Analistas creen que el cuestionario de la consulta popular tiene más dudas que certezas. Las críticas de los expertos son duras y crudas sobre la formulación de las preguntas.
No es un secreto que la idea de una reforma laboral de este Gobierno incomoda al sector empresarial. Ahora ese temor por los mayores costos laborales y un aumento del desempleo revivió con el desarrollo de la consulta a la clase trabajadora
Y pese a que ese mecanismo tiene que ser aprobado primero en el Congreso de la República, luego cumplir con una cierta cantidad de votos, y volver a materializarse en un proyecto de ley. Las advertencias sobre lo perjudicial que resulta para la economía no han descansado.
Son numerosas, pero José Manuel Restrepo, rector de la EIA, recordó una en especial: la reforma laboral acabaría con 500.000 puestos de trabajo.
“Las empresas tomarían la decisión o de no aumentar, no ensanchar sus procesos de producción o eventualmente no tomar la decisión de invertir en Colombia”, sostuvo.
Un gasto innecesario
Pero la situación va más allá de tocar el mercado laboral. Esta consulta es calificada como un gasto innecesario. No hace falta ostentar el título de experto en finanzas para saber que en tiempos de poca liquidez hay que apretarse el cinturón para cuidar la salud financiera, pero el Gobierno parece ignorar dicha premisa.
Este ejercicio le podría significar a las arcas estatales el desembolso de hasta $700.000 millones. Un gasto extra en un año donde sus problemas de caja han sido protagonistas de numerosos titulares.
Ahora, la pregunta latente es ¿Vale la pena este gasto para insistir en la reforma?
La respuesta de los consultados por EL COLOMBIANO para la redacción de este artículo, comulgan en que se trata de una lista que incluye pregunta “obvias, absurdas y con mayor enfoque político y sin soporte en un juicio técnico”.
“Los temas que están en esas preguntas ya están incluidos en la legislación vigente, luego no se necesita preguntarlas. Otras son de respuestas autoinducidas y la mayoría de ellas, si no todas, no tienen una deliberación previa que valide, si es conveniente o no, la eventual respuesta que puede darse a través de las personas”, apuntó Restrepo.
Los expertos insistieron en que con ese mismo criterio se le podría preguntar a una persona si desea un aumento grande en su sueldo y la respuesta sería afirmativa. La cuestión es que eso aplicado en toda la fuerza laboral sería perjudicial para las empresas y para la inflación del país. Es decir, una respuesta mayoritaria no siempre es buena para la economía, que requiere sensatez y cabeza fría.
Jornada diurna
Los analistas creen que está es uno de las preguntas de mayor controversia. ¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde?
Se trata de la primera pregunta del documento. La primera cuestión es que se están haciendo dos consultas: una sobre la duración de horas y otra es la duración de la jornada diurna.
Eso tiene un problema según Iván Jiménez, docente del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana. Y es que habría un obstáculo para los trabajadores que prefieren laborar en la noche, pues no podrían porque la jornada terminaría a las 6 de la tarde.
Ahora, la pregunta establece un tope de 8 horas diarias, es decir 48 semanales. Y deja de lado la implementación de la Ley 2101 de 2021, que llevará el otro año la jornada a 42 horas semanales en el país. Y en julio de este año bajará a 44 horas.
Con esta Ley ya no hay un tope de 8 horas, sino que el trabajador debe acordar con el empleador como distribuir esas 44 horas (a julio de 2025) de trabajo en la semana. Mejor dicho, una persona podría trabajar 11 horas por cuatro días y descansar los tres restantes.
En ese sentido, si se aprueba la medida tal y como está en la pregunta, entonces se podrían llegar a perder esos beneficios ante la contradicción.
Otra cuestión es que el Ejecutivo está retrocediendo en lo pactado en el Congreso durante el tramite del proyecto de reforma. Eso porque se volvió a establecer el techo de la jornada diurna a las 6:00 de la tarde y no a las 7 de la tarde, como se acordó con el legislativo.
“Esto es un afán político de mostrar a los demás como antitrabajadores. Será un ejercicio de medición política: los que se abstienen no están con el Gobierno y los que votan lo apoyan, porque luego de la consulta el Gobierno tendrá que volver a presentar un proyecto de ley”, comentó.
Y eso no es todo. Los analistas han dicho una y otra vez que la reducción de la jornada diurna es una propuesta que no considera las particularidades de los sectores productivos. Un argumento soportado en que hay negocios que trabajan la gran parte del día, mientras otros funcionan de noche o dependen de esta para mantener gran parte de sus ganancias.
Por esa razón tendría un efecto negativo para los hoteles, restaurantes, cafeterías, bares, turismo, entre otros.
Contrato a término indefinido como regla general
El interrogante dice: ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general?
La pregunta fue calificada como “demasiado ambigua” por el docente del Observatorio Laboral. Sostuvo que actualmente el contrato a término indefinido ya es la regla general.
En otra palabras, según la legislación laboral colombiana, si entre el empleador y el trabajador no se pacta expresamente un tipo de contrato, y la persona empieza a laborar, se asume que es a término indefinido.
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“Se puede decir que esto ya existe. Ahora, si ellos están pensando que en poner el contrato indefinido como regla general, eso es otra cosa”, añadió.
La Corte Constitucional dictaminó en 1997 que la estabilidad laboral debe garantizarse en todas las modalidades de contrato de trabajo. Eso supone que ese beneficio no es único del contrato a término indefinido.
La lista de críticas frente a este numeral de la consulta no terminó ahí. José Manuel Restrepo señaló a esta pregunta de ser “prehistórica en materia de concepción laboral”.
El exministro de Hacienda sustentó su adjetivo en que el mundo laboral actual busca ser flexible. Los jóvenes y las profesiones propenden ser versátiles a las nuevos modelos y tecnologías.
Por ejemplo, el sector agropecuario no podría funcionar con contratos a término indefinido porque obedece a una lógica flexible en tiempos.
¿La pregunta más criticada de la consulta?
Hay que decir que entre los 12 interrogantes de la lista, la peor para el Observatorio Laboral fue: ¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales?
Para Jiménez hay un sesgo contra los contratos sindicales. Se ejerce un juicios laboral al señalar que “violan derechos laborales”.
“¿O sea, la norma permite que haya contratos que violan derechos?, no hay nada legal que permita la ilegalidad. Eso es absurdo. La pregunta está mal planteada (...)”, sentenció Jiménez.
Ahora, indicó que no hay claridad sobre si la intención es prohibir la tercerización, la intermediación o el contrato sindical.
Por ahora siguen lloviendo miradas y cuestionamientos sobre esta iniciativa. La consulta no se ha radicado en el Congreso, pero algunos críticos ya vaticinan que no contará con el umbral para aprobarse, otros creen que el golpe para la economía y el mercado laboral nunca llegará, pues solo es una intención del Gobierno para medir su caudal político de cara a las urnas del 2026.
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