Uno de los temores más grandes para cualquiera es perder los ahorros de toda la vida en una estafa. Justamente, de esa situación aseguran ser víctimas al menos 40 personas en Medellín, tras el presunto engaño de una constructora de casas prefabricadas que figura con una larga lista de denuncias en la rama judicial colombiana. La plata “en veremos” puede estar por el orden de los $800 millones.
La compañía blanco de los señalamientos es Modulares Medellín, que acusan de incumplimiento de contratos y hasta de estafa. De hecho, EL COLOMBIANO habló con 20 personas que denunciaron sentirse cansadas de los constantes incumplimientos de esa organización.
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El relato de los afectados apunta a un modus operandi: la empresa engancha al cliente con publicidad, se muestra confiable, brinda promociones y luego la persona paga la vivienda completa para acelerar el proceso; ahí comienza el dolor de cabeza: se incumplen las fechas contractuales de entrega, comienzan numerosas llamadas de quejas del cliente presionando cumplimiento y luego de la insistencia por meses, la constructora envía algunos materiales, pero nunca nada completo; además, hace compromisos que vuelve a incumplir, y así, hasta que algunas personas deciden tomar acciones judiciales y otras seguir creyendo en las promesas.
Este diario pudo establecer que Modulares Medellín fue constituida el 22 de julio de 2020, según el Registro Único Empresarial Social (Rues). Figura con dos representantes legales: Jorge Camilo Chica Diez, gerente; y Natalia Andrea Correa Sánchez, suplente. Según algunas víctimas, se trata de una pareja de esposos.
Además, en la Rama Judicial se pudo constatar que Chica cuenta con siete procesos que han interpuesto en su contra. Fueron radicados entre el 2006 y 2024: dos por estafa (en uno fue absuelto y otro sin mayor información), uno por sumas de dinero, tres por restitución de inmueble arrendado y uno por proceso verbal.
Correa, por su parte, ha tenido nueve procesos radicados entre el 2010 y 2024: cuatro por sumas dinero e igual cantidad por restitución de inmueble arrendado, y otro sin clasificación.
El número es mucho mayor para Modulares Medellín, figuran 43 procesos en su contra: 18 tutelas (1 por desacato), 11 por sumas de dinero, 5 relacionados con cuestiones contractuales y 9 por otras razones. Todos ellos con origen entre el 2022 y 2024.
¿Una estafa masiva de Modulares Medellin?
El abogado William Herrera reveló que hay un proceso para interponer una denuncia penal en la Fiscalía contra JorgeChica por estafa masiva. Son cerca de 40 personas con dineros comprometidos entre los $15 y los $100 millones.
Agregó que la denuncia se radicaría con el argumento de “un modus operandi para engañar a la gente, recibirles dinero y no cumplirles, algunas veces lo hace de manera directa y otra por intermedio de otras personas”.
En concepto del jurista, Chica está incurriendo en una presunta estafa porque tiene “montada una obra de teatro y parafernalia para dar una apariencia diferente a algo que no es real y obtener un provecho de las personas”.
Continuó que es diferente a un simple incumplimiento del contrato: “La existencia de un contrato no determina que haya estafa, sino el hecho que de que se siga haciendo lo mismo, aún sabiendo que no va a cumplir. Es un engaño y una red que se tiene para atrapar gente, eso difiere de las personas que de buena fe hacen un contrato y no cumplen por razones mayores, aquí el contrato es parte de la parafernalia, es la manera que utilizan para atrapar a la gente”.
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Algunos de los afectados por Modulares Medellín
Entre las personas que cayeron figuran Jhon Jairo Álvarez y Dora Patricia Restrepo. Nunca olvidarán el 1 de agosto de 2022. Viajaban desde San Roque, Antioquia, y se encontraron con un llamativo anuncio de casas prefabricadas.
La publicidad logró atrapar a la pareja que tenía el sueño de una casa propia y ya contaba con un lote, faltaba la vivienda. Entonces ingresaron a la oficina de Modulares Medellín, ubicada a unos metros del peaje El Trapiche. “Nos encontramos con una empresa muy bien organizada, había varios vendedores y nos atendieron muy bien. Nos pareció confiable, pero realmente no averiguamos”, lamentó Álvarez.
