En el marco del congreso de Confecámaras, el contralor general de la Nación, Carlos Hernán Rodríguez, reiteró su preocupación ante la gravedad en la que se encuentra la prestación del servicio público de energía en el país, y la crítica situación de Air-e y Afinia.
Entre las razones, dijo, están las dificultades que han tenido las empresas de energía para que se les gire lo que corresponde a la Opción Tarifaria y subsidios por parte del Estado, y al pago de facturas por parte de algunas entidades estatales que les adeudan.
De acuerdo con el contralor, si el Ministerio de Hacienda y el de Minas y Energía, así como las demás entidades como la Creg y la Superintendencia de Servicios Públicos, no toman las medidas y decisiones pertinentes, la situación financiera de los prestadores puede generar “una inminente cesación en la prestación del servicio de energía, perjudicando los usuarios, el desarrollo económico del país, en especial en toda la Costa Caribe, y por ende, los ingresos al Presupuesto Nacional derivados de diferentes conceptos”.
Refiriéndose a la situación financiera de Air-e y Afinia, la primera de ellas ya en proceso de intervención, Rodríguez expresó que “no se ven medidas concretas, oportunas y efectivas para solventarlas”
Indicó que esta intervención se podría también presentar en otras empresas como Afinia, que tiene un número de usuarios significativo en la Costa Atlántica, y que al perjudicarse financieramente afectaría además a otras empresas como EPM, y las finanzas de Medellín y de Antioquia.
“Una intervención implica no solo el conocimiento técnico y financiero de la operación, sino disponer de recursos del Presupuesto Nacional. Esto le podría costar al Gobierno Nacional 4 billones de pesos al año, que corresponde al déficit de operación de las dos compañías Air-e y Afinia, para solventar no solo su operación sino también las inversiones y garantizar la atención de la demanda con los niveles de calidad y confiabilidad necesarios”, señaló.
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Y agregó que la Nación no cuenta con los recursos necesarios para hacerlo. “Prueba de ello es el atraso en el giro de los subsidios y el no cumplimiento de su compromiso de asumir la deuda de los usuarios de energía eléctrica a través de la Opción Tarifaria, lo cual requiere que se tomen medidas”.
Para Rodríguez, la posible intervención de las compañías puede darse no solo en la región Caribe, sino a nivel nacional y comprende, además, un riesgo para otros servicios como el de gas, que en el caso de la Costa Caribe afectaría a más de 10 millones de habitantes.
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“El no pago oportuno a los prestadores del servicio desincentiva la prestación del servicio de energía, y pone en riesgo importantes avances en calidad y cobertura”, sostuvo el contralor.
Finalmente, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se adopten las medidas necesarias “y así evitar el riesgo sistémico que se cierne sobre el sistema a nivel nacional”.
