Berenice es una mujer que cruza el umbral de los 50 años y tuvo que hacer una larga fila para reclamar Renta Ciudadana, el subsidio que estructuró el gobierno de Gustavo Petro para entregar hasta un millón de pesos a las familias vulnerables.
Ella hace vende desayunos en un barrio popular de Medellín y hace parte de los 12,5 millones de trabajadores informales y cuenta propia del país que necesitan de sus ingresos diarios para vivir, por necesidad, invirtió un día productivo en la formación frente a las instalaciones del Banco Agrario.
“Yo hice la fila ahí en la sede de Boyacá con Carabobo y tuve que sacar el día porque, en realidad, la plata se necesita, pero sinceramente yo estaba acostumbrada a recibir el giro por la aplicación del otro banco”, comentó la beneficiaria.
Ese es uno de los puntos que se le cuestiona al Departamento de Prosperidad Social (DPS), dado que, según los expertos en banca, los teléfonos celulares son una sucursal portátil y personal que parece estar desaprovechada en esta operación.
Mientras tanto, como en las épocas más críticas del desaparecido Seguro Social, se han formado aglomeraciones de ciudadanos buscando un servicio estatal, que en este caso, es Renta Ciudadana.
En medio de toda esa agitación, aparecieron los rebuscadores que vendían puestos en las filas y, con tal de hacerle el quite al sol veraniego, algunos accedían a negociar una mejor posición en las ‘colas’.
Adultos mayores, mujeres con niños en brazos y personas con movilidad reducida se mezclaban frente a las instalaciones del Banco Agrario, que fue el escogido para desembolsar la transferencia y que hoy, es protagonista de un intenso debate en el país: mientras los usuarios y varios expertos aseguran que la logística desborda su capacidad, el gobierno asegura que los informes de prensa hacen parte de una campaña de desprestigio.
Inclusive, en redes sociales, algunas personas aseveraron que las críticas son muestra de “dolor” porque “le quitaron el negocio a los bancos privados”. Sin embargo, no está claro cuál es el costo de intermediación que cobra el Banco Agrario y qué tan competitivo es frente al de las demás entidades financieras.
Lo cierto es que muchos beneficiarios afirmaron que, hasta 2022, podían recibir los subsidios en billeteras digitales, sin salir de la casa y sin sacrificar un día que podrían dedicar al trabajo o al cuidado de sus familias.
Presión extra
Un trabajador del Banco Agrario le confirmó a este diario que, tan pronto inició el pago del segundo ciclo de Renta Ciudadana, el pasado viernes 7 de julio, la avalancha de usuarios superaba la capacidad operativa de la entidad.
“La gente llegó y quería que le pagaran inmediatamente y eso es muy difícil (...) Las filas eran enormes en las ciudades donde hay más beneficiarios porque era la misma cantidad de trabajadores atendiendo al publico para depósitos judiciales —que eso es de gran congestión— y a los clientes de cuenta corriente, ahorro y crédito”, detalló.
Según relató, con el pasar de los días se ha ido atenuando el caos, pero apuntó que durante el pago del primer ciclo, no se presentaron los tumultos evidenciados la semana pasada. Y eso, desde su óptica, tiene una explicación: el banco había contratado los servicios de más establecimientos externos como Supergiros y Efecty.
Fue por concurso
Ante los ríos de gente que se estaban reportando, la directora del DPS, Cielo Rusinque, fue el blanco de todos los cuestionamientos.
Ella argumentó que esta entidad fue escogida en un ejercicio comparativo que se hizo a través de Colombia Compra Eficiente y aseguró que “más de 10 bancos presentaron su oferta y el Banco Agrario ofrecía las mejores condiciones en términos de tarifa, de cobertura y de acceso a todo el canal de servicios propios de la inclusión bancaria”.
Sin embargo, la aglomeración frente a las sucursales parecen indicar que la infraestructura que posee ese establecimiento es insuficiente. Cabe mencionar que, según lo dispuso el gobierno, las familias bancarizadas cobrarían primero esta transferencia y, al parecer, ahí se presentó la primera falla.
Según la misma Rusinque, “hay un proceso vertiginoso de bancarización, pasamos de 166.000 beneficiarios bancarizados a más de 800.000”. La anterior cifra correspondería entonces al 78% de la población cobijada con este auxilio, que totaliza un 1.020.000. Vale preguntarse entonces: ¿No proyectó el DPS el crecimiento de las familias bancarizadas para elegir el operador?