Así fue como firmaron un contrato que les iba a dar más de un dolor de cabeza los próximos 26 meses. El contrato da cuenta de la adquisición de una casa prefabricada de 72 metros cuadrados y construida con placas de concreto modulares por $36 millones, de los cuales se adelantaron $27 millones. El 29 de diciembre de ese año se desembolsaron los $9 millones faltantes.
Sobre el plazo de la construcción, la cláusula décimo tercera del contrato sostiene: “(...) el inicio de la etapa de construcción iniciará en un término máximo de 40 días hábiles contados a partir de la fecha del pago total según lo acordado (...)”.
Y añade: “El plazo máximo para el inicio de la etapa de entrega de la obra será de dos (2) meses contados a partir de la fecha de facturación”.
Esos plazos se quedaron en el papel. Los dos meses de espera se convirtieron en casi dos años y la empresa no termina la instalación de la prefabricada. La situación se convirtió en una rutina de llamadas de Álvarez para que le cumplieran y disculpas de la gerencia acompañadas de nuevas promesas de instalación.
A la fecha, en el lote solo reposan las placas de los muros, puertas y ventanas exteriores sin instalar. Según las cuentas de Álvarez, faltan puertas interiores, sanitarios y el techo.
La demora fue tal que se cansaron de esperar y sacaron un préstamo de $14 millones para comenzar a terminar la casa por cuenta propia.
La idea de los esposos es demandar a la empresa por incumplimiento del contrato y lograr un reembolso del dinero, además de un 20% por cláusula penal. El contrato sostiene que “el incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones que emanan del presente contrato generará la devolución del dinero pagado como precio del contrato (...)”, algo que exigen algunos afectados sin respuesta favorable.
Ni hablar de la historia de Flor Janeth Gutiérrez. Es propietaria de un terreno rural en Cocorná (Antioquia) y deseaba adquirir una vivienda, así fue como se encontró en redes sociales con Modulares.
Gutiérrez había escuchado casos de estafas con prefabricadas. Contó que por prevención le preguntó a la vendedora de la constructora si contaban con pólizas de cumplimiento y la respuesta fue que sí –supuestamente con Sura– y le prometió que el seguro se habilitaría una vez la vivienda estuviera casi paga.
“Me dijeron que uno tenía que pagar el 100% de la casa para que la enviaran, y yo pensaba qué garantía tiene uno de que sí cumplan”, indicó.
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Aún así, desembolsó cerca de $60 millones. De ese monto, adelantó unos $9 millones el 3 de junio de 2023, cuando firmó el contrato.
En febrero de este año pidió la póliza para desembolsar el dinero faltante, pero se llevó la sorpresa de que el acuerdo realmente no contaba con esta .
Relató que al sentirse engañada, solicitó retirarse del negocio, pero la asesora le advirtió que para hacerlo debía hacer efectiva una multa equivalente a cerca del 20% del monto del contrato, por lo que Gutiérrez decidió seguir.
El 12 de febrero de este año pagó todo el dinero y señaló que fue ahí cuando comenzaron los problemas mayores: no le entregaron lista de materiales, tampoco render del proyecto y dejaron de responder llamadas y mensajes de WhatsApp, y no recibió su casa en los dos meses de plazo contractuales.
Gutiérrez decidió acudir a la oficina donde le proporcionaron el número de Camilo Chica Diez, quien era el gerente en ese entonces. “Me dijo que en 15 días me entregaba los materiales, pero no volvió a contestar el teléfono y los mensajes”.
Luego de mucha insistencia y presión, incluso con una abogada, en junio llegó un camión con tan solo 90 placas de modulares. Ante la desilusión, Gutiérrez instauró una denuncia por estafa en la Fiscalía General de la Nación.
“Ese señor (Jorge Chica) dijo que tenía problemas con la situación económica del país, y yo le dije que uno tenía que entregarle el 100% de la casa, entonces cómo se quebró”, anotó.
