Por Ferney Arias Jiménez
Los analistas económicos ya tienen sus cálculos sobre el crecimiento económico colombiano en el primer trimestre de este año, cuyo arranque siguió marcado por los efectos de la pandemia.
En la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas del Banco de la República los 34 expertos consultados estimaron que la dinámica económica entre enero y marzo fue negativa (-1,6 %), siendo la proyección de los investigadores económicos de Bancolombia una de las más optimistas al apostar por un -0,4 %, y lo que desde esa óptica representa es un indicio claro de que la recuperación continuó su camino a pesar del bache que implicaron las restricciones locales a la movilidad de enero, por la segunda ola nacional de contagios de covid.
Parte de ese comportamiento se reflejará en los resultados empresariales, que próximamente empezarán a revelar las grandes compañías. Pero, tras un año de contingencia, ¿cuál ha sido el apoyo ofrecido por el Gobierno a las micro, pequeñas y medianas (mipymes)?
En diálogo con EL COLOMBIANO, el viceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Saúl Pineda, explicó como con una política transversal soportada en emprendimiento, formalización, productividad, innovación y financiación se ha mantenido el respaldo a las mipymes, que representan el mayor porcentaje del tejido empresarial del país y protegido los puestos de trabajo.
“La pandemia puso sobre la mesa la necesidad de ejecutar intervenciones activas por parte del estado y por eso la política industrial ha destinado los recursos para atender la coyuntura e identificado una serie de desafíos que deben ser resueltos”, declaró el funcionario.
¿Cuáles son los puntales de esa política industrial?
“Ante los empresarios lo que tratamos de sustentar es que en el pasado se decía que la mejor política industrial era una buena política macroeconómica, esto porque hay una tendencia de economistas que sostiene que cuando el estado actúa lo que hace es generar distorsiones y que lo ideal es que haya una estabilidad macroeconómica para que los empresarios pudieran hacer sus negocios en condiciones de mercado. Pero, está clarísimo que la pandemia renovó la importancia del papel del estado para apoyar a las empresas en esta coyuntura y en particular a las mipymes, que son el 95,5 % del tejido empresarial del país. En otras palabras, la mejor política industrial es la que existe y contribuye a resolver fallas de estado y de mercado, y además corrige fallas de coordinación entre los sectores público y privado”.
En ese contexto, ¿cuál es un ejemplo de esas fallas que se han detectado y cómo se han resuelto?
“A casi tres años de haber iniciado este gobierno, en desarrollo de esa política industrial hemos llegado a 800.000 de los 1,65 millones de empresarios que están inscritas en el Registro Único Empresarial (RUE) de las cámaras de comercio. Eso lo estamos haciendo con programas de emprendimiento, formalización, productividad, innovación y financiación. El ejemplo típico de cómo estos resultados se han acelerado en la pandemia, es que para el cuatrienio en el aspecto de financiamiento, contemplábamos llegar a 79,2 billones de pesos en créditos de redescuento de Bancóldex acompañados de las respectivas garantías del FNG. Por la pandemia tuvimos que acelerar de tal manera para darles flujo de caja y liquidez a las empresas, y hoy estamos llegando a 67 billones de pesos de ese total, es decir el 85 % de lo previsto”.
¿A qué segmentos se han dirigido estos esfuerzos?
“En esta coyuntura hemos tenido una especial sensibilidad por la recuperación de las micro y pequeñas empresas, lo que nos ha permitido acelerar otra meta, de 580.000 micronegocios atendidos a 2022, pero hoy ya estamos en 218.000 con apoyo en desarrollo productivo, comercialización y financiación”.
Pero, ¿cuáles han sido los desafíos sorteados con esos instrumentos?
“Uno de ellos es la necesidad de hacer un escalamiento de las intervenciones, porque cuando hay tantas necesidades, por momentos, los recursos parecen insuficientes, lo que nos obliga a optimizar y a apoyarnos en las alianzas territoriales. Por eso hemos venido desarrollando sinergias territoriales, que en el caso de Antioquia con el FNG y Bancóldex han movilizado a través de las líneas de emergencia 3 billones de pesos, de marzo del 2020 a marzo de 2021, lo que nos ha permitido preservar unos 250.000 empleos. Vale anotar que el 41 % de los créditos de redescuento colocados por Bancóldex están explicados por las líneas Antioquia Responde, Medellín Responde y Rionegro Responde que muestra como la capilaridad de las acciones fueron posibles gracias a las alianzas”.
