Después de una semana muy complicada para el sector aeronáutico, la Superintendencia de Transporte decidió tomar el control de Viva Air, para tratar de dar solución a la crisis económica que enfrenta la aerolínea y entregar un parte de tranquilidad a medio millón de personas afectadas por el cese de operaciones.
Esta decisión se toma mientras Viva y Avianca esperan una respuesta positiva para su integración empresarial, que en múltiples escenarios han presentado como la única alternativa que le queda a Viva para no quebrarse.
Entérese: Agencias de viaje podrían perder más de $5.000 millones por la suspensión de vuelos operados por Viva
De acuerdo con Ayda Lucy Ospina, superintendente de Transporte, “esta medida de sometimiento a control significa que si la empresa no atiende las instrucciones impartidas nosotros procedemos, ahí sí, a remover al administrador y representante legal”.
Según la entidad, se le está exigiendo a la empresa que adopte todas las medidas de preservación de pasivos; es decir, el dinero recaudado con la venta de tiquetes, tiqueteras o vuelos charter debe aparecer como pasivo en la contabilidad de Viva, y debe preservarse para efectos de garantizar la devolución del dinero.
Lea también: Avianca dice que versiones sobre su integración con Viva son “calumnias” y lanza dura advertencia
“Son medidas de carácter administrativo que deben darse de forma inmediata para restaurar los derechos de los usuarios y garantizar que no haya grave afectación del servicio”, indica Ospina.
Según el Artículo 32 de la Ley 1340 de 2009, el Estado podrá intervenir cuando se presenten situaciones externas o ajenas a los productores Nacionales, que afecten o distorsionen las condiciones de competencia en los mercados de productos Nacionales.
“De hacerse, tal intervención se llevará a cabo a través del Ministerio del ramo competente, mediante la implementación de medidas que compensen o regulen las condiciones de los mercados garantizando la equidad y la competitividad de la producción Nacional”, menciona.
En una columna publicada en el diario La República, el exviceministro de Transporte, Camilo Pabón, explicó que “el sometimiento a control no tiene una naturaleza sancionatoria, pero sí impone fuertes limitaciones a la empresa, pues a partir de dicha medida debe pedir autorización previa de las reformas estatutarias que deseen realizarse; se les prohibe a los administradores y empleados la constitución de garantías que recaigan sobre bienes propios de la sociedad, enajenaciones de bienes u operaciones que no correspondan al giro ordinario de los negocios sin autorización previa de la Superintendencia, y se puede ordenar la remoción de administradores, entre otros”.
Viva mostraba unos mejores resultados
De acuerdo con la resolución de Supertransporte, si bien la situación de Viva era compleja, la ejecución de su plan de negocio evidenciaba que la compañía, efectivamente, incrementó sus ingresos a junio de 2022 en un 71% frente al mismo mes de 2022; una situación que fue soportada con el aumento de la utilización de flota, crecimiento en el mercado nacional e internacional y apertura de nuevas rutas.
En ese sentido, la entidad de control afirmó que la decisión de cerrar operaciones implica una pérdida cercana a 1 millón de dólares diarios en ingresos para Viva. “La que era una situación compleja de orden económico, deviene en una manifiesta situación de crisis económica, con la potencialidad de afectar más de 1.000 empleos directos y afectar derechos fundamentales cuya realización depende de la efectiva posibilidad de los ciudadanos de desplazarse por el modo de transporte aéreo”, se lee en la resolución.
Viva Air irá a reorganización empresarial
Pablo Felipe Robledo, ex superintendente de Industria y Comercio, celebró la decisión de la Supertransporte, especialmente en el punto en el que se ordena a Viva entrar a un proceso de reorganización empresarial ante la Supersociedades.
Las determinaciones se dieron mediante la Resolución 705 del 3 de marzo de 2023, y la Supertransporte las argumenta dado que hay una “situación crítica de orden económico y administrativo, que afecta directamente la prestación del servicio público de transporte aéreo y a los usuarios de dicho servicio”.
