A muchas zonas rurales los subsidios no llegan y otras se quedan con construcciones a medio hacer. EL COLOMBIANO recorrió las calles empedradas de San José de Apartadó, donde campesinos siguen esperando una vivienda digna.
La casa de Luz Deney es pequeña, las paredes son de tabla, el techo tiene unas cuantas tejas de zinc y el piso está bastante agrietado, con hendiduras que parecen pequeños cráteres pero que no son causadas por meteoritos sino por la precariedad.
Allí no entra la señal de celular y el polvo de la única carretera que conecta al corregimiento de San José con Apartadó se cuela entre las fisuras. Al fondo se escucha el cacareo de las gallinas y se expande el humo y el olor del fogón de leña que está en el patio. En las paredes del pasillo que da la bienvenida a su hogar cuelga, junto a las fotos del álbum familiar, una ilustración de una cabaña frente a un lago. Luz Deney no sabe si es un anhelo proyectado o solo es decoración.
—En todo caso —dice en tono de resignación—, si me llegan a arreglar mi casa ojalá no sea igual de chiquita a las que he visto por aquí. Porque no es como uno la necesite, sino como se la quieran hacer. Y yo necesito espacio para tener a mi muchachito.
Corría el año 2017 cuando Luz Deney fue notificada como beneficiaria de un mejoramiento de vivienda. Desde entonces, está esperando tener un “rancho” sin más remiendos improvisados, pues pocas cosas le han dado más felicidad que imaginarse un techo nuevo que le quite la amenaza de una inundación con cada aguacero.
—Me pidieron papeles, los reuní y entregué. Me dijeron que era una convocatoria entre la alcaldía y un banco. Después de muchos meses me llamaron para decirme que había sido una de las beneficiadas, pero nunca más volví a saber algo. Ya han pasado siete años —agrega—, y a mi esposo y a mí nos tocó hacerle remiendos a este rancho, porque nos escampábamos más afuera que adentro.
Fue así que con algunas tejas de zinc taparon las goteras, y con tablas y plásticos se las ingeniaron para improvisarle una habitación a Edison, uno de sus cuatro hijos, que sufre una discapacidad.
—Él dormía con nosotros, pero a veces se ponía agresivo, así que le construimos una piecita aparte. Mi esposo es jornalero y yo me quedo cuidando al niño. Tenemos una parcela y allá sembramos plátano, yuca y fríjol. Aunque por estos días está difícil que la tierra produzca. No ve que pedimos un crédito de 5 millones de pesos con el Banco Agrario para los cultivos, pero la huerta no ‘pelechó’ —cuenta.
Y remata, con indignación, que el país “quiere que los campesinos sigamos cultivando la tierra, cuando ni siquiera tenemos dónde vivir sin mojarnos”.
La falta de un techo que proteja
Cae la tarde en San José y las nubes grises avisan que si llueve, esa carretera polvorienta, que hace cuatro años prometieron pavimentar, se convertirá en una trocha. Cerca al casco urbano se alcanzan a ver algunas construcciones abandonadas, cubiertas de musgo y roídas por el paso del tiempo, la lluvia y el calor: pertenecen a campesinos a los que también les hicieron la promesa de una mejor vivienda que nunca llegó.
Es el caso de Nancy Mejía, quien llegó a San José desplazada por la violencia. A ella le prometieron hace años la construcción de una casa nueva, un anhelo que tomó más fuerza cuando nació su hijo.
—Yo tengo un terreno pequeño, que es lo único que le puedo dejar a mis hijos. Por eso, cuando me dijeron que había salido beneficiada, me puse a organizarlo, a quitar la maleza, fueron días de trabajo de sol a sol para adecuarlo.
