El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué declaró al Parque Nacional Natural los Nevados como Sujeto Especial de Derechos para su protección, recuperación y conservación con enfoque integral.
El Tribunal determinó que el Parque sufre actualmente un grave impacto ambiental, por cuenta de la deforestación, degradación, erosión y fragmentación ecológica a causa de actividades nocivas para el medio ambiente, como la ganadería extensiva, la expansión de la frontera agrícola, caza indiscriminada, minería, construcción de vías 4G, densidad poblacional humana, entre otros factores.
En tal sentido, ordenó que más de 20 entidades conformen un comité para planear y ejecutar el “Plan Conjunto de Recuperación, Manejo, Mantenimiento y Conservación del Parque Nacional Natural de los Nevados”.
Entre las entidades accionadas se encuentra la Presidencia de la República, por lo cual el presidente Iván Duque tiene 15 días para designar el representante del Gobierno, acción que deberán replicar los siguientes organismos: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Autoridad Nacional de Licencias Nacionales, Ministerio de Minas y energía, Agencia nacional de minería, Ministerio de transporte, Agencia Nacional de infraestructura, Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, Corporación Autónoma Regional del Quindío, Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Carder, y Corpocaldas.
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A partir de la designación, los representantes tendrán 5 meses para trazar el plan de implementación para la recuperación del Parque.
Debate en torno a las sentencias
Con esta ya son once sentencias en las que la justicia del país reconoce a ríos y ecosistemas como entidades vivas y, como tal, le exige al Estado garantizar que sus derechos se cumplan a cabalidad, igual como debe hacerlo con cualquier ciudadano colombiano.
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Sin embargo, son cada vez más los expertos que consideran que este mecanismo se ha desgastado y no ha logrado una verdadera justicia ambiental, entre múltiples factores, porque la capacidad del Estado está desbordada, y también porque los fallos le asignan responsabilidades a municipios que no tienen capacidad presupuestal para cumplir con lo que le corresponde.
Además, la coordinación entre las diferentes entidades se torna siempre compleja y dilata el cumplimiento bajo los tiempos que impone la justicia.
El ejemplo más reciente de esto ocurre en el Parque Isla de Salamanca, en la Ciénaga del Magdalena, arruinado durante años por incendios continuos, varios de estos ocurridos en los últimos dos meses, a pesar de que fue declarado sujeto de derechos en junio pasado. Hechos que le otorgan razón al escepticismo de este mecanismo entre academia y ambientalistas.