De acuerdo con la información compartida por el mismo Banco Agrario, este cuenta con 793 oficinas en Colombia, pero cerca del 49% están concentradas en seis de los 32 departamentos del país (Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Valle del Cauca y Santander).
El número de sucursales en relación a la cantidad de beneficiarios fue el detonante del reproche al DPS y, según otros relatos de quienes hicieron fila, tuvieron que desplazarse desde sus municipios de origen hacia otras cabeceras para hacer efectivo el subsidio.
Por ejemplo, en Antioquia se contabilizan 161.543 familias beneficiarias y un total de 105 oficinas. Pero la situación puede ser más compleja en departamentos como, Chocó, La Guajira y Putumayo, en donde hay menos de 10 sucursales disponibles pese a que tienen 31, 15 y 13 municipios, respectivamente.
Ante esa situación, inevitablemente hubo comparación con la logística del desaparecido Ingreso Solidario, cuya entrega tuvo convenio con 18 entidades financieras —incluido Banco Agrario— y la red conjunta de oficinas superaba las 5.400, sin mencionar que también estuvieron habilitadas las billeteras digitales de Bancolombia, Nequi, Daviplata y Movii.
Sobre los cajeros automáticos, el Banco Agrario opera a través de los dispuestos por Servibanca, que son cerca de 1.373, pero también están centralizados y el 72% se localizan entre Cundinamarca, Antioquia, Valle y Atlántico.
Cabe recordar que, al cierre de 2022, Colombia atendía a cuatro millones de beneficiarios con Ingreso solidario, 2,9 millones más frente a la población que está registrada en Renta Ciudadana y la red de cajeros dispuesta para esa operación rebasaba los 4.600.
No todos a la vez
Lo cierto es que la directora de Prosperidad Social defendió que los beneficiarios no tienen que hacer ninguna fila, porque “el recurso está garantizado y no tiene un límite de tiempo (para reclamarlo)”.
“Para los que no son bancarizados y hacen uso de empresas aliadas como Supergiros o Su Red, se estableció un mecanismo de pico y placa y la dispersión se garantiza hasta el 31 de julio. Es decir, no se tienen que precipitar el primer día a hacer las filas”, añadió la funcionaria.
Esas declaraciones atrajeron más críticas en redes sociales, en donde quienes discutían le recalcaron a Rusinque que, si las personas acuden a reclamar el subsidio, es precisamente porque tienen necesidades inaplazables.
En ese orden de ideas, quienes opinaron al respecto, comentaron que esa recomendación suena inviable y es como si cualquier banco comercial les pidiera a sus usuarios no retirar el salario los días de quincena.
¿Sesgo hacia lo público?
El profesor Moisés Wasserman fue una de las personalidades que lanzó críticas a la logística de Renta Ciudadana y afirmó que “es un ejemplo del daño que hacen los dogmatismos”.
Con ello, el académico puso la lupa en una discusión que se viene desarrollando desde que Petro asumió la Presidencia, esa que está relacionada con la inclinación hacia una sociedad atendida principalmente por el Estado.
Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, comentó durante el pasado Congreso de Andesco 2023, que el presidente está hablando de poner al Estado en el centro de todo.
“Ese es un cambio de modelo grande y está orientado por la ideología de que el Estado es mejor y puede hacer mejor las cosas. Y nosotros en Colombia, si algo hemos aprendido, es que la mezcla del sector privado con una buena regulación, ha funcionado bien (...) entonces esta no es la hora de cambiar el modelo”, señaló.
Esto enlaza, entre otras cosas, con la exclusión de la banca privada de la operación de Renta Ciudadana, que le fue conferida al único banco público del país: Banco Agrario.
De momento, la directora del DPS atribuyó la aglomeración a “desinformación que se generó en la ciudadanía y a esa ansiedad por cobrar rápidamente el recurso”.
Enfatizó en que los beneficiarios “tienen la posibilidad de cobrar en el Banco Agrario y, los bancarizados, pueden generar un código en su celular para retirar en cualquier red bancaria normal”.
“De todas maneras, para evitar las aglomeraciones, el Banco Agrario está tomando medidas, está abriendo puntos de pago adicionales (...) y también se están haciendo servicios de caja extendida, porque lo ideal es que no se presenten estas filas. Valga decir que, de 911 puntos que tienen el banco, solo está ocurriendo esa pequeña congestión en más o menos nueve en todo el territorio nacional”, puntualizó.
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millón de beneficiarios contabiliza el DPS en el subsidio de Renta Ciudadana.
