó Petro en primicia en la Plaza de Bolívar el 1° de mayo, es hacer que los bancos metan plata en la economía popular. Consiste en una inversión forzosa por parte de los bancos privados. En otras palabras, estos bancos deberán destinar una parte de sus recursos a créditos para pequeñas, medianas y grandes empresas. Esto ayudará a dinamizar la economía.
Paralelo a esto quiere obligar a los bancos privados a invertir plata en construir casas, energías verdes, tecnología y salud y educación. Es una movida parecida a la que ya se hizo con la agricultura, con Finagro, solo que ahora mira otras áreas que también vienen de capa caída.
Su segundo proyecto es darles premios a las empresas, para que paguen menos impuestos a cambio de usar energías limpias y de meterse en el turismo sostenible. Para ello, tiene en mente reducir la tasa de impuesto de renta corporativa.
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Y, en tercer lugar, pretende hacer un ajuste a la regla fiscal. La más peligrosa y controversial hasta ahora. En otras palabras, quiere hacerla más flexible para adaptarla a la realidad económica del país. Esta regla es como una guía que limita cuánto puede gastar el Gobierno y definir el tope de endeudamiento.
Paralelo a estas tres cartas, el Gobierno ya tiene una cuarta sobre la mesa legislativa. Busca ampliar la cantidad de plata que el país puede pedir prestado en 17.607 millones de dólares, o aumentar su cupo de endeudamiento. Esto se pagaría con la plata que el Gobierno tendrá disponible entre 2024 y 2026 y para eso necesita flexibilizar la famosa regla fiscal.
Estas propuestas tienen un precedente, cuando el Ministerio de Hacienda presentó su Marco Fiscal de Mediano Plazo dijo lo siguiente: “En 2024 el Gobierno proyecta un ligero aumento del déficit fiscal a 4,5% del PIB. Si bien se espera un aumento del déficit frente a 2023, ello se debe exclusivamente a un incremento en el gasto en intereses, y de las adversas condiciones de mercado”.
EL COLOMBIANO consultó a varios expertos y economistas para analizar estas tres propuestas del Gobierno Petro, echarles lápiz y papel para conocer si son viables, oportunas y aplicables a la crisis socioeconómica que atraviesa Colombia.
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Flexibilizar la regla fiscal
Aunque no se conocen muchos detalles, de la modificación de la regla fiscal, el analista Germán Cristancho, gerente de Investigaciones Económicas de Davivienda Corredores, afirma que es un anuncio polémico para el costo de financiación de Colombia, los inversionistas y las tasas de interés de largo plazo.
Solamente el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha dicho que una cosa es tener un país que crece al 3%, 4% o 10%, y otra es una regla fiscal para un país como Colombia que el año pasado creció a solo 0,6% (hoy el déficit a lo máximo que permite la regla fiscal es del 5,3%).
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Esto se da “porque hemos estado en un entorno de alta incertidumbre. Desde inicio de año el Comité Autónomo de la Regla Fiscal advirtió que el Gobierno tiene dentro de sus cuentas ingresos que no son permanentes que, de alguna manera, podrían no alcanzarse como los relacionados con los litigios de la Dian, en los que ya incluso la entidad ha mencionado que no será posible alcanzar esos $10 billones de recaudo”.
En este punto de la Dian, en el Marco Fiscal 2023 y Plan Financiero, (aprobado en Confis por esta entidad), está el compromiso de litigios para aumentar el recaudo en 2024, pero con los cálculos de su director Reyes es difícil reconocer si se cumplirá o no con ese recaudo. Así se lee en el documento de Minhacienda:
“En todo caso, en 2024 se mantendría un alto gasto primario en programas para alcanzar una mayor justicia social, financiado por un ingreso tributario que incluye el recaudo de la Ley 2277 de 2022 y un esfuerzo de lucha contra la evasión y de materialización del recaudo derivado del arbitramento de litigios tributarios por parte de la Dian”.
Por lo tanto, el ingeniero Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa SCB enfatiza en que, si se flexibiliza la regla fiscal, el déficit fiscal y el endeudamiento del país podrían aumentar hasta niveles insostenibles, poniendo en riesgo la estabilidad económica colombiana.
En palabras del director del Observatorio Fiscal de la Javeriana, Oliver Pardo, la flexibilización es otra forma de decir que el gasto no se va a financiar a través de ingresos, sino a través de endeudamiento. Y para eso ya el Gobierno anunció proyecto de ley para ampliar el cupo de endeudamiento de la Nación hasta por 17.607 millones de dólares.
