Los proyectos de reformas a la salud y laboral generan dudas entre los empresarios del sector.
Con más de 6.000 afiliados en todo el país, la Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas (Asocoldro) se declara expectante frente al futuro del sector salud y de los cambios que ocurrirían en caso de ser aprobada la reforma a la salud, que pretende ejecutar el gobierno de Gustavo Petro.
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Alfonso Cuitiva, presidente de la junta directiva de Asocoldro, en diálogo con EL COLOMBIANO comentó algunas de las preocupaciones de los droguistas frente a las modificaciones planteadas en el proyecto de ley, así como a los fenómenos de competencia desleal que se observan en el mercado y explicó qué ocurre con el suministro de medicamentos y la escasez que el presidente Gustavo Petro atribuye a presuntas prácticas de acaparamiento.
El próximo martes, 25 de marzo, se celebrará en Medellín la asamblea regional de Asocoldro a las 9 de la mañana en el hotel Dann Carlton.
“En este segundo proyecto de reforma había una serie de aspectos que, en sus inicios o sus primeras redacciones, impactaban a nuestro gremio, en el sentido de que por vía normativa nos convertían de la noche a la mañana en gestores de salud. Y resulta que eso tiene unas exigencias normativas e incluso patrimoniales, que para la mayoría de droguistas independientes resultarían imposibles de cumplir. Por lo tanto, ahí hubo que intervenir y en esa reforma, pues se deja abierto para que esto sea optativo, sea opcional y para que libremente el droguista que desee convertirse en gestor farmacéutico, cumpliendo los requisitos normativos, pues lo pueda hacer sin necesidad de que por vía de ley se le obligue a todos”.
“Nosotros tenemos más de 6.000 asociados, los cuales suman alrededor de 10.000 establecimientos comerciales, lo que equivale al 33% del total nacional. Esos 6.000 asociados, microempresarios, están generando unos 40.000 empleos directos y además podríamos hablar del triple en términos de empleabilidad indirecta. En Antioquia tenemos alrededor de 500 afiliados”.
“Aquí hay que hacer algún par de precisiones. En primer lugar, la escasez de medicamentos es más notoria en el canal institucional. No obstante, también lo es, pero a menor grado, en el canal comercial que es donde nosotros nos desenvolvemos. Este es un tema preocupante, pero es de mencionar que en la actualidad esta escasez ha disminuido ostensiblemente. Por lo que nos cuentan los clientes que vienen a conseguir sus productos en el canal comercial, puesto que no lo consigue en el institucional, pues por ahí se puede percibir que en el canal institucional este tema de escasez es un poco más marcado”.
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“El canal comercial, como su nombre lo indica, es el que se desarrolla en los establecimientos farmacéuticos comerciales y el institucional es aquel mercado de medicamentos manejado por operadores logísticos, es decir, los que suministran los medicamentos a los usuarios de las EPS del sistema de salud, bien sea el régimen contributivo o subsidiado.
En ambos sistemas hay operadores logísticos y estos son los que entregan los medicamentos a los usuarios de las EPS. Ese es el canal institucional”.
“Hay que mencionar que las problemáticas son diferentes, pues el canal comercial es muy disciplinado en sus compromisos comerciales y no sucede lo mismo en el sector oficial, en donde los compromisos económicos, con mucha frecuencia, se incumple lo que hace que la operación se afecte ostensiblemente”.
“El canal comercial, generalmente, por no decir que todos los actores cumplimos estrictamente con los compromisos comerciales, bien sea de contado o bien sea con los plazos que se pacten, 30 o 20 días. Pero, es bien conocido públicamente que eso no sucede en el flujo de recursos económicos en el canal institucional”.
