El sector transportador colombiano cerrará 2024 con cifras alarmantes: 786 bloqueos registrados en vías nacionales han generado pérdidas acumuladas de $4,3 billones, un 19% más que el año pasado.
Los efectos no solo afectan a transportadores, sino también a la cadena de abastecimiento, la producción nacional y el comercio exterior, según el balance presentado por Colfecar.
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El gremio advirtió que los bloqueos han interrumpido la distribución de materias primas y productos esenciales, afectando sectores clave como el comercio, la construcción y la salud.
En algunos casos, los alimentos se descomponen en los camiones, mientras que regiones como Cauca y Nariño, al depender de la vía Panamericana, quedan aisladas, enfrentando pérdidas estimadas en $295.000 millones este año.
Cifras críticas y regiones afectadas
En 2024, el tiempo total perdido por bloqueos aumentó un 29%, alcanzando 11.950 horas. Los departamentos más afectados incluyen Bolívar, Atlántico, Cauca, Valle del Cauca y Antioquia.
Corredores estratégicos como la vía Medellín-Costa Caribe y la Panamericana registraron el mayor impacto, golpeando las operaciones de exportación e importación.
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El mes más crítico fue septiembre, con 149 bloqueos, en parte por un paro camionero motivado por el incremento del 20% en el precio del diésel. Este paro generó más de 100 puntos de bloqueo simultáneos, complicando aún más la situación del transporte de carga.
Los transportadores denuncian la inacción de las autoridades frente a los bloqueos, que consideran un delito según el Código Penal. Además, piden la implementación de un protocolo que priorice la prevención, respuesta inmediata y el desbloqueo de las vías.
“La permisividad actual fomenta una crisis cíclica que afecta a transportadores, empresarios y consumidores por igual”, señala Colfecar. Entre las propuestas se incluye el despliegue de funcionarios con poder de decisión para negociar con las comunidades y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Con pérdidas acumuladas superiores a $7,9 billones en los últimos dos años, el gremio insiste en que la situación no solo compromete la productividad y competitividad del país, sino que también genera desabastecimiento y ahuyenta la inversión en regiones críticas.
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