Luego hubo una conciliación y se acordó que el 4 de septiembre de este año Modulares entregaría los materiales, pero tampoco llegaron y continuaron los incumplimientos, que siguen a la fecha. “A él no le importa pasarse la ley”.
Situaciones similares denunciaron: Alfonso Botero, que anotó que pagó $82 millones para una casa en Pereira (Risaralda), Mateo Ruíz, que pagó $17 millones y se quedó esperando en La Unión (Antioquia), Viviana María Mejía, por $20 millones (Montebello, Antioquia), Esteban Tamayo, por $25 millones (Medellín), Andrea Betancur, por $36 millones (San Jerónimo), Daniel Galindez, por $34 millones (Sabaneta), Gregoria Rubio, por $30 millones (Guarne, Antioquia), Angélica Hernández, por $46 millones (Porce, Antioquia), Liliana Ramírez, por $40 millones (Girardota), Germán Agudelo, por $45 millones (San Pedro de Los Milagros, Antioquia), y a Jenny Betancur, por 72 millones (Manizales).
Previenen para que no caigan más personas
Su temor es que más personas le entreguen dinero a esa constructora. Carlos Arturo Gómez, de San Martín (Cesar), es otro de los afectados. Considera que el problema es que mucha gente ha creído en las “mentiras de Modulares”. Lamentablemente, dijo, “nosotros hemos sido pasivos, el contrato se firmó en julio de 2023 y esta es la fecha que nada de nada. Esto es una ‘tomadera de pelo’. El problema es que ellos van a seguir (...) y la idea es no dejar que más personas caigan”.
Más personas le contaron a EL COLOMBIANO que ese temor radica en que Jorge Chica y Natalia Andrea Correa abrieron otra constructora con un nombre para continuar vendiendo prefabricadas sin cargar con la mala fama que tiene Modulares, por las quejas que se aprecian en comentarios en redes sociales.
Se trata de Constructora Casas y Prefabricados S.A.S., matriculada el 22 de febrero de 2022. A diferencia de Modulares, en sus redes no se aprecian quejas en los comentarios, pero se pudo establecer que personas que firmaron contratos con ellos, también tienen incumplimientos a la fecha.
De hecho, una persona que pidió reserva de su nombre le proporcionó a este diario un contrato que firmó con Constructora Casas y Prefabricados el 30 de enero de este año y que, también, está en veremos, pues a pesar de que terminó el pago de unos 43,5 millones en marzo, tampoco le cumplieron con la etapa de entrega.
Entonces, solicitó por escrito el reembolso de su dinero, pero la empresa se negó. De hecho, respondió en una carta membreteada con el logo de Modulares y no con la nueva razón social que firmó el contrato.
En ese documento anotó: “Por dificultades logísticas y financieras que no solo han causado un impacto negativo en MODULARES MEDELLÍN CASAS PREFABRICADAS S.A.S, este fenómeno también se ha visto reflejado en nuestros proveedores aliados, pues frente a tal situación nos hemos visto avocados a solicitarle a nuestros clientes plazos adicionales, estos retardos son el resultado de la difícil situación que afronta el país respecto al ingreso de algunos materiales manufacturas e insumos con destino al sector de la construcción, lo anterior aunado a los altos precios de transporte que han ocasionado una parálisis temporal en el sector”.
La afectada indicó que quedó perpleja de la repuesta, ya que sacó un crédito que está pagando para comprar la casa. “Yo les dije que me sentía robada, es una estafa, porque están prometiendo un servicio que no están cumpliendo, y mientras tanto qué están haciendo con mi plata”.
EL COLOMBIANO buscó respuesta de Jorge Chica y Modulares Medellín. El representante legal argumentó no poder responder por cuestiones legales. La compañía remitió la entrevista con un abogado que accedió a hablar, pero no a dar declaraciones públicas para este artículo “por cuestiones de seguridad”.
Por ahora se pudo encontrar que la compañía sigue operando bajo dos nombres, pese a la gran cantidad de incumplimientos. Muchas personas se sienten estafadas, pero solo un juez puede dictaminar legalmente si este caso se trata de una estafa.
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