Según Robledo, hace mucho tiempo Viva Air debió acogerse a la reorganización, que le permite acordar con sus acreedores el pago de la deuda hasta en 15 años, con lo que podría liberar flujo de caja para trabajar.
“Entrar al proceso de reorganización es lo mejor que les puede pasar, porque se salva Viva sin que la compre Avianca. Es una decisión en el camino correcto”, señala Robledo.
Cabe destacar que hace un mes Viva había anunciado el inicio de un Proceso de Recuperación Empresarial (PRE) para la reestructuración de deudas con acreedores.
El PRE es una medida especial que surgió para apoyar a las compañías golpeadas en el marco de la pandemia de covid-19 en el país, y abre una ventana de 90 días para las renegociaciones.
No obstante, al entrar en reorganización la compañía encarará un proceso más estructural y que incluso tomaría varios años a sabiendas de que sus pasivos sobrepasan los $4,06 billones.
Tras el sometimiento de las autoridades, Viva deberá presentar en un plazo de dos días calendario un Plan de Recuperación y Mejoramiento, mediante el cual se tomen acciones para resolver las situaciones críticas que dieron origen a la imposición de la medida y en el que se planteen alternativas que incluyan soluciones inmediatas para los usuarios; así como presentar un reporte en el que se aclare quién tomó la decisión de suspender operaciones.
Asimismo, la aerolínea tiene tres días hábiles para presentar un reporte sobre el pasivo recibido por los recursos recaudados por la venta anticipada de tiquetes, tiqueteras y por aviación no regular de pasajeros, entre otros.
Robledo explicó que las decisiones pueden ir cambiando con el tiempo, y que la Supertransporte está en potestad incluso de ordenar la reapertura de operaciones. Obviamente todas las órdenes deben estar sustentadas y amparadas en la ley.
La integración con Avianca, en veremos
Es de recordar que Viva Air y Avianca llevan siete meses esperando a que la Aerocivil les autorice una integración, de manera que se pueda evitar la quiebra de Viva. Ambas aerolíneas se han empeñado en demostrar que la única tabla de salvación para la low cost es la integración, pero de por medio hay un conflicto de competencia y monopolio que impide a las autoridades darle el visto bueno.
“En Colombia hay que revisar cada ruta como un mercado relevante, y cada mercado se comporta diferente, en muchos Avianca es monopólica, en otros sería monopolio si se da la integración y en otros quedaría con poder de dominio. Eso es algo que no se puede aprobar, así signifique la quiebra de una empresa”, anotó Robledo.
Sin embargo, Robledo opinó que no es cierto que Viva esté ante la encrucijada de integrarse con Avianca o desaparecer: “Hay otros caminos, pueden venderla a cualquier otro competidor, pues con el único que tendría posición dominante es con Avianca, o puede entrar a un procesos de insolvencia para reestructurar sus deudas y seguir operando”.
De todas formas, se espera que en los próximos días se conozca una decisión de fondo de la Aerocivil en este caso, una vez los terceros interesados (Latam, Jetsmart y Wingo, entre otras) hagan sus consideraciones.
Viva tiene que responderles a los pasajeros
De acuerdo con Jorge Sánchez, exdelegado del consumidor y de competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), con el anuncio de la Supertransporte, el principal agente corregido es el presidente de Viva, Francisco Lalinde.
“En algunas declaraciones, el presidente de esa aerolínea afirmó que su última prioridad era la reparación a los usuarios. Pero ahora, salvo que Viva vaya a reorganización o liquidación, la SIC, al ejercer funciones jurisdiccionales, puede dar órdenes de pago a Viva, y la aerolínea está obligada a pagarlas de inmediato. De hecho, ya se dio la primera medida cautelar en contra de la aerolínea: la SIC ordenó la devolución inmediata del dinero de los tiquetes aéreos a una pasajera, o su reubicación sin costo en alguno vuelo con otra compañía aérea para el cubrimiento del trayecto aéreo”, sostuvo Sánchez.