Ese suplicio ya para Nancy es familiar. Hace más de 10 años su papá también salió beneficiado en un proyecto, pero murió y nadie le cumplió. —A él le prometieron una casita, pero nunca la terminaron de hacer. Pusieron adobes, llegaron con algunos materiales y no pasó nada más. Esa construcción quedó a medias, abandonada y llena de maleza. Aquí en el pueblo hay casas que ya se pudrieron. Sacan proyectos, la gente sale beneficiada, pero no los terminan, ¿para dónde se va esa plata? No se sabe.
Y es que a se pequeño corregimiento, que ha vivido bajo la sombra del conflicto armado, sorteando las consecuencias de una guerra de la que no es parte, lo cubre el mismo mal que a la mayoría de zonas rurales del país: casi toda su población es informal, trabajan por jornales, les es difícil acceder a créditos y no cuentan con una casa digna ni con servicios básicos.
—A los campesinos nos han negado lo fundamental. No tenemos buenas vías, ni hospitales, escuelas, conectividad, agua potable, vivienda, créditos ni títulos de propiedad de la tierra —dice Rubén García, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de San José de Apartadó.
La anterior es una realidad que, además, se aleja bastante de los requisitos que estableció el Ministerio de Vivienda para acceder a casas de interés social: por medio de la Resolución 725 de 2023 se exige, entre otras cosas, “certificación en la que conste que el lote cuenta con disponibilidad de infraestructura y servicios públicos: energía, agua potable y recolección de residuos”.
Pero las condiciones de vida de las familias campesinas no son precisamente las más dignas: en Colombia hay 142.284 kilómetros de vías terciarias, pero solo 10% está en buen estado; a esto se le suma que 1,5 millones de hogares aún cocina con leña y solo 20% de los municipios tiene un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente.
En cuanto a vivienda, el panorama es más complejo. Según datos del Departamento Administrativo de Estadística (Dane), en 2023, 5,1 millones de hogares colombianos (28,9%) presentan déficit habitacional; es decir, habitan en casas con deficiencias en estructura, espacio y disponibilidad de servicios públicos (cualitativo) o necesitan construcciones nuevas para vivir (cuantitativo).
Mientras en las ciudades el déficit es de 19,6%, con 2,7 millones de hogares (16,5% en cualitativo y 3,1% en cuantitativo), en el campo se ubicó en 62,1%, con 2,4 millones de familias (42,1% cualitativo y 19,9% cuantitativo). De esos hogares rurales, 1,6 millones están en casas con deficiencias estructurales y 778.000 necesitan una nueva para vivir.
Si bien a nivel nacional hubo una reducción en el déficit habitacional entre 2022 y 2023, en Antioquia las cifras se dispararon. Solo en la ruralidad, el porcentaje de familias que necesitan una solución habitacional ascendió a 60,8% (frente al 57,5% de 2022), con 269.000: 201.000 están en déficit cualitativo (45,3%) y 69.000 en cuantitativo (15,5%). Esto quiere decir que 18.000 familias antioqueñas más no cuentan con una casa en condiciones dignas.
Desde la Empresa de Vivienda de Antioquia (Viva) reconocieron que hay un retraso “sustancial” en términos de mejoramientos y nuevas construcciones residenciales.
—En los últimos cinco años, en Antioquia se han hecho 19.000 mejoramientos y un poco más de 3.000 viviendas rurales. Para construir en el campo hay que juntar a muchos actores: desde el gobierno, con los subsidios, hasta empresas, constructores y fundaciones. Una vivienda rural nueva cuesta entre $60 millones y $80 millones y el departamento solo no es capaz de atender todo el déficit que tenemos —explica Rodrigo Hernández, gerente de Viva Antioquia.
La dificultad —añade— es que la norma que rige el suelo rural muchas veces no facilita la construcción en sitio, porque “el ordenamiento territorial no se compadece de las necesidades de los campesinos”.
En términos generales, la deuda con la vivienda rural en Colombia, según le dijo el Ministerio de Agricultura a EL COLOMBIANO, asciende a 49.305 subsidios de Vivienda de Interés Social (VIS) pendientes por entregar durante un acumulado de 20 años.
