La Procuraduría General de la Nación salió al ruedo en defensa de la reforma pensional del gobierno Petro.
En un documento dirigido a la Corte Constitucional, el procurador Gregorio Eljach solicitó declarar exequible la Ley 2381 de 2024, argumentando que no se cometieron irregularidades graves durante el trámite legislativo que afecten la validez de la norma.
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Esto se da en respuesta a una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la senadora Paloma Valencia y otros congresistas, quienes cuestionan el cuarto debate realizado en la Cámara de Representantes.
Según Eljach, aunque se presentó una posible irregularidad en la sesión del 14 de junio de 2024, esta no bloqueó la voluntad del Congreso ni vulneró los requisitos formales exigidos por la Constitución.
Reforma ya tiene efectos reales: 40.000 personas se pasaron a Colpensiones
Uno de los puntos clave del pronunciamiento es que la reforma, aunque aún no entra en vigor (lo hará el 1 de julio de 2025), ya está teniendo efectos concretos.
Según el documento de la Procuraduría, más de 40.000 ahorradores se han trasladado de fondos privados a Colpensiones, bajo la figura de la “ventana de traslado”.
“Revertir esos traslados generaría incertidumbre jurídica”, advirtió Eljach, señalando que los ciudadanos ya tienen derechos adquiridos que no se pueden desconocer sin abrir la puerta a una ola de litigios.
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La Procuraduría también advirtió que están en marcha movimientos financieros millonarios hacia Colpensiones y el fondo de estabilización del Banco de la República, lo cual podría colapsar si se anula la norma.
Además, recordó que la reforma ha generado expectativas legítimas entre millones de trabajadores, sobre todo informales y de bajos ingresos, que por primera vez aspiran a recibir un ingreso en su vejez.
“Esta reforma ha sembrado confianza y esperanza en los colombianos con menos recursos”, indicó el documento. Para Eljach, lo que está en juego no es solo la constitucionalidad de una ley, sino la protección social de millones de adultos mayores que hoy están excluidos del sistema.
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¿Y si la Corte encuentra fallas? Proponen mecanismos para no echarla abajo
Aunque el Ministerio Público confía en que no hubo vicios graves, también propone salidas si la Corte llegara a encontrar errores. Entre las alternativas está aplicar efectos diferidos de la sentencia o permitir que el Congreso subsane los errores sin necesidad de tumbar toda la reforma.
“La Corte Constitucional bien haría en tener en cuenta que el país requiere imperiosamente de una reforma pensional”, concluye el concepto, recordando que todos los expertos coinciden en que el modelo actual es insostenible desde el punto de vista financiero.
Esta es la primera vez que la Procuraduría se pronuncia a favor de mantener la reforma, después de un proceso accidentado en la Corte. A finales de febrero, la magistrada Diana Fajardo tuvo que apartarse del caso por haber sido beneficiada con el traslado a Colpensiones, lo que había frenado el avance del expediente.
Ahora, con este nuevo concepto sobre la mesa, el alto tribunal deberá decidir si mantiene viva una reforma que, aunque polémica, ya comenzó a transformar el panorama pensional de Colombia.
