El Área Metropolitana concluyó en un procedimiento sancionatorio ambiental que la obra se hizo de manera irregular y afectó la naturaleza. Ordenó restablecimiento de las condiciones ambientales.
Se conoció este lunes una resolución del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) que le da la razón a las múltiples denuncias de irregularidades que rodearon a la megacarpa del Juan Pablo II, estructura que trajo problemas de ruido y medioambientales a esta zona del occidente de Medellín. Las sanciones impuestas recaen en la cuestionada empresa de eventos Cyan.
En un documento conocido por EL COLOMBIANO, el Amva declaró responsable ambientalmente a la sociedad Cyan Eventos y Logística SAS de los daños ocasionados por la carpa de 6.000 metros cuadrados que sirvió para hacer algunos de los eventos de ciudad durante la administración de Daniel Quintero, como la accidentada celebración de los 20 años del Festival Altavoz así como otros eventos privados que causaron grandes niveles de ruido a los vecinos de Belén.
Por ello, el Área impuso una multa de más de $265 millones a Cyan y además le ordenó que en un término de 60 días calendario tome las medidas tendientes a la restitución y restablecimiento de las condiciones ambientales iniciales.
“Lo anterior, con el fin de corregir y mitigar los impactos negativos que se generaron con las transformaciones asociadas a la obra realizada”, comentó la entidad en su decisión dentro de un proceso sancionatorio ambiental.
Contra este acto administrativo procede una apelación antes de 10 días. Por ahora se desconoce si la cuestionada empresa lo hará.
La decisión del Amva se viene a dar 15 meses después de la serie de denuncias que este diario hizo sobre la estructura y los problemas que había traído a la zona.
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En las pesquisas hechas por la autoridad ambiental, tal y como se lee en la resolución, resultó probado que para la construcción de la carpa no se contaba con el permiso respectivo: “Conclusión a la que se llegó teniendo en cuenta que en el sitio no se enseñaron documentos emitidos ni autorización para parte de las intervenciones realizadas, ya que las lesiones ocasionadas a parte del arbolado urbano afectado no son objeto de permiso alguno”.
La resolución añade: “Se estableció con el acervo de pruebas arrimado que las razones por las cuales se llevó a cabo la intervención arbórea en comento obedecían a la necesidad de construir una carpa de escenario de eventos; situación que no la eximía de solicitar el respectivo permiso ambiental”.
Además, en un informe fechado el 9 de abril de 2024, se lee que la construcción de la carpa le causó a los árboles vecinos lesiones, y daños como golpes, cortes y desgarramientos en ramas y raíces que están afectando la salud y estabilidad de gran parte de los individuos; mutilaciones al sistema radicular y tallos enterrados; aumento en el nivel del terreno dejando los árboles enterrados; podas inadecuada de ramas, cortes de raíces, construcción de alcorques, instalación de contenedores a poca distancia de los árboles y movimiento de tierra, zanjas y excavaciones, que ocasionaron inestabilidad en algunos ejemplares.
“Esto causó una transformación de forma permanente del entorno y de las condiciones fitosanitarias y estructurales en el componente arbóreo, a causa de las intervenciones drásticas e irreversibles practicadas, reduciendo sus posibilidades de supervivencia, sin considerar los impactos que dichas transformaciones implican a la conectividad ecológica y la fauna silvestre”, se lee.
En la resolución aparece que no solo el daño es grave sino que al haber procedido sin permiso, los efectos adversos ahora son incorregibles:“(como) Las actividades de obra ya fueron llevadas a cabo por el usuario, no permitieron que la Entidad actuara de manera oportuna frente al manejo adecuado y sostenible del recurso forestal en el proyecto en mención”.
En un aparte de la resolución se lee un llamativo párrafo en el que se especifica que vía resolución, el 27 de diciembre de 2023, la saliente administración de Juan David Palacio en el Área Metropolitana decidió desvincular del proceso sancionatorio a Metroparque, pese a que la carpa se instaló en un predio bajo su tutela. Igualmente, en el mismo acto administrativo se levantó la medida preventiva impuesta contra Cyan que ordenaba la suspensión de actividades de la carpa.
El asunto resultaba extremadamente benéfico para Cyan, toda vez que tenía permisos para explotar el espacio con eventos hasta 2026.
La firma Cyan ha sido una de las mimadas de la contratación pública en la ciudad desde 2016, pero tuvo su bonanza en la pasada administración. Del año 2020 para acá logró contratos por $49.600 millones a través de Metroparques. Es decir, que bajo el mandato de Daniel Quintero obtuvo casi más de tres veces lo que había alcanzado en la penúltima alcaldía.
Actualmente, la firma y sus representantes están inmersos en sendas investigaciones que tienen que ver con la presunta corrupción vivida en el cuatrienio pasado en donde Cyan y Metroparques habrían sido protagonistas.