Y aunque con la llegada del gobierno del presidente Gustavo Petro, el Ministerio de Vivienda se comprometió a otorgar anualmente 100.000 subsidios de Cambia Mi Casa, el programa nacional de mejoramientos, las cifras arrojan que en 2023 apenas se otorgaron 3.343 subsidios de este tipo en zona urbana y solo 115 en zona rural.
En cuanto a construcciones nuevas, que las rige Mi Casa Ya, se entregaron 75.000 subsidios, pero solo 2.413 correspondieron a zonas rurales; es decir, apenas 3,2% de las ayudas del Gobierno.
En palabras de Francesco Orsini, director de Hábitat de Comfama, “hemos estado tan concentrados en atender los retos generados por los procesos de la acelerada urbanización, que se nos olvidó que en el campo también teníamos compromisos en materia habitacional”.
Una vivienda diferencial
Aplicar las lógicas de la vivienda urbana en territorios rurales tampoco es lo adecuado. Se tratan de estilos de vida muy diversos desde lo cultural, lo ambiental y lo funcional.
Orsini recuerda que un recorrido veredal en Urabá, Jorge, un campesino de la zona que se dedicaba al cultivo de plátanos, lo invitó a su casa. Era de madera, algo precaria y con una cocina al aire libre protegida por una cubierta provisional. Allí notó que a pocos metros había una construcción en material, algo reciente, que parecía sin ocupar.
Al preguntar, el campesino le dijo que aquella casa era resultado de un programa estatal y que habían decidido mejor volver bajo su techo original, dejando la nueva como depósito, pues no cumplía con las expectativas del grupo familiar.
—Uno de los problemas que tenemos en Colombia es que seguimos llegando al campo con viviendas que no responden a las necesidades culturales, geográficas y climáticas de esas poblaciones. Es inútil invertir millones en prototipos de casas que no responden a esas lógicas. Nos estamos centrando en lo estético y estamos dejando de lado la calidad y la funcionalidad —dice Orsini.
Quienes viven en lugares como La Mojana, por ejemplo, conviven permanentemente con el riesgo de inundaciones. La región es parte de la Depresión Momposina (una llanura inundable) y es común que, en distintos momentos del año, el agua suba a las casas de quienes viven en sus orillas. Esto hace que se requiera de viviendas tipo palafíticas, que se adapten a esa realidad.
De hecho, la encuesta de Calidad de Vida del Dane arrojó que el 9,5% de los hogares rurales del país reportó el año pasado haber sufrido eventos climáticos (como inundaciones) que afectaron la vida de alguno de sus integrantes.
—Las viviendas rurales tienen que empezar a incorporar una serie de predisposiciones para mitigar los efectos del cambio climático, mediante técnicas propuestas desde el diseño y la arquitectura. Y eso va más allá de la entrega de un subsidio; es tratar de garantizar no solo un techo sino atacar vulnerabilidades sociales, ambientales y económicas, que son mucho más altas que en lo urbano. El problema es que hasta hoy en el país no hay una oferta especializada, ni la capacidad instalada —comenta el director de Hábitat de Comfama.
Necesidades como estas quedaron plasmadas cuando el entonces gobierno de Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla de las Farc discutían en el Acuerdo de Paz la urgencia de una política pública de vivienda campesina que tuviera en cuenta las particularidades del medio rural y de sus comunidades.
En el punto número uno del documento, que fue firmado en 2016, se estipuló que el Estado debía crear e implementar un Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de la Vivienda de Interés Social Rural, a través del cual se garantizara “la aplicación de soluciones de vivienda adecuadas, que se fijaran atendiendo los requerimientos y costos de cada región”. Sin embargo, no fue hasta 2020 que el MinVivienda incorporó una Política Pública de Vivienda Rural. Pero aunque en el papel todo se ve claro, en la realidad los vacíos se agudizan más.
