El congelamiento de la tarifa de los peajes y la imposibilidad de asignar recursos adicionales, entre otras razones, tienen al Gobierno apretando el bolsillo y priorizando algunos proyectos de infraestructura vial sobre otros. El efecto en cadena ya golpea a Antioquia, al que le dijeron que no hay plata para terminar tramos pendientes de la red 4G por un valor de entre $1,2 y $1,5 billones.
El ministro de Transporte, William Camargo, no tuvo pelos en la lengua y dijo en el Congreso que actualmente existe una “limitación presupuestal” que “nos pone un ejercicio de priorización” y, en ese sentido, el Ejecutivo está evaluando cómo hacer para que todos los departamentos y proyectos puedan balancearse.
Es así como puso de ejemplo que en el caso del paquete de proyectos de 4G, Antioquia concentra $33 billones de los $50 billones que han sido asignados, y en el entre tanto hay “otro paquete de obras que está pidiendo pista para poderse ejecutar” en departamentos como Norte de Santander, Cundinamarca, Cauca o Nariño.
Si bien el funcionario no mencionó con nombre propio las otras obras que requieren plata, hay que recordar que algunas 4G con retrasos son la vía Bucaramanga - Pamplona, un proyecto clave para el transporte terrestre entre el país y Venezuela, cuyos trabajos se encuentran paralizados desde 2021.
También están enredadas las obras de Mulaló - Loboguerrero que estiman reducir el tiempo de movilización al puerto de Buenaventura, así como las de la Perimetral de Oriente de Cundinamarca (que conecta con los Llanos Orientales), aunque esta última está más relacionada con complejidades ambientales (ver gráfico).
Así mismo, el Gobierno tiene prioridades como el programa Vías del Samán, enfocado en cuatro proyectos de movilidad para Risaralda y el Valle; y la intervención de 33.000 kilómetros de vías terciarias en el país de la mano de juntas de acción comunal.
Las alertas
En el entre tanto las alertas siguen y, de hecho, la Procuraduría habló a finales de julio de una posible desfinanciación de los proyectos de infraestructura vial en el país, tras la congelación en los reajustes de las tarifas de peajes.
“Entre los riesgos detectados se encuentran el enorme déficit de aproximadamente $900.000 millones que se dejaron de percibir por concepto de recaudo de peajes en el año 2023”, aseguró la entidad, que advirtió sobre posibles demandas al Estado y ausencia de confianza en el mercado de la infraestructura como posibles consecuencias.
En el mismo sentido, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) ha dicho que con la medida en cuestión “seguiría abriéndose un enorme boquete en las finanzas de los proyectos viales, cuya construcción, operación y mantenimiento depende de los recursos provenientes de los peajes”, y el faltante se acercaría a los $13,8 billones en los próximos años.
De hecho, el propio ministro de Transporte reconoció que la coyuntura de los peajes generó una afectación en el flujo de caja de los concesionarios y en casos como el de Antioquia se analizan alternativas para obtener los recursos faltantes, como aplicar una valorización, mecanismo que está “por desarrollarse” y con el que se recaudaría parte de la inversión en los corredores viales, la cual generó un aumento del valor de los predios en varios departamentos.
Para José Fernando Villegas, director de la CCI Antioquia, la clave es que el Gobierno se siente a tomar decisiones. “Los contratos tienen unos mecanismos para ver de dónde puede salir la plata. Si estos son insuficientes se tienen que ir a buscar unas vigencias futuras, el problema para solucionar hoy no requiere plata inmediata, requiere que el Gobierno tome decisiones y se siente a buscar qué mecanismos va a utilizar y le defina al concesionario cómo le va a pagar”.
Para el líder regional de la CCI, el ministro Camargo comete un error al “departamentalizar” la situación, pues al fin de cuentas no se trata de departamentos sino de corredores viales que sirven a todos los colombianos.
En todo caso, la situación ya ha generado malestar. Por ejemplo, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, llamó a la bancada paisa en el Congreso a alzar su voz de protesta y calificó de “absurdo” que en el departamento se paren las obras a falta de $1,5 billones.