Parece que los problemas financieros del Gobierno Nacional se extenderían, incluso para el 2026. Así lo reveló el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana en un informe que da cuenta que el Ejecutivo podría aumentar su deuda y disminuir la inversión pública.
El análisis se hizo con base en el anteproyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, que reveló el Ministerio de Hacienda el pasado 4 de abril por $521,2 billones, un 2% menos frente al de este año.
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El centro de estudios académico aclaró que el anteproyecto cuenta con información preliminar; sin embargo, cuenta con señales claras sobre las dificultades fiscales que tendrá el Gobierno el próximo año.
Dicha información sirve para entender cómo se están distribuyendo los recursos del Estado, qué sectores ganan o pierden participación y qué tendencias persisten o se agudizan.
Menos inversión, más deuda
El anteproyecto deja ver cómo se podría distribuir el gasto en 2026: $324,8 billones serían para gasto de funcionamiento, con el 62% de los ingresos. Se trata de la plata que un gobierno destina para cubrir los costos operativos necesarios para que el aparato estatal funcione en el día a día.
Además, $137,4 billones irían para el servicio de la deuda pública (27%) y $59 billones al componente de inversión pública, con la menor participación: 11% del gasto.
El Observatorio destaco que la inversión debería apuntalar el crecimiento futuro y cerrar brechas estructurales, pero por el contrario su participación dentro del presupuesto continúa perdiendo protagonismo.
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Lo que afecta la capacidad del Estado para ejecutar proyectos estratégicos, modernizar infraestructura o ampliar la cobertura de servicios sociales. Eso porque contaría con recursos cada vez más limitados, ante el peso creciente de los gastos inflexibles, añadió el centro académico.
Menos plata
El anteproyecto da cuenta que la plata destinada funcionamiento disminuiría tan solo un 2%, pero la destinada a inversión pública caería 27%. Eso al pasar de $81 billones este año a un posible monto de $59 billones para el año entrante, es decir, $22 billones menos.
Por otra parte, el gasto destinado a la deuda pública se incrementará en 17% pasando de $117 a $137,4 billones. Este último rubro está generando grandes presiones sobre las finanzas públicas del país. De cada $100 pesos que gastará el estado el próximo año, $27 se destinarán al pago de deuda.
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El observatorio resaltó que la deuda pública es un sector del presupuesto nacional y también un tipo de gasto, esto explica la diferencia que hay entre el gasto sectorizado y el gasto por tipo de gasto para el caso del servicio a la deuda pública nacional.
Los sectores más afectados
Las carteras que se verán más afectada con la disminución en la inversión son los sectores de Inclusión social, con una caída de $5,7 billones; Minas y energía, con $4,9 billones; Educación ($4,6 billones), Agricultura y desarrollo rural ($2,9 billones), Igualdad y Equidad ($1,7 billones), Vivienda ($1,5 billones), Salud y Protección Social ($1,3 billones), Rama judicial ($1 billón), Trabajo ($400 mil millones) e Interior ($300 mil millones).
“Esto confirma una tendencia estructural preocupante, el gasto en inversión pública continúa cayendo, mientras los pagos por servicio de deuda se incrementan y el gasto de funcionamiento sigue representando más del 60% del presupuesto”, apuntó el informe.
Y explicó que el problema es el bolsillo del Estado tendrá menor capacidad para responder por las necesidades sociales y territoriales, y “evidencia los límites de una política fiscal cada vez más condicionada por el endeudamiento y las rigideces presupuestales”.
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