El Ministerio de Comercio anunció que renegociará las cláusulas referentes a arbitramentos contenidas en los acuerdos y tratados firmados por Colombia.
Según la cartera, el propósito del Gobierno, anunciado en días pasados por el presidente Gustavo Petro, “es lograr los equilibrios justos entre el Estado y las multinacionales”, pues sostiene que “en acuerdos y tratados firmados por el país hay cláusulas que generan desequilibrios jurídicos”.
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Luis Carlos Reyes, ministro de Comercio, señaló que el ajuste planteado se limita únicamente al alcance de las cláusulas de arbitraje internacional.
Al aclarar que se trata de una renegociación que versará puntualmente sobre cláusulas de arbitramento contenidas en los acuerdos internacionales del país, el ministro reiteró que no solo Colombia ha sido objeto de fallos adversos.
“Varios países desarrollados y en desarrollo han sido condenados por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), lo cual ha llevado a cuestionamientos en el orden internacional, originados por la ambigüedad de esas cláusulas y la incertidumbre que genera su interpretación, la cual queda en manos de los tribunales de inversión del Ciadi”, explicó.
Esto, indicó, es precisamente lo que ocurrió en el reciente caso del litigio con la compañía española Telefónica, “pues el Ciadi desconoció que, en 2017, el país había ganado un arbitraje a Telefónica por ese mismo caso ante la Cámara de Comercio de Bogotá”.
Según la cartera, también desconoció que cualquier litigio sobre el contrato de concesión otorgado a Telefónica en 1994 se debe dirimir ante un solo tribunal, negando la soberanía judicial que tiene Colombia, lo cual riñe con la autodeterminación de los Estados
“El sistema judicial colombiano es independiente y está en capacidad de decidir sobre los asuntos que se ponen a su consideración. Por lo tanto, las controversias deben ser dirimidas por los tribunales colombianos”.
Y agregó que, por esto, se hace necesario que países como Colombia exploren nuevas fórmulas en las que se defina el juez competente para dirimir este tipo de controversias, entre las cuales no se descarta que estas sean resueltas por los tribunales nacionales.
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Las implicaciones
Para Rémi Stellian, profesor de Administración de la Universidad Javeriana, con esta renegociación el Gobierno está mostrando que desconfía del Ciadi, y considera que el fallo a nivel de la Cámara de Comercio no debía ser cuestionado.
Desde su óptica, el Gobierno no quiere como tal renunciar a ser miembro de la Ciadi, sino limitar las posibilidades de acudir a esta instancia si ya un tribunal local ha emitido un fallo.
Ahora, el analista no ve tan factible que se logren renegociar los acuerdos; y, en caso de lograrlo, el problema es que se genere un efecto negativo en la inversión extranjera.
“Si un inversionista considera que esta renegociación genera una incertidumbre jurídica significativa, entonces de pronto se renunciaría a un proyecto de inversión. Sin embargo, hay muchos otros factores que hay que tener en cuenta, en particular las perspectivas de rentabilidad”, puntualizó Stellian.