Dicha medida se decretó ante la urgente necesidad de proteger los derechos e intereses de cientos de consumidores que, como la demandante, han sido afectados con la decisión de la aerolínea, cuyas actuaciones, según señaló la SIC en ejercicio de funciones jurisdiccionales “da cuenta de una flagrante vulneración a los derechos de consumidor previstos en la Ley 1480 de 2011 e incluso, normas de contenido constitucional, no solo por los efectos de la decisión unilateral e intempestiva de suspender sus servicios, sino además, en pleno desconocimiento de sus obligaciones y responsabilidades como proveedor de un servicio de vital importancia para consumidores y usuarios”.
Igualmente, se consideró que “en la página web de la demandada, los canales de atención al cliente no ofrecen ningún tipo de información, guía o posibilidad de presentar sus peticiones, por el contrario, replican en todos los casos el mencionado comunicado sin ofrecer soluciones al menos oportunas a la necesidad de usuarios como la aquí demandante”, motivos por los cuales se adoptaron medidas urgentes para salvaguardar sus intereses.
Así que para Sánchez es claro que mientras no haya un proceso de reorganización, el presidente de Viva tiene que tener claro que no puede comprometer los bienes de la compañía ni ponerlos en garantía de ninguna obligación particular, y si llegara a hacerlo, tiene que contar con la autorización de la Supertransporte.
La SIC Investiga quién dio la orden de parar
Luego del anuncio del Gobierno de someter a control a Viva Air, se conoció que la SIC se encuentra investigando quién dio la orden de parar súbitamente las operaciones.
Para determinar tal fin, la Supertransporte ordenó a Fast Colombia S.A.S (Viva Air) que, en un plazo de dos días (contados a partir de la notificación de la resolución), deberá presentar un reporte de información necesaria que permita determinar el órgano de administración o agente externo que tomó la decisión administrativa y operativa de suspender la prestación del servicio público aéreo, así como los análisis técnicos, administrativos y financieros en que se soportó esta decisión.
“En el requerimiento de información, se deberá reportar la información que permita calificar la diligencia o negligencia con la que actúo la compañía para la necesaria protección de los derechos de sus usuarios, dadas las circunstancias en que sabía que se encontraba y reportando la evidencia de los análisis y esfuerzos realizados sobre estos relevantes aspectos en el proceso de adopción de su decisión unilateral de suspender operaciones, sobre todo considerando que era consciente de los incalculables perjuicios que acarreaba”, dicta la resolución.
Las investigaciones por parte de la SIC arrancaron el pasado jueves con dos operaciones simultáneas a las sedes administrativas de Viva Air en Rionegro, Antioquia; y de Avianca en Bogotá.
“Aquí el lío es que se demuestre si esa decisión de parar las operaciones de Viva salió o no de Avianca. Porque, aunque Avianca ha salido a defenderse, quedan en entre dicho muchas cosas, como que el presidente de Avianca, Adrián Neuhaser; y su vicepresidente jurídico, Richard Galindo, salieron del país el mismo día que iniciaron las visitas de la SIC, y a pesar de ser citados a declaraciones presenciales, de obligatorio cumplimiento”, explicó Jorge Sánchez.
Y es que según se ha conocido, la SIC obtuvo información sobre acciones que comprobarían la integración no autorizada, como la compra de combustible para los aviones en donde Avianca y Viva ya vendrían actuando de común acuerdo sobre la selección de proveedores y los precios por el galón de alto octanaje.
Así, de acuerdo con Sánchez, en caso tal de que lo anterior se llegue a comprobar, se impondría a las dos aerolíneas la mayor multa en la historia de la aviación en el país: $8 billones, equivalentes al 20% del patrimonio de las compañías.
Cabe anotar que este requerimiento de la SIC es apenas una parte de todo un paquete de medidas impuestas a Viva.