Mencionaba antes el interés del Gobierno por respaldar a las micro y pequeñas empresas, pero a finales de marzo el Dane reportó que en 2020 hubo una reducción de más de 427.000 de estas unidades productivas, ¿cuál es la explicación?
“Cuando se miran las cifras del RUE entre marzo y agosto de 2020 mostraban que por lo menos 200.000 empresas no habían renovado su registro mercantil, pero eso no significa que se hayan cerrado, porque algunos lo que hicieron fue aplazar ese trámite por las dificultades que tuvieron y eso lo hemos comprobado. Por eso, para este año se redujo hasta un 7 % el valor de la tarifa de renovación para facilitar, en la medida en que se vaya reactivando la economía, que las empresas vuelvan a cumplir con este requisito”.
Un reclamo constante de los empresarios es la cantidad y complejidad de los trámites oficiales que hay que cumplir...
“Ese es otro de los desafíos y lo que tenemos que hacer es elevar la interlocución de la política industrial con las mipymes que tradicionalmente habían estado muy marginadas. Ahora tenemos un diálogo activo con ellos y en ese contexto quiero destacar que el programa Estado simple Colombia ágil ha eliminado 3.600 intervenciones, entre ellas la remoción de barreras innecesarias, trámites engorrosos y normas obsoletas. La meta era abolir 3.000, así que la superamos, y esto le ha significado a los empresarios unos ahorros de 265.000 millones de pesos”.
A buena parte de las empresas colombianas se les cuestiona su poco interés por exportar, ¿cuál es la motivación para hacerlo?
“Esa es una enorme dificultad, y las guerras comerciales arreciaron en esta coyuntura y el cierre de muchos mercados les ha puesto a nuestras metas de exportación e inversiones desafíos adicionales. Lo destacable es que ese reto lo estamos afrontando de varias maneras. A través del programa Fábricas de Productividad con el que esperamos intervenir 4.000 empresas en el país (500 en Antioquia), y la idea es transferirlas a la iniciativa Fábricas de Internacionalización para que avancen hacia los mercados foráneos y esto sea parte de la recuperación. También tenemos el programa de Calidad para Exportar que atiende unas 1.200 empresas que están en alistamiento para hacer sus despachos al extranjero, entendiendo que la calidad es un factor determinante. Otro elemento es el fortalecimiento del régimen de zonas francas (Decreto 278 del 15 de marzo de 2021) para convertirlas en un elemento poderoso de desarrollo productivo, de impulso al comercio electrónico y de exportación de servicios sector que observa un enorme potencial” (ver Para saber más).
¿Qué metas hay para las zonas francas, denominadas ahora 4,0, tras la expedición del nuevo régimen?
“Atraer inversión hacia las 120 zonas que existen, para que los 136.000 empleos de ese sector se conviertan en 400.000 en los próximos años”.
Hasta hace algún tiempo escuchamos hablar de los Pactos de Productividad, ¿para qué han servido?
“Además de los temas transversales de la política industrial como emprendimiento, formalización, productividad, innovación y financiación, hay un componente de diálogo y políticas sectoriales. Esos pactos han sido liderados desde la vicepresidencia y tienen como objetivo resolver cuellos de botella y priorizar compromisos. Se han suscrito 22 pactos con los sectores económicos, a los que se les hace un seguimiento semanal, y se han ejecutado 621 de 825 acciones que se han acordado, lo que muestra que el cumplimiento de esos pactos llega al 75 %”.
Se habla del cambio en las cadenas globales de suministro y el posible establecimiento de grandes inversionistas en regiones diferentes a China y Asia, ¿qué oportunidades tiene el país?
“Destacaría que estamos viendo una oportunidad enorme en esta coyuntura, en la que los costos de los fletes internacionales se dispararon. Ya no es cierto que es más costoso llevar un contenedor entre Medellín y Cartagena que entre Cartagena y China, eso es cosa del pasado. Además, se han reducido las importaciones en sectores claves del aprovisionamiento interno, en los que hay espacio para atraer inversiones y orientar exportaciones hacia Estados Unidos o los países de la Alianza del Pacífico, y en eso son esenciales las zonas francas para el ejercicio de importar exportadores y atraer inversión eficiente para aprovechar este reacomodo global y buscar mercados cercanos”
