En un mundo donde el turismo crece a pasos agigantados, el alquiler de vivienda para que los viajeros se hospeden durante días, semanas o hasta meses –que se conoce como renta corta– ha tomado fuerza.
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El ejemplo más claro por llevar la delantera en el negocio es Airbnb. Datos recopilados por el portal Statista indican que hay 100.000 ciudades en 220 países con anuncios de alojamientos a través de esta plataforma. Al 2023 generó ingresos de US$250.000 millones, con un promedio por anfitrión de US$14.000.
Actualmente, Londres, París y Sicilia son las zonas del planeta con mayor cantidad de hospedajes de esta clase y en España se destaca Barcelona.
Este último caso es importante, toda vez que en la ciudad catalana los vecinos de toda la vida han encabezado una lucha contra esos alquileres, considerando que en la última década los arriendos se dispararon 68% y los precios para la venta de inmuebles lo hicieron hasta en un 38%.
Así funciona la medida
En este sentido, el Tribunal Supremo español tomó una medida que está dando de qué hablar en el mundo: le dará la potestad a los vecinos de prohibir, por mayorías, los pisos turísticos.
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En concreto, establece que las juntas de vecinos podrán hacerlo por mayoría de tres quintas partes, y se da en respuesta a una reforma al régimen de propiedad horizontal de ese país, que dejaba dudas sobre si la prohibición solo podía ocurrir cuando hubiera unanimidad.
Para el Supremo español, estas acciones tienen amparo constitucional. Además, se adoptan con urgencia ante el rápido crecimiento de la renta corta, que en el último año se expandió 25% hasta las 287.000 unidades, según recopila El País.
Otras ciudades ponen límites
Cabe recordar que otras grandes ciudades del mundo también tomaron cartas en el asunto. En Nueva York, desde septiembre del año pasado entraron en vigor nuevas reglas que prohiben alquilar apartamentos por menos de 30 días sin la presencia del anfitrión. Así mismo, estas viviendas deben cumplir normas específicas sobre construcción e incendios.
En el caso de París, se dispuso que quienes alquilan su residencia principal en plataformas como Airbnb solo pueden hacerlo un máximo de 120 días al año, mientras que las segundas residencias que quieran rentarse por más de 120 días deben convertirse oficialmente en vivienda turística amoblada.
También se resaltan las medidas de Florencia, Italia, donde este tipo de hospedajes fue prohibido en el centro histórico; mientras que en Berlín, capital alemana, se exige un permiso especial para operar espacios de renta corta, y en Múnich el permiso se limita a ocho semanas al año.
Para el caso colombiano, Medellín aguarda por el futuro de un proyecto de ley regulatorio. En el entre tanto, se destacan precedentes como el de la comunidad de Santa María de los Ángeles, en El Poblado, zona residencial donde los habitantes luchan contra la llegada de un proyecto de 108 suites hoteleras, 27 apartamentos y 2 locales comerciales. Hoy, esta disputa está por pasar a los estrados judiciales.