Y pone este ejemplo: un hogar puede financiar el gasto con endeudamiento, incluso puede sonar muy bien en el corto plazo, pero en el largo plazo le cobra factura. “Eso va a reflejar un aumento de la tasa de interés, dado que los inversionistas extranjeros nos van a percibir con más riesgo. Por lo tanto, es muy mala idea y muy mala señal que el ministro hable de flexibilizar la regla fiscal”, alerta Pardo.
Sobre ese riesgo, el analista Cristancho advierte que, con base en una encuesta, la mayoría de inversionistas considera probable o muy probable que el Gobierno no cumpla la regla fiscal este año.
“Eso se ha traducido en que la prima que se le ha exigido a Colombia en términos de tasa de interés es mayor, eso ha significado que Colombia está pagando un costo de financiación más alto al que en un escenario normal tendríamos. Y este anuncio puede crear mayor incertidumbre en la perspectiva que tienen los inversionistas hacia Colombia”, subraya Cristancho.
A renglón seguido presenta estas alertas: podría tener un impacto negativo en la tasa de financiación del país y eso termina afectando las tasas de financiación del resto de la economía, de las empresas y de las personas.
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Estas alertas por entrar a negociar la regla fiscal las ve Carolina Monzón, gerente de Investigaciones Económicas de Itaú Colombia, como un desastre con damnificados, “pues podría damnificar la confianza en los mercados, particularmente en los bonos”.
Para eso recuerda que la actual regla fiscal ya incluye la posibilidad de una desviación en materia de gastos, en otras palabras, el Gobierno tiene mayores incentivos para gastos, en la medida que se genere una brecha negativa en la actividad económica, es decir, que la economía crezca por debajo de los niveles de PIB potencial.
“En un escenario de desaceleración económica, la regla ya incluye ese mecanismo de actuación, de manera que una propuesta de modificación sí puede generar incertidumbre, volatilidad en el mercado, porque el nivel esperado de déficit para este año ya es bastante alto, con un 5,3%. Es un escenario fiscal bastante retador”, puntualiza Monzón.
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A su vez, Catherine Pereira, decana de la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas de La Sabana, asevera que es un error del Gobierno al menos sugerir el abandono de la regla fiscal, si el crecimiento del PIB es 1% o 3% o 10%, la disciplina de gasto aplica. “No podemos empeñar y gastar sin límite las rentas futuras del país”.
En definitiva, los analistas coinciden en que relajar la regla logrará que se encarezca la deuda de la Nación, se ponga en riesgo el control de los precios y la inversión en proyectos para el crecimiento económico del país en el mediano y largo plazo, que en vez de solucionar podría es agravar más, y sus resultados no se verían en el corto plazo.
Estímulos tributarios
La pretensión del Gobierno de reducir la tasa nominal del impuesto de renta corporativo y crear estímulos para energías renovables, turismo sostenible y ecológico, y otros servicios, la califica Germán Cristancho, gerente de Investigaciones Económicas de Davivienda Corredores, como una idea positiva porque son sectores con alto potencial de crecimiento y diversificación de los ingresos.
“Sin embargo, será importante entender cuáles son los detalles, porque una reducción de impuestos en Colombia se estaría dando en un momento en el que el recaudo de impuestos no ha venido creciendo a la velocidad a la que el Gobierno esperaba. Y los gastos sí han venido creciendo, lo cual ha reducido el espacio fiscal con el que se puede maniobrar”, advierte el analista económico.
Esta consideración también la plantea Ballén, quien asegura que, en estos momentos, es difícil que el Gobierno reduzca los impuestos corporativos, debido a que está necesitando esos ingresos dado el elevado déficit fiscal y endeudamiento del país.
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Por su parte, Liliana Heredia, Liliana Heredia Rodríguez, doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global, profesora de la Javeriana Cali y experta en tributación, sostiene que dicha disminución puede resultar inicialmente atractiva para los contribuyentes, pero no necesariamente es un reflejo de la realidad tributaria.
“La tarifa nominal no es precisamente un indicador de la presión fiscal que asumen las empresas, por eso, la disminución de la tasa debe ser coordinada con la reducción y eliminación de beneficios tributarios que no estén cumpliendo con sus fines”.
