Hace 60 años, la mayoría de los colombianos no tenían acceso ni a electricidad ni a una fuente de energía adecuada para cocinar. Y aunque en la actualidad la mayoría de los hogares cuentan con estos servicios, persisten importantes desafíos en cuanto acceso y calidad.
Y es que si bien Colombia tiene una de las mejores coberturas de acceso a energía de la región (97 % en electricidad y 70% en gas natural), aún 9,6 millones de personas se encuentran viviendo en situación de pobreza energética. De este grupo, el 8% no tiene energía eléctrica, el 61,8% vive en municipios con mala calidad de este servicio, y el 47,4% cocina con leña, carbón y desechos.
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Así lo revela el primer reporte del Índice Multidimensional de Pobreza Energética, (IMPE), desarrollado por Promigas y publicado este jueves, según el cual una de cada cinco personas en el país se encuentra en situación de pobreza energética; es decir, el 18,5% de la población colombiana.
El estudio resalta que además del desafío en cuanto a privación de energía, también existe el reto de brindar acceso a los bienes públicos y privados que permiten usar esa energía como medio para tener una vida digna.
“Además del acceso y una buena calidad, existen grandes desigualdades. Hay que conseguir que el 9,7% de la población colombiana que aún cocina con leña disponga de un energético adecuado para cocinar y proporcionar los medios para que más hogares tengan acceso a dispositivos y otros medios para transformar la energía en bienestar”, manifestó Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas.
Cabe anotar que por pobreza energética se entiende la situación de un hogar en el que no se consiguen satisfacer las necesidades asociadas a la energía, ya sea por los precios de esta, la falta de capacidad de pago, o la ineficiencia de bienes y servicios públicos en los hogares.
Las brechas
Otro de los resultados expuestos por Promigas muestra que la pobreza energética en la zona rural remota es 11 veces la de los grandes centros urbanos: casi la mitad de los habitantes de municipios remotos (47,9%) se ubican en esta situación. En contraste, solo el 4,3% de las personas en grandes centros urbanos son pobres energéticos.
Por departamentos, mientras que Quindío, San Andrés y Bogotá registran una pobreza energética de alrededor del 2%; Vichada, Vaupés, Guainía y La Guajira muestran incidencias por encima del 70% (ver gráfico).
“El IMPET tiene como ventaja que permite identificar a las personas que no pueden desarrollar actividades humanas básicas que usan como medio directo a la energía, y que no están siendo observadas por las medidas de pobreza monetaria y multidimensional. Esto permitirá focalizar el diseño de acciones por departamento, sector y población, contribuyendo a la meta de cero pobreza energética”, comentó Rojas.
De esta manera, con el fin de contribuir en el diseño focalizado de políticas públicas, el estudio propone estrategias para la reducción de este indicador, las cuales deben ser diferenciales por departamentos.
Estas, dice el informe, involucran diversos componentes relacionados con acceso y calidad a la energía (electricidad y gas natural); servicios públicos (conectividad a internet), y capacidad de pago para bienes durables como lavadoras, computadores o tablets.
