Pocos días después del cambio de gobierno, Empresas Públicas de Medellín (EPM) decidió sacar de su nómina a un grupo de 13 funcionarios que habían ingresado a esa compañía durante el cuatrienio anterior y fueron señalados como fichas cercanas al exalcalde Daniel Quintero.
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Dentro de los casos más sonados, estuvo el despido de María Camila Villamizar, una de las escuderas de mayor confianza del exalcalde y quien saltó de la administración distrital a ocupar el cargo de directora de Relacionamiento con el Gobierno Nacional.
En una polémica que duró varios días, en los que la empresa intentó fallidamente comunicarse por teléfono con Villamizar para pedirle su renuncia, finalmente EPM terminó enviándole una notificación por correo electrónico de que su contrato se terminaría sin justa causa y asumió una indemnización de entre $68 y $73 millones.
Aunque entonces los reflectores públicos se posaron principalmente sobre Villamizar, dentro de la lista de otros funcionarios que también fueron removidos de la compañía por esos días estuvieron directivos como el vicepresidente de Transmisión y Distribución de Energía, Andrés Moreno Múnera; Carmen Rosa Ángel, quien llegó a fungir como gerente (e) Ambiental y Social; el director de Relaciones Externas, Fabio Andrés Guerra, y el gerente del Programa Trébol, Javier Darío Fernández.
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Luego de esa polémica, una de las directivas a las que EPM les terminó el contrato, Carmen Rosa Ángel, entregó su versión de lo ocurrido, sosteniendo no ser ficha cercana al grupo político del exalcalde, pese a las versiones internas en la compañía que apuntaban en ese sentido.
Al ser consultada sobre cómo fue su salida, Ángel señaló que se enteró de su despido el pasado 9 de enero, día en el que regresó de sus vacaciones.
“El 9 de enero yo regresaba de vacaciones. Alrededor de las 8 de la mañana llegó un abogado laboral, me entregó la resolución de terminación del contrato laboral sin justa causa y así fue. No me dieron ninguna información. En la resolución estaba muy claro que no había motivo y que era una terminación de contrato laboral sin justa causa”, expresó la exfuncionaria.
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Pese a que Ángel comenzó a trabajar en EPM desde octubre de 2021, un periodo en el que la empresa ya era objetivo de múltiples cuestionamientos por recibir varias figuras cercanas al exalcalde Quintero, la exfuncionaria se mantuvo en que ingresó a la empresa por méritos y no por lealtades políticas.
“Yo no pertenezco a ningún partido político. Entré a EPM fruto de un proceso de selección por una vacante que se dio de director de Ingeniería de Riesgos. A ese proceso de selección fui invitada incluso por personas de EPM, me refiero a Gestión Humana. Fue un proceso que demoró cerca de tres meses e incluso también participó Manpower, que es una headhunter”, expresó Ángel, argumentando además acumular más de 20 años de experiencia en el sector privado.
Pese a que durante su paso por EPM, Ángel admitió trabajar junto a otros exvicepresidentes que fueron cercanos al exalcalde Quintero, como fue el caso del exgerente de la EDU Wilder Echavarría, que saltó a EPM a ser vicepresidente ejecutivo de Proyectos e Ingeniería, o el exvicepresidente de Riesgos, Andrés Felipe Uribe Mesa, insistió que su relación con ambos no habría sido política y se habría reducido a lo técnico.
“Yo soy una persona muy técnica. Para mí lo importante era sacar adelante los retos. No sentía y no estaba pendiente de esos temas políticos, porque finalmente soy cero política”, dijo.
