Cuatro concejales de Medellín denunciaron que el exalcalde Daniel Quintero está recurriendo a acciones de tutela como una forma de silenciarlos ante los pronunciamientos que han hecho desde que se posesionaron el pasado 1 de enero respecto a los múltiples escándalos de presunta corrupción ocurridos durante la pasada administración, muchos de los cuales son investigados por los organismos penales y de control.
La acción de tutela, con fecha de este 16 de junio, fue radicada por Quintero ante un juez en Bogotá, donde está viviendo el exmandatario, en contra de Alejandro De Bedout, de Creemos, así como de Claudia Carrasquilla, Sebastián López y Andrés Rodríguez, del Centro Democrático, con el fin de que rectifiquen algunas manifestaciones que han hecho en redes sociales y medios de comunicación. La misma fue admitida dos días después por el Juzgado 82 Civil Municipal de Bogotá.
En consideración del exalcalde, estas habrían vulnerado su buen nombre. Asimismo, solicitó que se ponga el asunto en manos de la Personería de Medellín para que determine si hay lugar a alguna sanción disciplinaria en contra de los corporados. Sin embargo, para los cuatro concejales esto no es más que una forma de censurar sus denuncias sobre las presuntas irregularidades que se presentaron entre 2020 y 2023 en la ciudad y que consideran que están más que sustentadas con diversos testigos y evidencias.
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En concreto, la acción de tutela hace referencia a manifestaciones de Carrasquilla en su cuenta de X los días 4 de marzo, 9 de abril y 3 de mayo; de Rodríguez también en sus redes sociales el 14 de abril; así como a lo escrito por De Bedout el 6 de mayo, mismo día en el que López dio unas declaraciones en el canal regional Teleantioquia.
Lo que Quintero alega es que les envió derechos de petición para que rectificaran sus palabras, pero que hasta la fecha no lo han hecho, lo que también vulneraría su derecho de petición, por lo cual acudió al juez. Tras recibir notificación de la acción de tutela, los cuatro concejales hicieron un video conjunto en el que expresaron que no están dispuestos a rectificar como se los pide Quintero en los derechos de petición. “¿Rectificación? ¡Ni por el verraco!” es la frase que han movido en redes sociales para dar a conocer este tema.
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El concejal Alejandro De Bedout le dijo a este medio que no se van a dejar intimidar por estas acciones y que van a actuar en bloque para responder y para seguir denunciando o replicando denuncias sobre lo que pasó con los recursos de Medellín en la pasada administración: “Él sabe que tiene el agua al cuello y que la justicia está detrás de él y está muy cerca de dar unos resultados porque la ciudad lleva esperando mucho tiempo”.
Para De Bedout, el exalcalde también habría incurrido en una falla al enviarles las solicitudes de rectificación a sus correos institucionales desde un correo de Gmail, pues cree que estos debieron ser radicados por la plataforma oficial del Concejo de Medellín para darles trámite, si bien, se sostuvo en que no hay lugar a ninguna rectificación, misma consideración que mantienen Carrasquilla, Rodríguez y López.
Asimismo, EL COLOMBIANO conoció que cada corporado ya dio respuesta a la acción de tutela, para lo cual el Juzgado en cuestión les dio un día hábil, y a los derechos de petición enviados por Quintero en el sentido de que no acceden a rectificar porque las declaraciones hechas estarían sustentadas con evidencias.
Entre las declaraciones por las que Quintero hizo la reclamación están unas de Carrasquilla relacionadas con el escándalo de la Ungrd y los señalamientos del director de la entidad Carlos Carrillo, quien afirmó que en la administración de Olmedo López se nombraron algunos exfuncionarios allí y que en el entramado de presunta corrupción estarían involucrados Carlos Andrés Trujillo y Julián Bedoya, dos de los aliados políticos que tuvo Quintero.
Asimismo, ese día la concejala publicó una foto en la que se ve al exmandantario con el representante a la Cámara Andrés Calle, quien presuntamente recibió recursos de la Ungrd para mover las reformas de Gustavo Petro y quien condecoró a Quintero en septiembre de 2023, el mismo día en el que se denunció un presunto cartel de contratación en su administración.
Otro de los mensajes por los que pidió rectificación a Carrasquilla hace referencia a los más de 500 hallazgos sobre presunta corrupción en la administración Quintero que el alcalde Federico Gutiérrez afirmó haber hecho tras llegar a la alcaldía.
También hay uno de Rodríguez en el que recordó la época en la que lideraba la revocatoria en contra del exalcalde y uno más de De Bedout, en el que replicó la información entregada por el alcalde Gutiérrez sobre un testigo que presuntamente informó que en la administración Quintero se vendió la gerencia de Afinia fue vendida por 8 millones de dólares durante esa misma administración.
Finalmente, también pidió rectificar declaraciones del concejal López en Teleantioquia sobre la presunta corrupción en la Ungrd y su relación con Antioquia y Medellín. Para este corporado también es necesario que la ciudad conozca las presuntas irregularidades que ocurrieron en los cuatro años pasados mientras que la justicia actúa con los que estén detrás de las mismas. Hay que recordar que por lo menos ocho exfuncionarios de Quintero están imputados por la Fiscalía por diversos hechos.
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En opinión de De Bedout, Quintero acude a estas vías judiciales para distraer sobre los señalamientos en su contra y que los ciudadanos de Medellín y otras zonas del país se olviden de las denuncias por presunta corrupción que pueden afectar la candidatura presidencial en 2026 que ya ha anunciado como una de las opciones para suceder a Gustavo Petro.
Y los cuatro corporados han recordado el retroceso de casi 10 años que tuvo la ciudad en el pasado cuatrienio en lo que tiene que ver con la calidad de vida de la población y los programas sociales, según el más reciente informe de Medellín Cómo Vamos. “Es supremamente grave todo lo que pasó, pasó un tsunami de corrupción en estos cuatro años en la ciudad”, agregó.
Según dicho informe, en el pasado cuatrienio los ciudadanos vieron aumentar el hambre, la pobreza, la desnutrición, la percepción de inseguridad y la deserción escolar, al tiempo que cayeron la confianza en las instituciones y en quienes las representan se vino al suelo.
Ahora queda esperar la decisión del juez tras analizar las pretensiones de Quintero con la tutela y las respuestas que cada uno de los concejales envió este 19 de junio.