La tarea de construir en el campo
Rubén lleva ocho años liderando la JAC de San José de Apartadó y se le frunce el ceño cuando habla sobre las necesidades, injusticias y carencias bajo las cuales vive su comunidad.
—Aquí los proyectos de vivienda los llenan de gente, pero luego se dan cuenta de que algunos beneficiados viven en las partes altas de las veredas y no los terminan por los altos costos que conlleva.
Ese poco interés de construir en el campo fue abordado por la exministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, quien en medio de la controversia que generó el proyecto de ley de los topes máximos al impuesto predial, reconoció el gran vacío que tiene la política pública rural.
En ese momento, Mojica enfatizó en que los constructores ni siquiera construyen en el campo: “Hace seis años no se ejecutan proyectos de vivienda rural, con deudas enormes con gente que tumbó casas esperando que llegara y no llegó. Se han centrado solo en las ciudades”.
Pero desde la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) discrepan. Consultado por este diario, Guillermo Herrera, presidente del gremio, recalcó que la tarea de reducir el déficit habitacional es responsabilidad de los gobiernos. Y argumentó que estas zonas no cuentan con una densidad poblacional que garantice la demanda y la falta de infraestructura puede resultar en sobrecostos.
—Las necesidades son diferentes. En las ciudades está la ventaja de las aglomeraciones, cuentan con infraestructura de servicios públicos y se puede hacer producción a gran escala. Con una ventaja adicional y es que hay más hogares con niveles de ingresos medio, con más capacidad financiera.
Para el líder gremial, esto no se da en igual medida en el campo. —Casi el 90% de los hogares rurales tiene ingresos inferiores a dos salarios mínimos. Y allí no puedes hacer producción a escala, entre otras cosas, porque el suelo rural, en virtud de la ley, no está para urbanizar sino para vocación productiva, donde deben predominar viviendas de una sola familia y donde los niveles de ingresos son muchísimo más bajos —explica.
Uno de los problemas, añade, es que estos hogares tienen gran dependencia en subsidios, por lo que los montos de las ayudas del Gobierno deberían ser más altos que en ciudades.
—La pregunta que uno tendría que hacerse es cómo reducir el déficit habitacional en suelo rural si no hay subsidios. En el sector privado estamos dispuestos a participar, pero allí hay una condición de mercado diferente, donde sí o sí se requiere de un despliegue amplio de financiación pública.
La tenencia de la tierra
Hablar de hábitat rural también es hablar de esa desigualdad en la distribución del suelo; una deuda histórica del Estado que se profundizó con la violencia.
Esto, puesto que la propiedad de la tierra tiene una relación directa en la producción de vivienda. De acuerdo con Elizabeth Londoño, directora de Soluciones de Vivienda de Cementos Argos, mucha parte del suelo rural no está legalizado, por lo que a las empresas se les dificulta construir.
Datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) ejemplifican esta situación: en el país hay 3,6 millones de predios rurales registrados como propiedad privada, los cuales representan 49,3 millones de hectáreas. Lo que significa que menos de la mitad (47%) del área rural del país está registrada.
Además, pese a que el 65,8% de los predios rurales registrados se catalogan como microfundios (de pequeños productores agropecuarios), solo representan el 4% del área rural total; mientras que los latifundios (fincas de gran extensión), que representan solo el 0,8% de los predios, ostenta un impresionante 44% del área rural de propiedad privada. (Ver gráfico).
En un informe para el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), el investigador Alejandro Reyes explica que las fallas estructurales de los instrumentos de la política de tierras son ventajas para la acumulación rentística del suelo, que favorecen a las élites de cada región, que controlan la administración, y perjudican al campesinado que ocupa nuevos territorios con la esperanza de tener un techo y un derecho a la propiedad.
