Hay una conclusión de dos de los centros de pensamiento económicos más serios del país que revelan que las cuentas del Gobierno para completar los recursos del presupuesto 2025, con la ley de financiamiento, se quedaron bastante cortas.
La discusión por el desfinancimiento del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025 ha sido el pan de cada día, casi que en el último mes en Colombia. El Gobierno argumentaba que la ley de financiamiento aportaría los $12 billones que faltan en los ingresos para completar los $523 billones que aspira gastar en 2025.
La cuestión es que la reforma tributaria (Ley de Financiamiento) recogería mucho menos de ese monto. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) sostuvo que esa propuesta no cumple con el propósito de financiar el faltante de $12 billones.
Anif explicó que en el mejor de los casos solo llegaría a recaudar $6,5 billones. Eso quiere decir, harían falta $5,5 billones.
No obstante, hay que tener en cuenta que el Gobierno pretende recoger recursos por una supuesta eficiencia tributaria de la Dian, que equivale a $1,6 billones, la cuestión es que para los analistas no es muy claro si funcionaría o no. Excluyendo esos ingresos, el faltante sería de $7,1 billones, más de la mitad de lo proyectado por el Ministerio de Hacienda.
El centro de pensamiento aclaró que el monto puede disminuir o aumentar si el peso colombiano continúa devaluándose y alertó que el menor recaudo implica que “el Gobierno podría tener un déficit mayor en 2025, pero en ningún caso puede entenderse como una fuente adicional de ingresos tributarios o de nuevas rentas”.
Para darle más peso a la alarma, las cuentas de Fedesarrollo son similares y coinciden en que la reforma tributaria tiene un menor alcance del anunciado por el Ejecutivo. Según dicho estudio, los ingresos derivados de nuevos impuestos ascenderían a $4,9 billones en 2025, es decir, que también coinciden en un faltante de $7 billones.
Se debe recortar el presupuesto
El llamado de los expertos es que a raíz de dicha situación el presupuesto para el próximo año estaría desfinanciado y es necesario recortarlo. De hecho, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, sostuvo que para el próximo año habría un hueco que alcanza los $26,6 billones. Por esa razón, es necesario un tijeretazo para evitar riesgos.
Anif estima que el recorte debería ser del orden de los $12 billones. Eso en ausencia de rentas nuevas que sustenten el monto completo. Agregó: “El monto menor de los $511 billones no está exento de críticas, dado otras fuentes inciertas que incluye el proyecto”.
Una de esas medidas que no es tan clara es la de recaudar más dinero obedece al aumento en la tasa de renta para las personas de mayores recursos. Pedro Sarmiento, socio director de Tax and Legal Crowe, indicó que Colombia ya tiene unas tasas de tributación muy altas para las personas de mayores ingresos. De hecho, dijo que es considerada como una de las jurisdicciones con mayor imposición fiscal de América Latina.
“Subir esos impuestos lo único que logrará es que haya una fuga de los grandes capitales y de la tributación que tiene Colombia a otra jurisdicción con mejores condiciones para los contribuyentes”, indicó el experto en derecho tributario.
El experto argumentó que la propuesta de ley de financiamiento es irreal y no toma en cuenta la situación actual del país. No existe margen para aumentar los impuestos a los más ricos ni para gravar bienes de primera necesidad sin generar tensiones sociales.
Algo positivo
Algo bueno, de acuerdo con Fedesarrollo tiene que ver con el IVA para los juegos de azar digitales, con lo cual se pretenden asegurar $2 billones anuales, la mayor parte del recaudo.
Luis Fernando Mejía, dijo que esta medida corrige una importante asimetría entre los juegos de suerte y azar físicos, que ya están gravados con IVA, y los digitales, que hasta ahora han estado excluidos.
“Es un punto positivo porque está clase de juegos no hacen parte de la canasta familiar y, por ende, no tendría un impacto inflacionario directo, pero sí generaría una fuente importante de recursos”, aseguró.
Analistas también creen que la mejor salida para el Gobierno es un tijeretazo. Uno de ellos es Julio César Romero, economista jefe de Corficolombiana, que anotó ante la difícil situación fiscal, lo mejor sería que el Ejecutivo acuda a una estrategia de austeridad y recorte sus gastos de funcionamiento.
Romero comentó que un plan de austeridad puede basarse en limitar el aumento del gasto de funcionamiento. Es cierto que hay una parte del funcionamiento que es inflexible, pero hay una parte que se puede tocar.
Corfircolombiana encontró que se pueden hacer recortes en entidades, gasto de personal, adquisición de bienes y servicios, y transferencias (incluidas pensiones y aseguramiento). Según los cálculos, se podría limitar el aumento del gasto de funcionamiento a la tasa de inflación proyectada para este año, con un máximo de dos puntos adicionales, resultando en un incremento cercano al 7,6%, esto le podría generar un ahorro de entre $10,9 y $11,6 billones al Ejecutivo.
De esa forma, no habría necesidad de hacer una reforma tributaria y el Gobierno se ahorraría ese dolor de cabeza.
A esta hora el PNG es debatido en el Congreso, donde se decidirá si se aprueba el monto del Gobierno o será devuelto para una recorte.
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