Y para que funcione, Cristancho recomienda que esa reducción de tributos corporativos vaya acompañada de un impuesto mayor a las personas naturales, que luego de la reforma tributaria del 2022, la carga impositiva está muy alta, “así que no es tan fácil hacer esos ajustes en este momento y podría por el contrario llevar a que la dinámica de crecimiento se vea afectada”.
Ballén agrega que puede complementarse con la generación de condiciones sólidas de seguridad para incentivar el turismo, así como mayor agilidad en procesos de estudios de licencias ambientales para movilizar la inversión en energías renovables.
En esa misma línea, Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Javeriana, recalca que la reducción de la tarifa nominal del impuesto a la renta para las personas jurídicas tiene que ir acompañado de otras medidas legales para acotar o recortar beneficios tributarios que tiene algunas actividades económicas.
En el Observatorio Fiscal han identificado, por ejemplo, que sectores como la transmisión y la distribución de energía eléctrica, los seguros de vida o el transporte internacional de pasajeros tienen tarifas cercanas a cero.
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“Aunque la tasa nominal del impuesto a la renta para personas públicas es del 35%, el Observatorio Fiscal calcula que la tarifa efectiva de renta para las personas jurídicas es del 18%. Esto se debe a la existencia de múltiples beneficios tributarios que todavía no han sido acotados y que es necesario abordar”, insiste el académico.
Heredia remata diciendo que, en Colombia, ya existen muchos beneficios tributarios, algunos dirigidos precisamente al ecoturismo y a la generación de energías limpias, de manera que, antes de crear beneficios nuevos, deberían revisarse los existentes, tanto para estos sectores como para cualquier otro donde ya haya tratamientos tributarios especiales.
Para cerrar este punto, Ramón Mesa Callejas, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, argumenta que se debe tener en cuenta que estos incentivos tributarios son una parte de las posibilidades para reactivar la inversión, el empleo y el crecimiento.
Y por eso, según el académico, su efectividad se puede ver reducida sino se mejoran otros asuntos claves hoy en la economía del país como la confianza, el despegue de la infraestructura pública, la estabilidad política y social, el entorno internacional y la calidad de las instituciones, entre otros.
Inversión forzosa de la banca privada
Imagina que el Gobierno quiere impulsar ciertos proyectos importantes para el país, como construir más viviendas, mejorar la educación o desarrollar energías limpias. Para lograrlo, crea una regla: todas las empresas deben apartar una parte de su dinero para invertir en estos proyectos. Eso es la inversión forzosa.
La idea es impulsar a las pequeñas empresas, esas que muchas veces se sostienen con préstamos pequeños. Aunque el comentario del presidente en su discurso quedó en el aire, llamó la atención de empresas e inversionistas.
Ante esto, Catherine Pereira, decana de la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas de La Sabana, afirma que las inversiones forzosas para motivar la construcción, la inversión en renovables y tecnología aplicada a la salud no son convenientes.
“El problema de cada uno de estos sectores es la falta de un contexto normativo claro que permita diseñar modelos de negocio con probabilidad de éxito y que incentiven las decisiones de inversión y compra de los consumidores y empresas, quienes están muy tentativos en hacerlo porque el Gobierno envía mensajes que indican una política inconsistente a mediano plazo”, sentencia la académica.
En ese mismo sentido, Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa SCB, aclara que el deterioro que ha presentado la confianza inversionista en el país no se soluciona obligando a las entidades invertir de manera forzosa. Por eso, insiste en que el Gobierno debe buscar la manera de recuperar la confianza inversionista de manera genuina.
Asimismo, Sebastián Toro, analista financiero y fundador de Arena Alfa, califica este proyecto como “espantoso”, porque en una democracia no debería haber inversión forzosa. “Lo único que hace es crear incertidumbre, salida de capitales y que la gente no quiera estar acá”. Es decir, empresas e inversionistas no quieren que los obliguen de manera forzosa a hacer inversiones.
No obstante, las inversiones forzadas no son nuevas en Colombia, ya se vienen usando desde hace 30 años en los bancos, tal como lo confirmó la Superfinanciera. Por ejemplo, la obligatoriedad de destinar al menos 1 % de la inversión tuvo su inicio en el primer párrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993.
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Por su parte, Wilson Triana, experto y consultor en banca y seguros, comenta que este proyecto se puede traducir en la generación de nuevas modalidades de crédito para los sectores de la economía como agricultura y turismo, para la pequeña y mediana empresa, con reducción del costo financiero, quebrando las tasas actuales.