La inclusión también cojea
Sentado en una banca del parque principal de Apartadó, Rubén se toma un tinto y se escampa de las gotas de lluvia que se comienzan a asomar. Con un tono de lamento se refiere a la poca profundización financiera que hay en su comunidad y que les ha dificultado el acceso a créditos y subsidios.
—El 99% de nuestra comunidad no ha sido beneficiada con proyectos de vivienda. Muchos también se han perdido convocatorias por la conexión precaria: de las 32 veredas que tenemos, 25 no tienen vías ni entra señal de celular.
También en conectividad, las brechas entre lo urbano y lo rural se mantienen bastante profundas. Un estudio de la Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico (Ocde) muestra que en Colombia el 57,6% de los hogares urbanos cuenta con accesibilidad a una conexión de internet, pero este porcentaje cae al 12,7% cuando se trata de zonas rurales.
Por otro lado, un informe de la Banca de las Oportunidades evidencia que, mientras en 2023 en las ciudades se otorgaron 61,03 créditos de vivienda por 10.000 habitantes; en el campo fue de apenas 2,27 créditos.
Todo lo anterior se agrava por los bajos salarios y la informalidad —84,2% de los campesinos del país son informales—, que no compensan el sudor de su frente y los callos de sus manos.
La anterior situación, que hace que a los campesinos se les dificulte ser beneficiarios de subsidios, ya ha sido advertida por la Contraloría General de la Nación, quien ha cuestionado la eficiencia de Mi Casa Ya, pues considera que los ajustes realizados a través del esquema de preasignaciones no están siendo consecuentes con las características socioeconómicas de la población vulnerable que busca favorecer, que ni siquiera tiene la capacidad de pago para acceder al sistema financiero.
Según sus hallazgos, es contradictorio que se busque priorizar a los municipios de categoría 5 y 6 (los más pobres), las zonas rurales y las categorías más bajas del Sisbén, pero se exija a esas familias demostrar capacidad financiera para acceder a un crédito y contar con recursos para pagar el valor de la vivienda.
Bajo este escenario, Londoño explica que es difícil que los bancos les presten a estas poblaciones. —Y aunque algunos créditos hipotecarios VIS han tenido tasas de interés diferenciales, a las familias no les alcanza para pagar una vivienda, porque no tienen historial de pagos ni acceso a cajas de compensación —dice.
Para la Asociación de Entidades Financieras y Bancarias (Asobancaria), el punto de partida para entender el porqué del bajo acceso al financiamiento en la ruralidad involucra el perfil que caracteriza al campesino; la alta prevalencia de la informalidad laboral y aspectos estructurales (sociales, económicos, culturales y geográficos) de la zona rural.
El gremio aseguró a este diario que, en la medida en que aumente la oferta de programas enfocados en la ruralidad, el sistema financiero seguirá siendo un actor fundamental para el apalancamiento de proyectos: “En las ocasiones en que se han diseñado programas de mejoramientos de vivienda rurales, líneas como el Crédito de Fomento Agropecuario y Rural han sido aprovechadas por los hogares, priorizando las inversiones que conlleven a la mitigación y adaptación al cambio climático y el uso de materiales sostenibles”.
Así las cosas, los analistas consultados coinciden en que se debería crear un ecosistema alrededor de la vivienda rural, donde gobiernos, fundaciones, bancos y constructores no trabajen de manera aislada, sino que juntos impulsen mecanismos, políticas e incentivos.
Por lo pronto, los habitantes de San José de Apartadó seguirán esperando. No hay soluciones mágicas ni respuestas a muchas preguntas y reclamos. Luz Deney, Rubén y Nancy son apenas un pequeño reflejo de la cruda realidad en la que vive la mayoría de los 4,1 hogares campesinos que tiene Colombia.
Y aunque parece que ya perdieron la esperanza, en el fondo siguen soñando con que una llamada o un mensaje les avise que, por fin, podrán tener una techo digno.
