Aunque el viceministro de Transporte, Carlos Eduardo Enríquez, dijo esta semana que el aumento del precio del diésel se anunciaría a finales de abril para comenzar a regir en mayo, el Gobierno se le adelantó y mediante circular de la Creg ayer empezó a regir un incremento de $97 por galón, aunado a uno de $30 en el caso de la gasolina.
Así, para este mes rige un precio de $9.614 para el diésel y de $15.446 en gasolina. Esto, luego de los fuertes incrementos que tuvo este último combustible el año pasado, para llevarlo a valores internacionales, con lo que ahora la mirada del Gobierno está puesta en el Acpm.
Sobre por qué de las alzas este mes, el Ministerio de Hacienda apuntó que “el ajuste de la gasolina corriente de $30 se explica así: aumento del valor del etanol (componente bio de la gasolina) en $262”. Y añadió que la medida con el diésel se sustenta en el incremento del valor del biodiésel de $969.
Aunque terminó siendo anticipado por el Gobierno, el viceministro Enríquez expresó que la idea con los incrementos del diésel es que no sean de $200 o $400 como la gasolina, “que fueron desgastantes”.
Con el diésel, continuó, “el transporte de carga tiene que hacer una negociación con los diferentes sectores del valor del flete tanto los que proveen la carga como los que la reciben. Yo no les puedo decir que cada mes negocien el flete. Entonces, lo que se ha acordado es que haya un solo incremento”.
A su turno, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, apuntó que el Gobierno evalúa cómo se podría hacer para no perjudicar a importantes rubros como el transporte de alimentos o el transporte público, que pueden generar presión sobre la inflación. Así, le abrió la puerta a una tarifa diferencial más adelante.
Ahondó en que el Gobierno ha indagado en centrales de abastecimiento sobre esta situación, y en buena parte de los casos ha encontrado que allí operan camiones de menos de 10 toneladas, con lo que hay pistas de cuál es el camino a seguir.
Transportadores, firmes
En medio de la coyuntura, Unidos, la Cámara Intergremial del Transporte, emitió un pronunciamiento de 10 puntos en el que asegura que “la economía atraviesa una crisis, particularmente en sectores de alta demanda de servicios de transporte, como la industria, la construcción y el comercio”.
En concepto de Unidos, “superar estos desafíos implica mantener incentivos para la oferta, como la estabilidad en el precio del Acpm, así como desarrollar una nueva política de precios para este combustible”.
Respecto a las declaraciones del ministro Bonilla, considera que aumentar el precio del diésel excluyendo del ajuste a una parte del transporte de alimentos y a los sistemas de transporte masivo, no mitigará la inflación de costos en el sector agropecuario ni el alza en los precios de los alimentos.
A modo de ejemplo dijo que en la actividad agropecuaria, el Acpm es un insumo fundamental para diversas labores como preparación de suelos, siembra, riego y recolección. “En el cultivo del arroz, estos costos representan el 35,5% del total”.
Unidos también cree que el ajuste implicaría una “disminución en los recursos disponibles para las familias de estudiantes que utilizan rutas escolares”, y provocaría un incremento en el costo del pasaje del transporte intermunicipal.
Al rechazo también se unió Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga, quien se refirió a la idea de una tarifa diferencial. A su gusto, es una medida que no avanzará porque ninguna estación de servicio se comprometerá en brindársela a un grupo específico y recordó que esa propuesta fracasó con los taxistas y terminó siendo un subsidio, que de hecho todavía no se desembolsa. “Queremos que el Gobierno deje de enviar mensajes ilusos y alejados de la realidad”.
Fepc sigue siendo el foco
El ministro Bonilla reiteró que el propósito de estos movimientos en el combustible es cerrar el hueco del fondo que “subsidia” los precios, conocido como Fepc. “Estamos pagando el déficit Fepc, que en 2022 quedó en $37 billones producto del congelamiento. Se está pagando del presupuesto”.
Para el ministro, el crecimiento económico del país en 2021 y 2022 fue “al debe”, es decir que se apalancó en deuda en buena parte. Para el ministro, en ese endeudamiento adquirido entra el congelamiento que en su momento se dio en el precio de los combustibles y en las tarifas de energía.