Hace dos semanas el presidente Gustavo Petro anunció públicamente que empresas petroleras del país radicaron una demanda en contra de la reforma tributaria. Sin embargo, no es una querella la interpuesta en la Corte Constitucional, sino que son más de 10, y por inconstitucionalidad, las radicadas ante el alto tribunal.
Así lo señaló Francisco José Lloreda Mera, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), quien en diálogo con EL COLOMBIANO indicó que mayo será clave para el futuro inmediato del operación petrolera del país, ya que en tres semanas se conocerán las nuevas reservas de petróleo y gas natural que se alcanzaron en 2022, y cuyo informe servirá de base al Gobierno para determinar si se firman nuevos contratos de exploración de hidrocarburos.
Pero el líder gremial dejó en claro que el futuro de la actividad no puede depender de este informe, ya que el aumento de los remanentes de ambos combustibles se da por descontado ya que los altos precios del barril en 2022 ayudaron al incremento. Y advirtió que cuando bajen los precios, así mismo decrecerán los remanentes.
Hay varias empresas del sector que demandaron la tributaria, ¿cómo van los procesos?
“Hay más de diez demandas por inconstitucionalidad contra la reforma tributaria. Nosotros compartimos los argumentos de algunas de esas demandas. Y a la fecha en dos de esas querellas, la Corte Constitucional ha invitado a los gremios del sector, universidades, expertos y consultores a pronunciarse. Creemos que algunas de las medidas impositivas de esta reforma están fuera del marco de la legalidad”.
¿Como cuáles?
“Esto es algo que hace parte de la reserva del proceso, y que será conocido en su momento”.
Pronto se conocerán las nuevas reservas de petróleo y gas, ahí el Gobierno definirá si se firman nuevos contratos.
“Se espera en ese informe un incremento en las reservas de petróleo y gas natural del país. Pero este aumento en los remanentes no necesariamente obedece a que contamos con más recursos en el subsuelo, sino que por los altos precios internacionales en el barril de crudo en el 2022 permitió extraer los dos combustibles por costos de operación rentables. Sin embargo, se debe tener cuidado de no caer en falsos espejismos y de tomar decisiones de política pública por una situación coyuntural, porque así como las reservas van a aumentar, el día que caigan los precios en el mercado internacional, también caerán las reservas de crudo y gas”.
¿Los contratos actuales permitirán aumentar las reservas, como lo proyecta el Gobierno?
“Hay una decisión del Gobierno nacional que la industria petrolera del país comparte, y es optimizar el desarrollo de los contratos existentes. Es decir, buscar la mayor exploración posible en el marco de esos convenios contractuales, así como la mayor producción posible. Y las empresas petroleras se están preparando para ejecutar esta tarea. Solo el tiempo dirá si esta actividad exploratoria es exitosa o no, así mismo si con los contratos existentes se logra mantener la producción actual.
Y cuando digo que el tiempo lo dirá es porque esto no se sabrá de la noche a la mañana, ya que desde el momento en que se firma un contrato hasta cuando se extrae el primer barril técnico no comercial pueden pasar cinco o seis años. En ese abanico de contratos existentes en materia exploratoria hay proyectos más avanzados que otros, los cuales hasta ahora están en etapa preliminar. Lo anterior para señalar que la evaluación que se haga de esos contratos corto o mediano plazo no nos van a dar las respuestas que algunos están buscando”.
¿La técnica del recobro es la apuesta para optimizar la producción en los contratos actuales, aún si es más contaminante que el fracking?
“El recobro mejorado en una técnica muy útil para extraer el mayor volumen de crudo posible de un yacimiento, y en el país es muy recurrente apelar a esta fórmula. Con dificultad se ha incrementado el porcentaje de ese recobro en parte porque es más costoso, y en parte porque intervienen en su proceso unas técnicas más complejas. Y está bien aprovechar al máximo esta técnica, pero de ahí a cifrar expectativas de petróleo del país apoyado en el recobro mejorado hay un largo trecho y sería equivocado. Con los avances a nivel tecnológico de la técnica del fracking, los riesgos asociados a esta herramienta estigmatizada se diferencia mucho del recobro, técnica que ya utiliza esta industria en el país”.
¿Colombia por lo menos debe darse la oportunidad de desarrollar los pilotos de fracking?
“Esa discusión ya está cerrada. El Gobierno tomó la decisión de frenar su desarrollo, incluso la de ejecutar los proyectos piloto. No tiene sentido retomar la discusión. Es una decisión infortunada para el sector, y desde la industria no hay mayor opción que aceptar esta determinación del Ejecutivo. Y más cuando el líder de estos proyectos era Ecopetrol”.
Empresas como ExxonMobil, Frontera Energy, Emerald Energy y GeoPark están suspendiendo la operación en algunos bloques o negociando con el Estado para clausurar contratos, ¿cómo lo ven desde el gremio?
“En el caso de ExxonMobil, por sustracción de materia, tiene todo el sentido que esté revisando sus inversiones en el país, y que también esté buscando un entendimiento con las autoridades sobre el desarrollo de las áreas que tiene asignadas. Para esta multinacional, que es una de las más grandes a nivel privado en el mundo debe ser desconcertante que luego de apostarle a Colombia, de invertir recursos en el país, de un momento a otro no se la haya permitido el desarrollo de los recursos del subsuelo (fracking). Ahora corresponde esperar a ver qué decisiones toma su administración.
Otro es el caso de empresas que tienen algunos contratos suspendidos principalmente por razones de orden público o porque hay una oposición visceral de comunidades indígenas lo cual hará que sean inviables los proyectos, y que estén buscando redireccionar inversiones, o devolver áreas, porque las compañías van hasta donde pueden. Lo que es paradójico es que están operando en el país, porque el Estado fue quien los invitó a invertir y explorar el desarrollo de los recursos naturales. Pero si en la práctica se vuelve imposible adelantar estas actividades, no se les puede obligar a seguir con su tarea”.
Ecuador y Guyana aparecen en la región como alternativas para el desarrollo petrolero, ¿Colombia está cediendo competitividad frente a estos dos países?
“Colombia fue competitiva hasta hace una década. En la operación petrolera llegó a ser la niña bonita. La prueba es que llegamos a tener inversiones por US$9.000 millones al año. Hoy solo llega a la mitad de esos recursos. Y esto se debe a varios factores como el no tener un régimen fiscal competitivo. La última reforma tributaria agravó la situación. Además la operación de las petroleras en terreno se ha vuelto cada día más difícil, ya que en promedio se registran tres bloqueos diarios en alguna zonas del país, así mismo, las condiciones de seguridad se han deteriorado.
Hay una expectativa de hacer más complejo los procesos de licenciamiento ambiental como el de extender la consulta previa en un mecanismo similar a otras comunidades. En este escenario resulta comprensible que las empresas del sector que están en Colombia por convicción comiencen a mirar hacia otros países de la región. Ante todo necesitan reglas de juego claras. Más cuando es una industria con un capital de riesgo alto”.