“Hay otra reforma, la laboral, que por lo que conocimos recientemente no va a tener los avances que el gobierno quiere. Nosotros hace algún tiempo, cuando se propuso esa reforma, le hicimos saber a los autores de la propuesta que, si bien es cierto era una iniciativa muy bien intencionada, en la práctica era lesiva. Y si bien estamos de acuerdo con que las condiciones de los trabajadores se mejoren, pues es apenas lógico que para poderlas mejorar se debe dinamizar todo el sector productivo, incluido el de los microempresarios, que en este país somos una gran cantidad. De hecho, los microempresarios de este país generamos más del 60% del empleo.
Ahora el sector de las mipymes, que incluye micros, pequeñas y medianas empresas generan casi el 90% del empleo de este país y ese es el sector que mayormente se impacta con la reforma laboral, porque no es lo mismo aplicarle esa reforma a un microempresario, puesto que el impacto es proporcionalmente inverso al tamaño de la unidad económica. Es decir, cuanto más pequeña sea la unidad económica, mayor es el impacto económico causado por la reforma laboral. Para la gran empresa eso no representaría ningún problema, y menos si es del sector industrial productivo, puesto que allí estos mayores costos es muy fácil llevarlos al producto y finalmente quien paga es el consumidor. Y ese no es el caso de nosotros, en nuestros establecimientos farmacéuticos, en donde los costos de los productos están regulados por el mismo consumidor debido a la oferta y la demanda. Resaltó aquí que tenemos el mejor controlador de precios que es el consumidor”.
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“Les hicimos saber que miraran el impacto que eso iba a tener en el microempresariado, puesto que además esto estaría en contradicción con lo que afirma el gobierno encabeza del presidente, Gustavo Petro, cuando habla mucho de la economía popular, en la cual están insertados los microempresarios. De modo que cuando se genera una reforma de estas es contraria a esa premisa presidencial de que hay que favorecer la economía popular”.
“Más que la implicación comercial lo que se debe mirar es el impacto en la salud, porque los medicamentos, a diferencia de cualquier otro bien, deben mantener unas condiciones muy especiales en la cadena de distribución hasta que llegue al consumidor. Esto quiere decir que hay que mantenerlos almacenados a las temperaturas adecuadas en los sitios adecuados y tener con ellos una manipulación especial que es algo que no sucede con otros productos.
Entonces, cuando los medicamentos se expenden en sitios diferentes a establecimientos farmacéuticos no están cumpliendo con esta premisa y si no han sido almacenados o dispensados de la manera adecuada, se puede ver afectado el producto en su biodisponibilidad o en su bioequivalencia y hasta pudiera tornarse perjudicial cuando llegue al consumidor”.
“Es un poco difícil cuantificar, pero sí podemos decir que es un porcentaje que tranquilamente puede superar el 20% de los medicamentos que se consumen. Y sobre este porcentaje, que es muy alto, no sabemos en qué condiciones llegan finalmente al consumidor en términos de biodisponibilidad y bioequivalencia”.
“Hay productos que solamente se pueden expender bajo prescripción médica, es el caso de las inyecciones, y, por supuesto, quien va a suministrar o administrar este medicamento por vía intramuscular debe contar con las competencias para hacerlo. Aquí hay que contemplar las precauciones de tipo aséptico que se deben tomar para poder administrar estos medicamentos vía parenteral. La asociación se preocupa mucho por la capacitación de todos sus afiliados y podemos decir con gran satisfacción que la mayoría de nuestros asociados se esmeran por cumplir cabalmente con la exigencia normativa”.
“Al respecto, hay que decir que la norma que rige todas estas actuaciones es el Decreto 780 de 2016. Lo que ocurre es que los diferentes entes territoriales hacen su propia lectura, su propia interpretación y su propia aplicación, lo que no debería ser.
En la Asociación nos estamos preocupando precisamente porque las autoridades competentes nos escuchen para que la aplicación que se hace de la norma sea una aplicación ceñida a la normatividad y no a interpretaciones de tipo personal y en algunos casos, interpretaciones que van mucho más allá de lo normativo”.
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