En lo que va corrido del 2025, el Aeropuerto José María Córdova ha recibido cinco vuelos de deportación con aproximadamente 152 personas
La Personería de Medellín publicó en la tarde de este miércoles un comunicado en el que señala la falta de coordinación institucional para atender a las personas deportadas, lo que ha derivado una crisis humanitaria en la región.
Ante esta situación, la entidad solicita con urgencia “la implementación de estrategias interinstitucionales que garanticen la protección de los derechos de los deportados y su adecuada reintegración social”.
Y es que los recientes cambios en las políticas migratorias de los Estados Unidos y la implementación de medidas más estrictas en la detención y expulsión de migrantes inadmisibles, ha generado una preocupación sobre los posibles impactos que estas decisiones puedan tener en los países receptores, incluido Colombia.
En Antioquia el problema ya es evidente: en lo que va corrido del año, el Aeropuerto José María Córdova ha recibido cinco vuelos de deportación con aproximadamente 152 personas, algunas de ellas en condiciones de vulnerabilidad.
Entre estas, la Personería Distrital de Medellín ha documentado casos de amenazas de grupos al margen de la ley, personas sin recursos para llegar a sus lugares de destino y solicitudes de apoyo psicosocial, debido a la difícil experiencia vivida durante el proceso de deportación.
Esta falta de articulación institucional en la recepción y acompañamiento de estas personas constituye una alerta humanitaria, asegura el ente.
“La situación está generando un impacto social y económico en el Valle de Aburrá y municipios aledaños, lo que exige una coordinación interinstitucional efectiva y la implementación de programas de reintegración”, explican.
Este no es un llamado de alerta nuevo. Ya hace un par de meses, con las llegadas de los primeros vuelos de deportados, la Personería de Rionegro alzó la mano.
Jorge Restrepo, personero del municipio del Oriente antioqueño, denunció que tras los primeros dos vuelos que arribaron al José María Códova la situación de muchos ciudadanos había sido de absoluta incertidumbre y el grueso de los órganos de control y entidades garantes de los derechos humanos no se habían hecho presentes.
Además de esos migrantes desorientados y sin recursos, Restrepo recordó que también son necesarios protocolos robustos para activar las rutas de atención en caso de que haya menores de edad que deban ser puestos bajo el cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) mientras se resuelve su situación.
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Recientemente, Restrepo indicó que entre el 80 y el 90% de los deportados que llegan al aeropuerto de Rionegro no tienen como lugar de origen o destino el departamento de Antioquia. Sin embargo, el funcionario agregó que en los últimos vuelos había habido una mejor articulación institucional con Prosperidad Social.
Así es que en el marco de esta nueva alerta la Personería Distrital de Medellín, le solicitó a la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín; Migración Colombia; Prosperidad Social y el Ministerio de Relaciones Exteriores, información detallada con los programas, acuerdos y políticas existentes para atender esta situación así como el procedimiento por el cual se dará atención a los connacionales deportados y retornados una vez se encuentren en el territorio nacional.
