Las cesantías de los trabajadores colombianos deberán consignarse hasta el próximo viernes 14 de febrero por parte de sus empleadores, o de lo contrario las empresas serán sujetas a sanciones por incumplimiento.
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Como recuerda la plataforma Siigo, las cesantías corresponden a un ahorro obligatorio equivalente a un mes de salario por cada año trabajado, que el empleador debe consignar en un fondo elegido por el trabajador.
Su función primordial es brindar una cobertura en caso de desempleo o financiar educación y vivienda, razón que explica su depósito en un fondo.
“Deben liquidarse anualmente con corte al 31 de diciembre y consignarse en el fondo correspondiente antes del 15 de febrero del año siguiente. Es decir, las cesantías generadas en 2024 deben consignarse hasta el 14 de febrero de 2025”, describe Siigo.
Pero para algunos trabajadores, lamentablemente, esta plata no es depositada a tiempo y prueba de ello son las más de 1.500 quejas que llegaron al MinTrabajo por el incumplimiento en el pago de cesantías durante 2024.
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¿Qué pasa si mi empresa no me paga las cesantías?
La plataforma especializada recuerda que hay varias consecuencias para las empresas colombianas que no depositen las cesantías a más tardar este viernes.
Sanción moratoria: de no depositarlas a tiempo, el empleador deberá pagar al trabajador un día de salario por cada día de retraso hasta que se efectúe el pago.
Sanciones adicionales: el empleador también podría enfrentar multas impuestas por entidades como la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), que pueden ascender hasta el 200% del valor de las cesantías no pagadas.
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Multas del Ministerio del Trabajo: pueden llegar hasta 5.000 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), unos $7.117 millones.
Posibles demandas laborales: también existe la posibilidad de que el trabajador afectado tome cartas legales ante el incumplimiento de su empresa.
Vivienda arrastra el mayor uso de cesantías en Colombia
De acuerdo con la Federación Colombiana de Lonjas de propiedad raíz (Fedelonjas), las personas retiraron $3,1 billones para mejora de vivienda o para liberar deuda hipotecaria, mientras que $2,7 billones se destinaron para comprar un inmueble.
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Ese balance revela que 53% de los retiros de cesantías se implementaron para usos asociados a la vivienda.
