La discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2024 empezará el 19 de septiembre y ahí comienza a definirse si al gobierno e aprobarán los $502, billones que está pidiendo para ejecutar, monto que sería el más grande en la historia del Estado si llega a tener el visto bueno de los legisladores.
Ahora bien, las fuentes de ingresos para fondear ese presupuesto han generado dudas desde que se radicó el proyecto y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) es el órgano que en principio alertó por los posibles vacíos en las cuentas. Más recientemente, Lisandro Junco, exdirector de la Dian, también señaló que “estamos en déficit de ingresos” y es necesario llamar la atención de congresistas y opinión pública.
Según los cálculos del exfuncionario, más de $14 billones con los que está contando el Ministerio de Hacienda estarían enredados por que la fuente para obtenerlos es el arbitramento de litigios tributarios (procesos jurídicos para cobrarles a los deudores de la Dian), una figura que, de acuerdo con Junco, no tiene piso legislativo.,
“Hay una falta de rigor frente al Presupuesto General de la Nación de 2024 y el Marco Fiscal de Mediano Plazo que sustenta los ingresos”, señaló el experto, quien hizo notar que, en principio, este mecanismo no puede ser considerado como una fuente de recaudo permanente, como lo menciona el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
“Estos arbitramentos tributarios se supeditan a muchos factores que impiden ser ingresos corrientes, como, por ejemplo, que se ganen los litigios o que el Consejo de Estado, los tribunales y los jueces, admitan ganar los litigios”, apuntó.
Así las cosas, manifestó que “se están poniendo en riesgo 0,9 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), que son cerca de $14,3 billones. ¿Por qué se están poniendo en riesgo? Porque el arbitraje de litigios tributarios en Colombia no existe, para que exista tiene que haber ley y el Marco Fiscal lo establece así, dice que se deberá implementar una estrategia normativa, que tiene que salir del Congreso”.
Desde su óptica, “no podemos decir que son ingresos corrientes, cuando es claro que ni siquiera existe una ley. Por consiguiente, le asignan un valor, a partir del año 2024, de 0,9% del PIB, eso significan los $14,3 billones que no existen”.
“Es claro que ellos mismos reconocen que no existe el arbitramento de litigios, por ello disponen una estrategia de nuevas disposiciones legales que tiene que ir al Congreso de la República. Por consiguiente, esos $14,3 billones no existen y supuestamente van a financiar el Presupuesto General de la Nación. Está en riesgo la ejecución de esos dineros porque nunca van a llegar hasta que se apruebe una ley”, puntualizó.
¿Y el marco fiscal?
El Carf es un organismo técnico que le hace seguimiento a la disciplina financiera del Estado. Y básicamente, alerta cuando hay riesgos por posibles excesos. Recientemente, su director, Andrés Velasco, se refirió a las cuentas que está entregando el gobierno y expuso que el gasto primario (ese que descuenta el pago de intereses por la deuda pública del Estado) crecerá este año hasta el 17,6% en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), que sería cerca de $257 billones.
Por ello, afirmó que ese gasto se está llevando a máximos y en 2025 llegaría a 19,5% del PIB, “al límite de lo que sería la regla fiscal”. Pero para complementar esa observación, hizo notar que ese mayor gasto se está apoyando en ingresos que no son permanentes y que además calificó como inciertos.
Precisamente, esos ingresos inciertos son los relacionados con el arbitramento de litigios. Además, otros expertos en hacienda han mencionado que, por norma de la Regla Fiscal, un gobierno no puede financiar gasto corriente, como los que se desagregan en el PGN, con ingresos temporales.
De otro lado, una de las reconvenciones que se la ha hecho al gobierno es que son inciertos los recaudos adicionales que se esperan de la Dian por la lucha contra la evasión.
