El Tribunal Superior de Medellín acaba de ratificar a la Universidad de Medellín como víctima en el proceso que se adelanta en contra del exsenador liberal Julián Bedoya, por el conocido caso del título el cual la Fiscalía lo acusa de haber obtenido de manera ilegal, un largo pleito en medio del cual la Universidad le retiró el título como abogado que obtuvo de manera exprés y además la Procuraduría lo halló responsable de varias irregularidades por lo que lo sancionó por diez meses para ejercer cargos púbicos.
Después de que el abogado de la universidad presentara los argumentos para demostrar que el claustro educativo se vio afectado no solo reputacional sino económicamente después de que el escándalo por el presunto título chueco de Bedoya saliera a la luz, tanto la Fiscalía como el representante del Ministerio Público apoyaron la propuesta, y en ese sentido la juez falló en favor de la Universidad.
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En la audiencia del pasado mes de octubre, el abogado de la universidad le pidió al juez reconocer a la institución educativa como víctima en el proceso y entregó pruebas que, en su consideración, validaban la petición. El apoderado de la UdeM presentó un estudio de reputación que la entidad contrató en 2022 con la firma encuestadora Invamer, en el que los comentarios negativos más frecuentes entre los encuestados (estudiantes, egresados, profesores y empresarios) confirmaban la pérdida de confianza en la entidad por “los escándalos y dificultades que ha tenido” o porque consideraban que la universidad era una “institución muy politizada”.
A los encuestados les preguntaron si recomendarían la Universidad de Medellín para llevar a cabo estudios de educación superior y entre quienes no la recomendarían el argumento más frecuente era que “por sus influencias políticas se ha visto cuestionada en su credibilidad en el medio como institución educativa”.
Este impacto reputacional, según el apoderado, se materializó en una disminución en las matrículas en los años que prosiguieron al escándalo de Bedoya. Sin embargo, la defensa de Bedoya insistió en que la pérdida reputacional y la caída de las matrículas no podía atribuírsele al político y excandidato a la Gobernación.
No obstante, el defensor del político antioqueño dice que esa perdida de reputación y su consiguiente pérdida de estudiantes no es atribuirle al accionar de Bedoya, por lo que no aceptó, al menos en primera instancia, la decisión de la juez de reconocer a la institución como víctima.
En la nueva instancia, luego de que la defensa de Bedoya impugnara la decisión inicial que avaló el rol de víctima de la Universidad, la Sala no solo ratificó la decisión sino que llamó la atención sobre lo que consideró evidentes maniobras dilatorias por parte del apoderado de Bedoya para entorpecer el proceso y enredarlo con diversas maniobras.
“Advierte la Sala con preocupación que, fruto del entrabamiento generado por las posiciones de la defensa, i) renunciando y reasumiendo con dejos de sobreabuso del derecho y afán dilatorio; ii) planteando un debate de fondo, absolutamente fuera de foco, frente a la acreditación del daño como conditio sinequa non del reconocimiento del rol de víctima en el proceso; iii) contrastando la posición inicial cuando la fiscalía enarboló causales de preclusión que fueron denegadas en sendas instancias; y, iv) dejando al desgaire, sin desarrollar, el anuncio de que contendería sobre motivos de invalidez y de incompetencia, bajo el prurito de que la mención por la juez de que en proceso ya finiquitado contra varios miembros del personal directivo, administrativo y docente se había reconocido de manera incontestable la condición de víctima, y que también había hecho afirmación respecto a un conocimiento mediático que la podría contaminar”, se lee en el documento.
Según el escrito de acusación que presentó la Fiscalía en julio de 2024, Bedoya selló un acuerdo con la exconcejala liberal de Medellín, Aura Marleny Arcila Giraldo, que para 2018 era compañera sentimental del exrector de la universidad Néstor de Jesús Vargas Hincapié. De acuerdo con el ente, dicho acuerdo habría consistido en que, valiéndose de su caudal electoral en Medellín, Bedoya habría acordado con Arcila apoyar su campaña para reelegirse en el Concejo de Medellín a cambio de obtener un trato preferencial para graduarse en la Universidad de Medellín, en donde había dejado suspendidos sus estudios desde 2009.
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Como si se tratara de un genio, Bedoya presentó en un margen de tres meses 17 exámenes de altísima complejidad necesarios para obtener el título de abogado, que a un estudiante promedio le tomarían varios semestres superar. Incluso su demostración de supuesta genialidad llegó al punto de permitirle presentar tres complejísimos exámenes en un mismo día, en octubre de 2018, y en marzo de 2019 se convirtió en abogado, habiendo superado, además de las pruebas, los requisitos de trabajo de grado y varias otras materias difíciles en cuestión de semanas. El rendimiento propio de un sospechoso erudito sin precedentes que hizo en semanas lo que no había podido lograr en 17 años desde que pisó la universidad por primera vez, un caso que por, por su evidente rareza, atrajo la atención de la justicia en un caso que se ha dilatado de diversas maneras.
