El Acuerdo de Escazú es un hito en la historia de la justicia ambiental en América Latina y el Caribe, al consolidarse como el primer tratado regional que combina el derecho ambiental con los derechos humanos, enfocándose en la protección del medio ambiente y de quienes lo defienden.
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Este acuerdo, firmado en 2018 y ratificado por Colombia en 2022, volvió a ser noticia este 28 de agosto, luego de que la Corte Constitucional declarará constitucional y exequible la Ley 2273 de 2022, “por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Escazú para el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales”, explicó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Aspectos clave del Acuerdo de Escazú, según WWF Colombia
1. Protección de defensores ambientales: El Acuerdo de Escazú es único en su enfoque al garantizar la seguridad de las personas defensoras del medio ambiente. Según María Inés Rivadeneira, Coordinadora de Políticas de WWF América Latina, “es vital que los países que aún no han ratificado el Acuerdo lo hagan de manera urgente para asegurar entornos seguros y libres de violencia para quienes protegen nuestro entorno”.
2. Acceso a la información: El acuerdo promueve el acceso a la información ambiental, lo que permite a los ciudadanos estar mejor informados y participar activamente en la toma de decisiones que afectan su entorno. Esta transparencia es esencial para fortalecer la democracia ambiental en la región.
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3. Participación pública: Fomentar la participación ciudadana es otro de los pilares del Acuerdo de Escazú. Esto garantiza que las voces de las comunidades afectadas por proyectos de gran impacto ambiental sean escuchadas y consideradas en los procesos de toma de decisiones.
4. Acceso a la justicia: El acuerdo establece mecanismos para que las personas puedan acceder a la justicia en casos de daños ambientales, fortaleciendo la institucionalidad y la cooperación internacional. “El Acuerdo de Escazú es un instrumento clave para saldar una deuda histórica con la naturaleza y con las personas defensoras del medio ambiente”, señala WWF.
Impacto del Acuerdo de Escazú en Colombia
La reciente decisión de la Corte Constitucional de Colombia de declarar exequible el Acuerdo de Escazú marca un momento histórico para la protección ambiental en el país. Esta aprobación no solo refuerza la importancia de proteger la biodiversidad, sino que también reconoce la crucial labor de los defensores ambientales. Según el informe de Global Witness de 2023, Colombia fue el país con el mayor número de asesinatos de defensores ambientales en el mundo, con 60 casos registrados.
El Acuerdo de Escazú, al ser integrado formalmente al marco jurídico colombiano, fortalece la institucionalidad ambiental y establece un nuevo estándar para la protección de los derechos humanos en asuntos ambientales. Además, es un respaldo a las políticas de sostenibilidad y biodiversidad que Colombia ha venido impulsando, especialmente con la designación del país como sede de la próxima Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad, COP16.
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“Colombia tiene una deuda histórica con la naturaleza y con las personas defensoras de nuestro ambiente, una deuda que no se resolverá de la noche a la mañana, pero que el Acuerdo de Escazú nos ayudará a saldar”, enfatiza WWF. Este tratado no solo fortalece la normativa ambiental, sino que también promueve la cooperación internacional y el fortalecimiento de capacidades a todos los niveles.
Es decir, el Acuerdo de Escazú representa un avance significativo en la protección ambiental y de los derechos humanos en América Latina y el Caribe. Para Colombia, su ratificación y la reciente aprobación por parte de la Corte Constitucional son pasos cruciales hacia la creación de un entorno más seguro y justo para todos aquellos que luchan por la preservación de nuestro planeta. Como afirma María Inés Rivadeneira de WWF, “los gobiernos deben seguir avanzando hacia mecanismos de implementación coherentes con las complejas circunstancias que enfrenta nuestra región”.
