En las cuentas del gremio, son $12,5 billones los que no se han desagregado en el presupuesto, “lo cual está paralizando el funcionamiento de estas entidades (ANI e Invías) y la ejecución de las obras a su cargo”.
De hecho, menciona algunos ejemplos como la parálisis en el “mantenimiento rutinario de todas las vías nacionales no concesionadas”. Así mismo, la suspensión los procesos licitatorios de microempresas y administradores viales, cuyo monto para 2024 es de $267.000 millones, al no ser posible la ratificación de las vigencias futuras ya aprobadas.
Esto último es relevante, en tanto el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habló de arrancar una “renegociación de las vigencias futuras” con base en su nivel de avance y las prioridades del país.
Ante esto, la CCI precisó que “las vigencias futuras cumplen un propósito de financiación para garantizar los recursos que suministra el capital privado, por lo que nada tiene que ver el pago de tales vigencias con el ritmo de ejecución de las obras. De existir atrasos en la ejecución de estas últimas, existen mecanismos contractuales y administrativos idóneos, regulados por la Ley, para sancionar dicho atraso”.
Otra alerta que se genera con toda esta novela es que la ANI y el Invías no han podido contratar cerca de 1.000 contratistas, y adicional se afectarían proyectos como San Francisco-Mocoa (Nariño-Putumayo), la vía Popayán-Isnos (Cauca-Huila), San José del Guaviare-Calamar, la Transversal del Catatumbo, o la Conexión Alta Guajira.
“A la luz de todo lo anterior, queda en grave evidencia el hecho de que la confianza inversionista y la seguridad jurídica, se verían seriamente lesionadas”, concluyó.
