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Gobierno Petro tiene listo un plan de $160 billones para cambiar la matriz del petróleo y gas

La directora del Dapre, Laura Sarabia, anunció que los recursos se destinarán al sector privado y público. Esto se presentará la próxima semana.

  • “Esta es una articulación porque la transición climática es transversal a todos los sectores. Van a haber proyectos de transporte, de turismo, de industria, de energía”, dijo Laura Sarabia, directora del Dapre, en rueda de prensa.
    “Esta es una articulación porque la transición climática es transversal a todos los sectores. Van a haber proyectos de transporte, de turismo, de industria, de energía”, dijo Laura Sarabia, directora del Dapre, en rueda de prensa.
27 de septiembre de 2024
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El Gobierno de Gustavo Petro presentará un plan de inversión de 40.000 millones, unos $160 billones, con la finalidad de reemplazar los ingresos que se pierden por la caída de las exportaciones de combustibles fósiles, tras detener la exploración de petróleo y gas hace dos años.

La directora del Dapre, Laura Sarabia, detalló los avances de Colombia en la transición energética y climática. Mencionó que el país ha contado con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, lo que ha permitido la construcción de una metodología y estructura para avanzar en estos temas.

Sarabia anunció que la próxima semana, en Barranquilla, se presentará un portafolio de inversión destinado al sector privado y público, con un valor aproximado de $160 billones (40.000 millones de dólares).

Este portafolio incluye proyectos en transición energética, agroindustria, turismo sostenible y medio ambiente, enfocados en trazar una ruta clara para la transición. Se espera recibir hasta 10.000 millones de dólares de instituciones financieras internacionales y países desarrollados en la materia.

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“Esperamos concretar este avance entre el 2 al 4 de octubre en Barranquilla, en la Feria de Economías para la Vida, y esto muestra que Colombia está liderando la discusión de cómo hacer una transición muy difícil, una transición climática y una transición energética realmente justa. Es un avance fundamental”, dijo la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.

La inversión se centrará en sectores que podrían reemplazar los ingresos del petróleo, incluyendo soluciones climáticas basadas en la naturaleza, energía limpia, electrificación del transporte, agricultura mejorada y protección de la biodiversidad.

Por eso, Muhamad se reunirá con funcionarios para comenzar a negociar un acuerdo el 21 de octubre, cuando Colombia será sede de la cumbre COP16 sobre biodiversidad en Cali.

El acuerdo se basará en las Asociaciones para una Transición Energética Justa (JETP), que se han firmado en países como Vietnam, Sudáfrica, Senegal e Indonesia, y que están enfocadas en reducir la dependencia del carbón en la matriz energética de los territorios.

El BID gestionará el acuerdo, mientras que Estados Unidos actuará como coordinador principal. Otros países como Marruecos y Filipinas han mostrado interés en acuerdos similares, pero están en etapas más iniciales del proceso.

Colombia es uno de los 13 países que apoyan el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, que busca detener la expansión de proyectos de combustibles fósiles.

Sin embargo, el sector minero-energético continúa siendo el rubro de la economía que más recibe inversión extranjera directa, de acuerdo con los números de la balanza cambiaría que publicó el Banco de la República.

También vale la pena recordar que en la ley de financiamiento presentado por el Gobierno Nacional ante el Congreso se contemplan medidas fiscales para continuar impulsando la transición.

La situación con el pozo Uchuva-2

La Procuraduría General de la Nación pidió anular un fallo de tutela emitido por un juez en Santa Marta que ordenaba la suspensión de todas las actividades en el proyecto de exploración y explotación en el área de perforación Tayrona, en el pozo Uchuva.

Siga leyendo: Así va la transición energética en el gobierno Petro: parques eólicos, los más quedados

Además, apoyó las apelaciones del Gobierno Nacional contra esta decisión. Gustavo Guerrero, delegado de Asuntos Ambientales, Minero-energéticos y Agrarios, señaló que esta medida, junto con la situación en el pozo Komodo-1, afecta la seguridad energética del país, especialmente en cuanto al suministro de gas, necesario para plantas térmicas.

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