Las comisiones conjuntas económicas no llegaron a un acuerdo para discutir la reforma tributaria. El debate se canceló y se convocó para el martes. La oposición radicó ponencia de archivo.
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“Los propios ponentes no se ponen de acuerdo en un tema tan complejo como es el de imponer impuestos, decirle a 130.000 microempresarios que se acabó el régimen simple. Temas tan difíciles como el impuesto al patrimonio. Lejos de incrementar el recaudo, el proyecto lo disminuye, porque la incertidumbre sigue alejando al sector privado”, señaló el presidente del Senado y ponente del proyecto, Efraín Cepeda.
“Lo que hay que hacer es que el sector privado invierta, y esto lo hace con seguridad jurídica. Hay que ejecutar los $97 billones guardados, quitando $28,5 billones. El Gobierno quedó en recaudar $15 billones en 2024 en unos tribunales de arbitramento y fracasaron, más la caída en el recaudo tributario. La complejidad no está en los $7 o $8 billones, sino en los $97 que no ejecutan y los $28,5 billones que tienen que recortar por falta de recaudo”, apuntó Cepeda.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que el presupuesto de 2025 será de $523 billones, incluyendo $12 billones pendientes de la Ley de Financiamiento. El funcionario mencionó que de no aprobarse parcialmente o no discutirse la reforma antes del 2 de enero, se detallaría qué parte del presupuesto está financiado y cuál se aplazará.
Para el Gobierno, esta ley es fundamental, pero cuenta con poco plazo para aprobarla ya que la legislatura entrará en receso desde el 16 de diciembre.
Ponencia de archivo
Los senadores Miguel Uribe Turbay, Juan Pablo Gallo, Mauricio Gómez Amín y Antonio Zabarain, entre otros, radicaron la ponencia de archivo, mencionando que el proyecto establece cargas tributarias desalineadas con el Presupuesto General de la Nación, PGN.
Los congresistas señalaron que la reforma no contribuye a la reactivación económica ni al desarrollo sostenible, mencionando que impacta negativamente al sector productivo, la inversión y el ahorro.
También, apuntaron que sectores estratégicos como el minero-energético sufrirán con la reforma. A lo que añadieron que el proyecto genera altos niveles de incertidumbre.
