La Contraloría General de la Nación profirió un fallo con responsabilidad fiscal contra Electricaribe y su revisoría fiscal por $211.755 millones, por un manejo inapropiado de recursos del Fondo de Energía Social (Foes), destinados a personas en situación de pobreza en la región Caribe.
Este órgano de control pudo comprobar que entre julio de 2011 y octubre de 2016 hubo una omisión a la correcta aplicación de la norma que establece los dineros para el Foes, lo cual desencadenó en la pérdida del patrimonio público. Concretamente, con la auditoría iniciada en el año 2017, se encontró que lo que debía para la disminución de las facturas del servicio público en personas de estratos 1 y 2, se usó para que Electricaribe redujera sus pérdidas.
“Los $187.227 millones que recibió Electricaribe como canalizador del Foes, que administra el Ministerio de Minas y Energía, fueron aplicados al consumo distribuido comunitario y no al consumo individual del usuario que contaba con medidor individualizado como principal destinatario del mismo”, detalló la Contraloría este lunes 17 de agosto.
Al aplicarlos al consumo comunitario y no al de cada persona, estas últimas no vieron la disminución en sus facturas. En cambio, sí se favorecieron los ingresos de Electricaribe como canalizador, reduciendo con ello las pérdidas no técnicas de energía que presentaba la empresa.
